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Ordenan examen psiquiátrico a sospechoso de matar un gato en Curridabat

Con prueba se pretende descartar "inimputabilidad" del imputado, según abogada

Por Paulo Villalobos | 20 de Ene. 2022 | 7:02 am

(CRHoy.com) El Juzgado Penal del II Circuito Judicial de San José ordenó el miércoles la realización de un examen psiquiátrico forense al sospechoso de lanzar un gato desde el sexto piso de un edificio en Curridabat.

La jueza Laura Villarreal Loáciga comunicó esa decisión a las partes al finalizar la audiencia preliminar celebrada el 19 de enero, confirmó a CRHoy.com las abogadas de la querellante Asociación Voluntarios de Corazón, Maricruz Uba Loaiza, y de la actora civil Asociación Catrix, Julia Rojas Martínez.

"Se aceptó toda la prueba de las querellas contra Saborío Soto (sospechoso) y en ese momento la defensa menciona el hecho de que él estuviera drogado al momento de lanzar al gatito para posiblemente alegar en el debate oral y público, una inimputabilidad, por lo que la decisora determinó que tiene que ir sobre seguro y que tiene que ser demostrable que tiene algún daño psiquiátrico o psicológico para alegar una inimputabilidad. Entonces, para descartar cualquier defecto posterior, ella prefirió ordenar un examen psiquiátrico forense", explicó la primera de las juristas.

Por su parte, la segunda mencionó en conversación con este medio que la representación del encartado presentó una serie de pruebas psicológicas efectuadas en laboratorios privados, y que, para dar validez a una prueba de este tipo, fue que la juzgadora ordenó el examen psiquiátrico forense.

"Dicho examen puede arrojar que él no sea consciente de sus actos, que no tenga un carácter cognitivo de sus actos, o sea, que no sabe lo que hace o que no sabe lo que está pasando, que no sabe lo que está bien o lo que está mal. Cosa que no es así", dijo Uba Loaiza.

Esa prueba se practicará en el Complejo de Ciencias Forenses, en San Joaquín de Flores.

CRHoy.com intentó el 11 de enero pasado conocer la posición del defensor público del imputado, Johnny Rojas Guadamuz, sobre los hechos que se le atribuyen al joven de 31 años, pero mediante la oficina de prensa de la Corte Suprema de Justicia este mencionó que la causa penal en cuestión "se encuentra cubierto por la privacidad de las actuaciones, conforme con lo establecido en el artículo 295 del Código Procesal Penal, (por lo que) no es legalmente posible dar respuesta a sus consultas".

Maltrato animal

Por este caso, la Fiscalía Adjunta de la localidad acusó y consiguió llevar a juicio a Saborío Soto por presunta muerte animal, como sospechoso de lanzar a un felino desde un balcón a 27,98 metros de altura en noviembre de 2019.

No obstante, fue hasta el 1° de agosto de 2020 que los hechos trascendieron cuando empezó a circular un video en redes sociales, en el que se observa a un hombre arrojar a un gato al vacío. Ese mismo día, la fiscala general Emilia Navas Aparicio ordenó la apertura de una causa por maltrato animal.

Un día después, el sospechoso reconoció su responsabilidad por ese acto y se puso a las órdenes de la Fiscalía mediante una publicación en su cuenta de Facebook.

Pero fue hasta el 26 de agosto de ese año que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvo al sujeto, después de que un equipo multidisciplinario se presentara al complejo de apartamentos en el que en apariencia ocurrió el delito, para entrevistar a vecinos que atendieron al felino y buscar los restos de este último para analizarlos.

Al día siguiente, Saborío Soto fue puesto en libertad, aunque con con una prohibición para acercarse a animales.

El Juzgado Penal del II Circuito Judicial también ordenó impedimento de salida del país, obligación para mantener domicilio fijo y firma periódica. El ilícito en cuestión sanciona con entre 3 meses y 2 años de cárcel a quien dolosamente, de forma directa o por medio de un tercero, cause la muerte de un animal doméstico o domesticado, según reza el artículo 279 ter. de la Ley de Bienestar de los Animales.

Sin embargo, entre finales de 2020 e inicios de 2021 el caso estuvo en estudio de la Oficina de Justicia Restaurativa; una instancia en la que se pueden alcanzar procesos alternativos; situación que se descartó por parte de las asociaciones de defensa animal.

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