ONU advierte sobre expansión de los préstamos “gota a gota” y amenaza a seguridad en Costa Rica
Se han afianzado pese a que amenazan la seguridad y estabilidad económica de los hogares, señala informe
Un informe de las Naciones Unidas alerta sobre la expansión y normalización de los préstamos informales conocidos como "gota a gota" en Costa Rica, así como el riesgo de que deriven en esquemas más violentos, tal como ocurre en otros países de la región.
Entre los principales hallazgos del estudio se señala que este tipo de créditos ya se ha convertido en un fenómeno arraigado y diverso, pues personas con características muy distintas recurren a ellos. El perfil de quienes acceden al "gota a gota" es heterogéneo.
Los montos promedio oscilan entre ₡200.000 y ₡350.000. Aunque históricamente se asociaban con personas en situación de pobreza o con empleos en la informalidad, hoy los préstamos "gota a gota" también son utilizados por una población más amplia.
Estos préstamos son empleados, además, por otros sectores de la población que requieren financiamiento rápido, ya sea para atender emergencias —como gastos de salud o accidentes—, adquirir insumos o cubrir consumo inmediato.
Según la Encuesta de Cultura Financiera (CINPE-UNA, 2023), el 5,3 % de la población costarricense ha recurrido a este tipo de créditos, con mayor incidencia en personas entre los 35 y 44 años con secundaria incompleta.
El informe de la ONU advierte que el "gota a gota" se sostiene en un conjunto de factores asociados al contexto socioeconómico nacional. Entre ellos figuran el alto endeudamiento de los hogares, las brechas persistentes en inclusión financiera y la mayor incidencia de este tipo de préstamos en zonas donde la pobreza golpea con más fuerza.
El perfil de quienes recurren a estos créditos resulta variado. No se trata únicamente de personas en condición de informalidad laboral o con bajos ingresos, sino también de familias que los utilizan para fines distintos: desde financiar vivienda, atender emergencias o reponer inventarios, hasta cubrir consumos recreativos de corto plazo.
El acceso rápido y la aparente facilidad para obtener dinero en cuestión de horas explican la creciente normalización del fenómeno en un entorno económico adverso que limita las opciones formales.
Además, la mitad de los hogares mantiene algún tipo de crédito, aunque los de menores ingresos y quienes residen fuera de la gran Área Metropolitana enfrentan más obstáculos para acceder al sistema formal.
Ante esta exclusión, muchas familias buscan alternativas en casas comerciales o prestamistas informales. Según datos del INEC, el 27 % de los hogares destina una tercera parte de sus ingresos únicamente al pago de intereses.
Las características del "gota a gota" evidencian su atractivo inmediato y, al mismo tiempo, su naturaleza abusiva. Son créditos de entrega rápida, en cuestión de horas, pero con costos altísimos.
Las tasas superan con creces el límite legal de usura —38 % anual—, al punto de alcanzar un 20 % semanal o mensual. Se trata de operaciones sin regulación, sin contratos y casi siempre con pagos en efectivo.
La rentabilidad para las redes radica en extender plazos, aplicar recargos y generar un ciclo interminable de intereses, lo que provoca que el monto total del crédito pueda duplicar con facilidad el préstamo original.
Así operan
En cuanto a la operación de estas redes, el informe detalla que funcionan de manera descentralizada, con múltiples oferentes coexistiendo en un mismo territorio.
Su estructura es clara y jerarquizada: los dueños del capital, las personas que colocan el dinero, una red logística de apoyo y los cobradores, quienes incluso pueden trabajar para varias organizaciones al mismo tiempo.
La mayoría de estas agrupaciones es pequeña —unas ocho personas en promedio—, aunque también existen redes de mayor tamaño con alta liquidez. Sus estrategias de cobro se basan en la intimidación y el hostigamiento constante.
El esquema presenta rasgos comunes: baja sofisticación operativa, registros manuales en libretas o celulares y, por ahora, ausencia de lavado de dinero como actividad central. Suelen operar en paralelo con negocios de alta liquidez y buscan maximizar ganancias mediante recargos abusivos.
Cuando hay impago, los métodos de presión son claros. Las redes refinancian la deuda sumando capital e intereses, venden la obligación a otras estructuras criminales o ejercen amenazas, hurtos y agresiones contra la persona deudora y sus familiares.
En casos más extremos, se han documentado ventas forzadas de inmuebles y episodios de violencia física, incluso homicidios vinculados de manera indirecta a estas prácticas.
Problema país y acciones urgentes
Según el estudio, la cobertura de los préstamos extorsivos es nacional y con patrones temporales definidos. Las denuncias por extorsión cobratoria relacionadas con estos créditos sumaron 2.018 casos entre 2023 y 2024, concentrados en San José (55,89 %), aunque presentes en todas las provincias.
Se observa un patrón estacional: las denuncias aumentan entre mayo y octubre, con un pico en ese último mes. El estudio advierte que, a nivel internacional, este tipo de préstamos está plagado de prácticas ilegales, en un fenómeno global y regional que ha evolucionado y se ha complejizado.
Los vacíos regulatorios y la exclusión financiera son el principal detonante de este nicho de mercado, caracterizado por tasas de interés exorbitantes y acceso inmediato. Las personas de menores ingresos son las más vulnerables, pero no las únicas.
La ONU reporta esquemas similares en 16 países, que incluyen desde aplicaciones de control digital hasta escalamiento de violencia y secuestros. Frente a este escenario, la ONU plantea diez recomendaciones clave para la prevención y el combate del "gota a gota":
- Fortalecer la inclusión financiera con productos accesibles para poblaciones excluidas.
- Implementar educación financiera diferenciada por segmentos (jóvenes, adultos mayores, personas emprendedoras y jefaturas de hogar).
- Relanzar campañas de prevención con testimonios reales y canales accesibles de denuncia.
- Crear un grupo interinstitucional especializado en protección de víctimas, intercambio de información y uso coordinado de herramientas judiciales y administrativas.
- Fortalecer las macroinvestigaciones con un enfoque integral en justicia, inclusión financiera y protección social.
- Identificar e incautar activos de alto valor vinculados a estos esquemas (vehículos, inmuebles).
- Realizar estudios periódicos sobre evolución y caracterización del fenómeno.
- Desarrollar un sistema de monitoreo financiero preventivo que identifique operaciones sospechosas.
- Diseñar estrategias de atención psicosocial para víctimas.
- Establecer un sistema de alerta temprana con información del 9-1-1.
El informe, titulado Esquemas de préstamos con prácticas ilegales: el fenómeno 'gota a gota' en Costa Rica, caracteriza por primera vez la estructura, operación e impacto de estas redes, y plantea recomendaciones clave para fortalecer la respuesta institucional.
"El 'gota a gota' no es solo un problema de seguridad, sino un síntoma de exclusión financiera y vulnerabilidad económica. Su erradicación requiere una combinación de alternativas financieras formales, políticas sociales y medidas judiciales", señaló Allegra Baiocchi, coordinadora residente de ONU Costa Rica, durante la presentación del estudio esta semana.
La investigación fue implementada por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), con apoyo de la Oficina de Coordinación de la ONU en Costa Rica y financiamiento del Joint SDG Fund, un mecanismo multidonante para acelerar los Objetivos de Desarrollo Sostenible.