Organización sobre estudio en drogas cuestiona proyecto de marihuana recreativa
(CRHoy.com) El proyecto de ley presentado por la Casa Presidencial para legalizar el consumo de la marihuana con fines recreativos suma cada día más cuestionamientos.
Este martes en audiencia con los diputados de la Comisión de Ambiente del Congreso, la Asociación Costarricense para el Estudio e Intervención en Drogas (ACEID) señaló varios vacíos en la propuesta de ley que está en discusión.
Ernesto Cortés Amador, director ejecutivo de esta entidad, dijo a los diputados que el proyecto requiere mejoras en lo que respecta a la garantía y la protección de los derechos humanos de las personas consumidoras, partiendo de la premisa de que en Costa Rica el consumo del cannabis no está penalizado.
Según Cortés, ese acceso a garantías y derechos hacia los consumidores pasa por temas de servicios de atención.
"Dependiendo de como se quiera regular, si puede tener un impacto en la disponibilidad y el consumo. Si se sabe que va a pasar eso, ¿Dónde están las provisiones para que haya una mejor atención", dijo.
Para la ACEID esta responsabilidad en el tratamiento del consumo no debería de recaer solamente en el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), sino que debería involucrar a la Caja Costarricense de Seguro Social.
"Se le tira demasiado trabajo a una institución tan pequeña y con tan bajo presupuesto", mencionó.
Cortés coincidió con otros sectores que han llegado a esta comisión a referirse al proyecto, que es necesario que el texto se enriquezca con aspectos relacionados con la prevención del consumo.
Díaz aseguró que el gobierno está recogiendo las observaciones de los detractores al plan para elaborar la nueva propuesta. Mencionó que el nuevo texto lo coordinan los ministerios de Salud y Agricultura con el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD).
La legalización de la marihuana con fines recreativos fue propuesta por el presidente Chaves en agosto, en el marco de sus 100 días de gestión.
Entre tanto, instancias en el campo de la seguridad como el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) mostraron su oposición, pues consideran que tiene más perjuicios que beneficios, contrario a lo que dijo el presidente Chaves en agosto, acerca de que “era lo mejor para el país”.
