Organizaciones inquietas por nuevo texto de reforma a Ley 7.600

(CRHoy.com).- Varias organizaciones que representan y agrupan a personas con diversas discapacidades están inquietas porque afirman que los diputados tramitan con sigilo un nuevo texto para el proyecto de reforma a la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad (Ley 7.600).

Los diputados iniciaron desde el 12 de junio del 2019 la discusión de una reforma integral a la normativa bajo el número de expediente 21.443; el proyecto lo dictaminó desde febrero del 2020 la Comisión de Asuntos de Discapacidad y Adulto Mayor y ahora las diputadas que integran ese panel pretenden que el plenario avale, con la aprobación de una moción de fondo, un texto sustitutivo que vendría a modificar de manera integral la iniciativa que salió del panel.

Los representantes de las personas con discapacidad alegan que los diputados no han consultado el nuevo texto propuesto con las organizaciones, requisito que consideran indispensable dada la relevancia de la Ley 7.600 en sus vidas.

Socorro Vargas, presidenta de la Federación Costarricense de Autismo, dijo que a la organización que representa no le ha llegado ninguna solicitud de criterio del Parlamento sobre el nuevo texto.

La dirigente dijo que la comunicación sobre este asunto se ha limitado a la recepción de un correo con alguna información y dijo que hay que un "gran desconocimiento" entre el grupo que lidera sobre los cambios que los diputados impulsan.

"A las organizaciones se les consultó en algún momento a principios de marzo y no hay una consulta posterior de nada. Debió de haberse hecho una asamblea que designara una comisión y que esa comisión luego informara y consultara sobre las modificaciones y eso no se ha hecho", afirmó.

Aunque no llena las expectativas de la población con discapacidad, Vargas dijo que la Ley 7.600 al menos les sirve a las personas en esa condición como respaldo para defender derechos comunes, sobre todo en salud y educación en el caso de quienes tienen autismo, por lo que las modificaciones ponen en tela de duda el resultado que finalmente aprobaría el plenario.

La dirigente pidió a los diputados dejar en pausa la reforma hasta que las organizaciones se hayan pronunciado sobre sus contenidos.

Erick Chacón, de la Fundación para el Progreso de las Personas Ciegas (Fundaprogreci), coincidió con Vargas en que el único contacto que las organizaciones tuvieron con los diputados para discutir la reforma ocurrió a principios de este año en un hotel capitalino.

Tras la cita las organizaciones presentaron objeciones al texto del proyecto de ley y acordaron solicitar a los diputados que este se descartara.

Fue entonces cuando una comisión de las organizaciones señaló a los diputados que la mayoría de los artículos del proyecto debían modificarse, entre otras cosas, para sus contenidos fueran consecuentes con el modelo social de discapacidad y para erradicar terminología de paradigmas asistencialistas; también se hizo énfasis en que los artículos que hablan sobre la discriminación por discapacidad, aunque abundan en el texto, no tendrían ningún efecto pues no crean sanciones efectivas.

La comisión también detectó que hay elementos del proyecto que vendrían a duplicar lo que ya establecen las normas nacionales, por lo que concluyeron que el proyecto merecía una exhaustiva revisión jurídica, entre otros aspectos de fondo. Aun así, Chacón agregó que se les otorgó un plazo muy corto para analizar los contenidos.

"Lo que hicieron en el proyecto fue pegarle un montón de parches que jalaron de otras leyes y desconocemos qué es lo que están proponiendo en el nuevo texto. El original no nos beneficiaba en nada. Hay muchos artículos de la ley vigente que han sido objeto de recursos de amparo gracias a los cuales se ha creado jurisprudencia.

"Si ahora borramos esos artículos de la ley, echaríamos al cesto de la basura toda esa jurisprudencia. El camino es desarrollar legislación sobre los derechos que aún están pendientes de atender, pero irnos 25 años atrás cambiando el articulado de la ley no nos beneficia en nada", lamentó el experto en derechos humanos.

Por su parte, Carlos Valverde, presidente de las Olimpiadas Especiales, que agrupa a unas 30.000 personas con discapacidad, coincidió con los demás dirigentes del sector en que no ha habido publicidad en el trámite de las modificaciones a la Ley 7.600 que impulsan en la Asamblea Legislativa.

Valverde agregó que su organización carece de la información mínima para evaluar la pertinencia de los cambios a la normativa.

"No nos han tomado en cuenta ni para escucharnos, ni para compartirnos los cambios con el fin de emitir un criterio profesional por parte de nuestro equipo. Nadie nos ha dicho qué cambios le quieren hacer a la ley", narró.

El dirigente agregó que las entidades que agrupan a personas con discapacidad pretenden articularse para enviar una queja formal al Parlamento por la ausencia de una consulta.

"No puedo criticar lo que están proponiendo porque no conozco ningún detalle de lo que se está discutiendo en la Asamblea Legislativa. No hay excusa para que no nos consulten el nuevo texto. Que no se vengan a valer ahora del pretexto de la pandemia, porque hasta nosotros hemos podido organizar algunas competencias de manera virtual durante este tiempo", manifestó el dirigente.

Algunas críticas

Las organizaciones que representan a las personas con discapacidad criticaron algunas propuestas que han podido conocer y que están en el texto sustitutivo, al que pudo acceder este medio de comunicación digital.

