Opinión: ¡Modelos tarifarios y políticas al garete!

El objeto de un modelo es obtener tarifas de equilibrio entre operadores y usuarios, una vez definidas las políticas sectoriales.

El modelo que se utilice no debe generar ni tarifas sesgadas, ni sobrevaluadas en contra de los usuarios; ni tampoco que lleve a la quiebra al sistema de transporte, poniendo en peligro la seguridad y la calidad del servicio.

Estamos, en esta oportunidad frente a un molde para calcular tarifas impuesto por la Intendencia de Transportes y la Aresep, que no funciona ni para evaluar a una ruta típica.

Tomaron el modelo anterior, modificaron los costos de capital, el mantenimiento y repuestos y los gastos de operación; con ello lograron crear un nuevo instrumento cuyos resultados en todos los casos tienden a la baja. Ahora el problema es estructural.

Lesionaron la lógica del modelo, cuando lo que había que hacer era actualizar los coeficientes e indicadores del algoritmo, según lo señaló la propia Contraloría General.

Además de actualizar los componentes del modelo, se tenía que reglamentar el funcionamiento del mismo, en aspectos básicos sobre la oferta y demanda de servicio y los mecanismos para la actualización del precio de los autobuses y de los insumos inmersos en la operación del transporte.

Al fracturar puntos vitales de la columna vertebral del modelo, que repercuten en el cálculo del costo por kilómetro recorrido -independientemente del número de pasajeros transportados- los resultados obtenidos en muchos casos son absurdos.

Resulta, por ejemplo, que en una ruta hipotética de 58 autobuses modelo 2012 con una tarifa de 245,00 colones e indicadores de operación de una ruta típica urbana, evaluada con el nuevo molde Aresep, genera un ajuste a la baja del 20%, dice el resultado que debe ser una tarifa de 195,00 colones.

Si en el ejercicio anterior, se incluye una flota de 58 autobuses totalmente nuevos, modelo 2017, el resultado que genera el nuevo molde Aresep es a la baja en un 30%, una tarifa de 170,00 colones.

La lógica choca de frente con los resultados de la nueva metodología de Aresep para generar tarifas. En mayor proporción en las rutas masivas urbanas, que, en las rutas pequeñas, por lo general rurales, en cuyos casos, unos errores se compensan con otros.

Ya en el modelo anterior, por una mala interpretación sobre la flota de reserva técnica, indispensable en toda ruta de transporte público, en Aresep sustituyeron una fórmula, por un valor absoluto y el resultado directo, es que inflaron los costos fijos por kilómetro.

El error anterior lo arrastraron al molde nuevo y esto hace que los malos resultados no se reflejen en las rutas con flotas pequeñas.

Un molde irracional, cuyos resultados, llevarían directamente a la no inversión en flota nueva, ya que, con autobuses más viejos, las tarifas son más altas.

Toda esta locura tarifaria y hasta mental, en el uso y resultados de los modelos, se ha generado porque también se perdió la lógica en la aplicación de las funciones institucionales establecidas en las leyes.

Le corresponde al Presidente de la República y a sus designados en cada Ministerio, generar la política sectorial, para eso fueron elegidos por los ciudadanos. En el caso del transporte público el rector es el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y sus órganos adscritos.

Desde esa óptica, definidas en las leyes 3503, 7969 y 7593, le corresponde al Ministerio definir el camino que debe seguir el transporte en el corto, mediano y largo plazo; definir las políticas de transporte y velar para que estas tengan el respaldo económico suficiente para cumplirlas.

Una vez determinado el camino político. El resto es un tema de variables, indicadores y coeficientes que se conjuntan en algoritmos o modelos generando los resultados respectivos.

¡Pero, resulta que aquí se ha actuado al revés! En un pequeño departamento, de bajo perfil de la Aresep, llamado "Centro para el desarrollo de la regulación", replantean, en este caso el modelo anterior, introducen severos cambios que modifican finalmente el futuro panorama del transporte nacional.

Funcionarios de la Aresep, dictando política pública. Técnicos que no han participado en ningún tipo de elección popular que los faculte para decidir cuál es el rumbo que llevará el país en los próximos años.

Esto no solo ocurre en materia de transporte público, sino también, en el resto de los servicios regulados por la Aresep, de gran trascendencia para la vida nacional: combustibles, electricidad, agua y otros.

La confusión de funciones, pone en peligro al sistema. Unos no hacen lo que les toca, crean vacíos y es conocido por muchos, que, en política cuando alguien deja un espacio, otro de inmediato lo llena.

En este caso es política sectorial y su respectivo respaldo económico para funcionar; llámese transporte público, electricidad, combustibles, agua o cualquier actividad similar.

De los resultados conocidos que genera el nuevo molde de Aresep en la regulación de precios del transporte, da la clara impresión, que, si no es por descuido técnico, entonces existe una evidente intención para arrinconar a las empresas actuales y sacarlas del juego.

¿Será esa la política inmersa en el molde, cuyos resultados son a la baja, aunque incluyan flotas nuevas?

Unos y otros han confundido, con intención o sin ella, el papel de la Aresep definido en el mismo artículo primero de la ley 7593.

El legislador le otorgó autonomía a la Institución, pero esta debe entenderse en el terreno del cálculo tarifario y su posterior vigilancia en la calidad del servicio relacionado con el precio asignado. Autonomía en la especificidad de su materia de cálculo tarifario.

Una vez establecida la política sectorial por parte del Ejecutivo, traducida luego en fórmulas, indicadores y coeficientes conjuntados en modelos tarifarios; el campo de actuación es estrictamente de la Autoridad Reguladora.

Inicia en ese momento la autonomía otorgada a la Institución, ya no se aceptan interferencias de ningún tipo. Se tiene que dar una aplicación irrestricta de los resultados de los modelos tarifarios.

Nadie quiere ningún tipo de manipulación en cuestión de precios y tarifas.

Al final de cuentas, la prioridad son tarifas justas y de equilibrio para los consumidores y operadores del servicio, siguiendo el camino dictado por el Poder Ejecutivo y calculadas de manera transparente por el ente técnico asignado.

La ley es muy clara al respecto. Pedimos una aplicación precisa de la misma.

¡Cada uno con la responsabilidad asignada! En materia de precios y tarifas no se deben permitir fallos ni por exceso ni por defecto.