Ordenan levantar secreto bancario de empresa investigada por presunta estafa inmobiliaria

(CRHoy.com)- El Juzgado Penal del I Circuito Judicial de San José autorizó el levantamiento del secreto bancario de 21 cuentas vinculadas con varias sociedades jurídicas que son investigadas por el presunto delito de estafa con proyectos inmobiliarios.

La orden la dio el Juzgado en una audiencia oral que se llevó a cabo la semana pasada.

Las cuentas pertenecen a las sociedades Condomio Málaga City, Rock Construction and Development, Desarrollo Málaga La Valencia Magno S.A., Infinito Versol S.A. y Desarrollo Rock Málaga San Rafael.

El Juzgado dio la autorización a petición del Ministerio Público, luego de determinar que habían claros indicios de que las personas representantes de dichas sociedades habían cometido el delito de estafa en perjuicio de al menos 85 personas.

De acuerdo con la denuncia, los afectados habrían entregado sumas importantes de dinero a los representantes de la empresa Rock Construction por concepto de primas para el pago de viviendas, en proyectos inmobiliarios que la empresa ofrecía. Sin embargo, se presume que los propietarios de dicha compañía utilizaron estos adelantos para otros fines y no para los proyectos. Además, hacían a los clientes firmar los contratos con otras sociedades jurídicas que, al parecer, eran empresas sin activos económicos, por lo que en el momento del incumplimiento, no podían hacerse responsables de devolver el dinero a los afectados, razón por la que los demandantes perdían los adelantos que habían entregado para sus casas.

"Se cuenta con elementos probatorios suficientes como para establecer con un grado de razonable de probabilidad, no sólo la sospecha fundada de la comisión del ilícito, sino también la posible participación del justiciable, por lo que la diligencia de levantamiento del velo bancario viene a estar más que justificada, a fin de establecer la trazabilidad del dinero de los ofendidos, y conocer la información privada de las cuentas bancarias que más adelante se dirán, para determinar quién se vio beneficiado con dineros provenientes de los abonos de cada uno de los ofendidos por conceptos de Primas y el destino de esos fondos", indicó el licenciado Herbert Mora Seas, Juez Penal.

El levantamiento del secreto bancario se ejecuta solo cuando hay indicios claros de la comisión de un delito y cuando la única forma para avanzar con la investigación parte del acceso a datos que están resguardados por este velo, tutelado en los derechos a la intimidad y la privacidad por la Constitución Política.

¿Qué deben entregar las compañías?

La Fiscalía solicitó en el mes de abril de este año, el levantamiento del secreto bancario para las sociedades mencionadas anteriormente, desde enero del 2015 a diciembre del 2019, con el fin de seguir el rastro de los movimientos bancarios y determinar si, de una compañía a otra se pasaban activos. Además, busca determinar qué personas físicas tenían acceso a esas cuentas.

Con ese fin, las autoridades podrán acceder a:

1-Histórico de movimientos que indique: fecha, hora, detalle, monto, número de transacción, en el periodo comprendido hasta un mes antes de la fecha de los hechos e indicar en forma detallada la forma o medio por el cual se realizaron las transacciones cuestionadas.

2- Indicar si sus autorizados, previo a las fechas de los hechos arriba consignadas, tenían activo algún mecanismo adicional de validación de su número de identificación (código de usuario) en el servicio web en internet, a saber: tarjeta dinámica, token, acceso a banda telefónica, entre otros. Ante lo cual, debe suministrarse el detalle de la asignación y activación del dispositivo, la oficina y el nombre del funcionario que realizó el trámite.

3- Detalle de los reportes realizados por las cuentas origen y sus autorizados sobre extravío o robo de las tarjetas asociadas a las cuentas destino, especificar la fecha y hora de reporte, motivo del reporte.

En junio de este año, la abogada Gloriana Valladares, defensora de 3 de las personas imputadas, se opuso al levantamiento del secreto bancario, aduciendo que no existió intención de sus representados de engañar a los clientes, sino que se trató de un incumplimiento contractual, pues todas las empresas mencionadas pertenecen a un mismo grupo económico, razón por la que la que tienen la misma responsabilidad. Sin embargo, este alegato no fue de recibo para el juez, quien terminó autorizando la solicitud de la fiscalía.