Por ejemplo, señalan como inoportuno que los diputados pretendan abrir la posibilidad de que los dirigentes de las organizaciones de personas con discapacidad puedan ser individuos sin ningún padecimiento.

Argumentan que el peligro de esto es que un grupo se autodefina como representante de este colectivo, pues consideran que pondría en desventaja a los grupos que ya funcionan y que están dirigidos exclusivamente por personas con discapacidad.

Tampoco hay satisfacción con la forma en que el texto se refiere a este sector al calificarlo como de "personas con deficiencias", lo cual, manifiestan, echa por la borda años de lucha para que la sociedad vea al grupo con igualdad.

Critican también que a pesar de que el texto habla de educación inclusiva, no incluye a la educación privada. Los grupos temen que esto constituya un portillo para que esos centros de enseñanza no respeten la ley.

Se quejan de que no está clara la definición de servicios de apoyo, concretamente en lo que atañe a los perros guías de personas con discapacidad; el problema, alegan, es que los diputados no aplicaron el criterio taxativo que una ley como esta necesita, pues no explican con claridad qué es un animal de apoyo.

Sobre el artículo 14, advierten sobre la posible inconstitucionalidad del mismo al hacer una diferencia entre hombres y mujeres con discapacidad. En este numeral el proyecto de ley establece las responsabilidades institucionales con las mujeres con discapacidad, sin que mencione lo mismo en el caso de los hombres, lo cual consideran discriminatorio.

Reclaman que el proyecto asigna un 46% de participación de las organizaciones de personas con discapacidad en el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (Conapdis), cifra que consideran como inentendible y piden que se explique en números absolutos la cantidad de miembros que los representarían en ese órgano.

También mencionan una aparente duplicidad de funciones en el artículo 18 que ordena crear el Comité de Información de las Organizaciones de Discapacidad, pues dicha entidad ya existe desde 1996. Se trata del Comité de Información sobre Discapacidad (Coindis). Lo que los dirigentes piden al Congreso es que en lugar de crear una institución nueva, doten de personería jurídica instrumental a la que ya existe.

En cuanto al transporte de personas, las organizaciones critican que solo se mencione entre las regulaciones a los buses y taxis, excluyendo el servicio de tren, barco, ferri o lancha, ignorando que esos otros servicios también se prestan a personas con discapacidad.

Consideran, también, como "ridícula", la multa de entre ¢10.000 y ¢30.000 a los concesionarios del transporte público que incumplan con la ley, sin mencionar a los permicionarios.

El sector reclama que el nuevo texto dejaría en estado de inseguridad jurídica en materia laboral a las personas con discapacidad, por una mala redacción que no detalla a cuál régimen jurídico hace referencia para regular las sanciones contra los patronos que no garanticen la igualdad a las personas con discapacidad.

Sobre el trámite del texto sustitutivo, las entidades afirmaron que los diputados confunden el principio de publicidad del texto, que se cumpliría con la publicación de este en el diario oficial La Gaceta, y el principio de consulta a los grupos afectados por la ley.

Impulsora de iniciativa defiende proceso de consulta 

La diputada María José Corrales (Liberación Nacional), quien presentó a la corriente legislativa el proyecto de reforma a la Ley 7.600 defendió el proceso de consulta al que ha sido sometido el texto desde el inicio.

Corrales indicó que la propuesta nació de una conversación suya con la presidente del Consejo de la Persona Joven, Nicole Mesén, quien tiene discapacidad.

El trabajo inició con el objetivo de hacer concordar la Ley 7.600 con la Convención de Derechos de la Persona con Discapacidad. El análisis dio como fruto el proyecto de ley que se presentó en junio del 2019.

Dijo que la Comisión de Discapacidad y Adulto Mayor de Parlamento hizo todas las consultas que ordena el Reglamento Legislativo, incluidas todas las organizaciones de personas con discapacidad que están inscritas ante el Conapdis.

Confirmó que en marzo pasado el Parlamento estuvo representado en un foro consultivo del Conapdis donde se expuso el proyecto y se discutió con los representantes que asistieron a la cita.

Ese día, dijo, se acordó conformar una comisión de reforma de la Ley 7.600 de personas con discapacidad que generó un informe de 650 páginas que se presentó a su despacho en julio; de ahí, explicó la diputada, sale un 96% del texto sustitutivo que se presentó.

Corrales dijo que también se han abocado a leer las respuestas a las consultas que realizó la Comisión para incorporar los resultados al texto sustitutivo. Agregó que el nuevo texto se debe consultar, además, dijo que el Parlamento siempre ha estado anuente a escuchar las preocupaciones sobre el proyecto.

"Estoy casi segura que ningún proyecto de ley que tenga que ver con personas con discapacidad y en general de esta Asamblea Legislativa, ha tenido tanto proceso consultivo como lo ha tenido este expediente (…)

"Si ellos tienen la necesidad de conversar conmigo como proponente, yo estoy en total disposición de escucharlos, de plantear la motivación de la iniciativa y de escuchar sus recomendaciones, observaciones, para poder llegar a un acuerdo, porque lo más importante es que sea una ley integral que venga a cumplir con las expectativas de las personas con discapacidad pero, sobre todo, que venga a crear una igualdad real", afirmó.