Ordenan a Colegio de Criminólogos reincorporar a agremiada mientras se resuelve lío legal
Magistrados ordenaron que se restituya a la amparada como agremiada en el pleno goce de sus derechos
El Colegio de Profesionales en Criminología deberá restituir a una agremiada separada a finales del 2023, mientras se resuelve el futuro jurídico de la ley que creó dicha entidad. Así lo ordenó la Sala Constitucional, tras declarar parcialmente con lugar un recurso de amparo presentado por una criminalista.
La mujer expuso que en 2016 se graduó de bachiller en Ciencias Criminológicas de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), y posteriormente fue aceptada para incorporarse en el Colegio de Profesionales en Criminología de Costa Rica (CPCCR). Ese mismo año se juramentó y recibió las credenciales tales como carné, certificado y sello blanco.
El certificado de incorporación especificaba su capacidad para ejercer la profesión de “criminología” en el país, lo cual facilitó su acceso al actual puesto de trabajo en el Poder Judicial. Años después, en 2019 completó la licenciatura en Criminalística en la UNED.
Aportó el título ante el CPCCR y sin mayores comunicaciones adicionales, le fue aceptado el cambio de bachiller a licenciada en sus registros, lo que le permitió seguir accediendo a oportunidades laborales en esa profesión.
Sin embargo, el 27 de octubre de 2023, tras siete años de su incorporación al Colegio Profesional y de haber accedido a su actual trabajo, recibió un correo electrónico desde una dirección del CPCCR, mediante el que se le indicó la suspensión inmediata de su militancia hasta que los diputados enmienden la Ley 8831.
La profesional que acudió a la Sala IV, aseguró que la medida se tomó sin un debido proceso, impidiéndole conocer los detalles relevantes y afectando su capacidad para ejercer su defensa. Ese mismo día recibió una convocatoria a la Asamblea del Colegio.
El 2 de noviembre, recibió un correo electrónico de la entidad gremial diciendo que estaba al día con sus obligaciones monetarias hacia el colegio y que seguía activa. No obstante, dos días después le impidieron la entrada a la Asamblea, con el argumento de que no era agremiada.
Después de esta situación, el Poder Judicial le solicitó una constancia de su estatus como agremiada y en mayo de este año, pidió dicha certificación, dado que nunca se realizó un debido proceso para revocar su incorporación.
Tiempo después, el Colegio le comunicó a la criminalista que no procedía su habilitación como criminóloga, de acuerdo con un dictamen de la Procuraduría General de la República. Según alegó ante los magistrados constitucionales, esta situación puso en riesgo su estabilidad laboral y afectando su derecho al trabajo.
Ante todo este panorama, la Sala declaró parcialmente con lugar el recurso y ordenó que de forma inmediata, se restituya a la amparada como agremiada en el pleno goce de sus derechos hasta tanto no se defina su situación jurídica.
Respuesta del Colegio
Tino Arnoldo Salas Marksman y Jorge Torres Castro, presidente y director ejecutivo del Colegio de Profesionales en Criminología de Costa Rica, rindieron un informe a los magistrados en junio del 2024 sobre este caso.
Aseguraron que desde 2022, esta profesional fue electa como vicepresidenta de la Junta Directiva, pero que al parecer se encontraron inconsistencias en temas financieros y en el manejo administrativo del colegio.
Adicionalmente, señalaron que tras una investigación y petición de criterio a la Procuraduría, se determinó que se habían incorporado personas al margen de la ley, dado que los únicos agremiados al CPCCR son los profesionales graduados de la carrera de criminología y no criminalística.
Además, indicaron ante el tribunal constitucional, que abrieron una jornada de conversación con los profesionales en torno a este embrollo legal, pero solo una persona participó.