El caso:

La Fiscalía tiene una investigación abierta contra 3 personas identificadas con los apellidos Jorge, Jorge y Herra, por el presunto delito de estafa, relacionada con proyectos inmobiliarios.

Según detalla la solicitud del levantamiento del secreto bancario, del cual CRHoy.com tiene una copia, los imputados incursionaron en el negocio inmobiliario en el 2007, con la empresa Rock constructions And Development y cumplieron con todos los protocolos establecidos por ley para operar.

Sin embargo, a partir del año 2015, en lugar de desarrollar los proyectos con fondos propios o por medio de financiamiento bancario, estas personas empezaron a hacerlo con los dineros de las primas de los clientes, trasladando todo el riesgo del negocio al consumidor y protegiendo sus intereses particulares.

"De manera intencional y premeditada, con el propósito de obtener para sí ventajas y beneficios patrimoniales antijurídicos en perjuicio de sus clientes, los consumidores, (Jorge, Jorge y Herra) idearon y pusieron en práctica un sistema ilícito de negocio, mediante el cual, en vez de financiar sus operaciones con sus propios recursos o mediante financiamiento bancario, lo hacían en parte con las primas recibidas de los clientes para la construcción de sus futuras casas, con lo cual, trasladaban el riesgo del negocio al consumidor y salvaguardaban su propio capital, violentando con ello de forma dolosa las normas que protegen los derecho del consumidor, diseñadas por el legislador para prevenir abusos y engaños que resulten en un
daño financiero para los consumidores", cita la autorización.

Este mismo documento indica que los investigados empezaron en el 2015 a promocionar proyectos inmobiliarios en San José, Alajuela y Heredia, denominados Málaga City Alajuelita, Málaga San Rafael, Málaga La Valencia, Málaga San Antonio y Málaga Bejuco a nombre de la sociedad Rock Constructions And Development. Una vez que estos proyectos eran avalados por el Ministerio de Economía Industria y Comercio (MEIC) para su comercialización, los sospechosos creaban una serie de sociedades con nombres asociados a los proyectos, las cuales carecían de patrimonio alguno, mientras que los dineros aportados por los clientes por concepto de primas para las casas, se los dejaba Rock Construction.

"De este modo, quedaba burlado el propósito de la ley para garantizar los intereses del consumidor, toda vez que, si el proyecto fracasaba o había problemas de cualquier tipo, el responsable legal y obligado a indemnizar ya no era el desarrollador autorizado, Rock Construction And Development , sino la sociedad con la cual el consumidor firmó el contrato, quedando el cliente en absoluto desamparo, pues aunque demandara civilmente y ganara, estas sociedades no contaban con patrimonio alguno para responder sobre los eventuales reclamos", indica el documento.

Dicha empresa promocionó los proyectos por medios como radio, televisión, internet y ferias de vivienda y ofrecían cuotas sumamente bajas de mensualidad así como enganches mucho más accesibles que la competencia, por lo que en poco tiempo se posicionaron como una de las opciones preferidas por las personas que buscaban casa.

Para ganarse la confianza de los clientes, eran los mismos imputados los que firmaban a como apoderados generalísimos de las compañías de papel, pero hacían la salvedad de que los dineros de las primas debían depositarse en las cuentas de Rock Constructions, que era la que en realidad guardaba todo el capital.

De esta forma, muchísimas personas se endeudaron o perdieron todo el capital que habían ahorrado para acceder a una vivienda. Este es uno de los testimonios publicados por CRHoy.com en el 2018, de una de las personas afectadas con dichos proyectos.

"En 2015 me convencieron porque el proyecto de San Rafael de Alajuela iba a ser un modelo. Con mi familia pensamos dar el siguiente paso. Empezamos con un enganche de $500 y luego con cuotas de $644. En total pagamos $14 000 y cuando fui a ver las obras solo había una tapia.

Decidí salirme del proyecto, entonces me ofrecieron descuentos y una extensión del contrato, pero no acepté. Luego de más de un año de dar dinero y nada. Firmé un finiquito por $15 mil en octubre del 2017. Me tenían que pagar en 60 días, pero nunca lo hicieron.

Empecé a pagar un abogado y tuve que sacrificar cosas. Tuve que dejar de estudiar mi maestría en España. Es muy frustrante. El proceso es lento y era el ahorro de 9 años de trabajo. Tengo un gran dolor porque tengo muchas más deudas".