OIJ solicita al Congreso avanzar con el proyecto para combatir los “secuestros virtuales”
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) solicitó a los diputados avanzar en la aprobación de un proyecto de ley que permitiría a este cuerpo policial acceder a los registros de las operadoras telefónicas para combatir los "secuestros virtuales".
Los secuestros virtuales son una modalidad en la que los delincuentes simulan un secuestro, engañando a las víctimas para que se trasladen a un lugar determinado. Allí, las intimidan asegurándoles que están siendo vigiladas y las amenazan con asesinarlas si sus familiares no pagan un rescate (ver nota abajo).
El proyecto de ley planteado por varios congresistas y solicitado por el OIJ propone reformar los artículos 49 y 67, así como adicionar los artículos 43 bis y 43 ter a la Ley General de Telecomunicaciones.
Con esta reforma, los operadores de redes públicas de telecomunicaciones y los proveedores de estos servicios estarían obligados a entregar a las autoridades judiciales información sobre datos de tráfico, registros de localización y geolocalización.
Además, el proyecto establece que los operadores deberán almacenar estos datos por un plazo de tres años a partir de la fecha en que fueron generados.
Según los diputados proponentes, la iniciativa no solo ayudaría a combatir los "secuestros virtuales", sino también otros delitos.
"Poder disponer de los insumos que generan los operadores y prestatarios de servicios de telecomunicaciones permitirá responder de forma eficiente y oportuna a las necesidades de la investigación judicial en delitos de alta urgencia, como homicidios, secuestros, delitos sexuales y aquellos asociados a la ciberdelincuencia", señala el texto del proyecto.
Los legisladores han señalado que los procesos de investigación judicial no pueden depender de la voluntad de los operadores y proveedores para atender los requerimientos de información.
También han advertido que, en ocasiones, las solicitudes de información dirigidas a estas empresas pueden tardar meses en ser atendidas.
"La inmediatez de la prueba es esencial para esclarecer los hechos investigados y proteger a la ciudadanía. Actualmente, hay requerimientos judiciales dirigidos a los operadores y proveedores de telecomunicaciones que tardan meses en ser atendidos. Se requiere una normativa que establezca la obligatoriedad de entrega y los plazos de respaldo de la información. Disponer con inmediatez de estos insumos es cada vez más esencial para combatir el crimen local y global", señala la propuesta de ley.
La iniciativa está en análisis en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico del Congreso.
El director del OIJ, Randall Zúñiga López, expuso la solicitud para acelerar el trámite del proyecto en una reunión entre los jerarcas del Poder Judicial y los congresistas, en la que se discutió la agenda de seguridad.
Secuestro virtual de familiar de diputado motivó el proyecto
El proyecto de ley solicitado por el OIJ fue presentado por el jefe de fracción del Partido Liberal Progresista (PLP), Luis Diego Vargas Rodríguez.
El legislador impulsó la iniciativa luego de que, hace poco más de un año, un primo suyo fuera víctima de un secuestro virtual.
Según el diputado y el OIJ, los secuestros virtuales consisten en que los delincuentes simulan el secuestro de una persona a través de un engaño. La víctima es inducida a desplazarse a un lugar determinado, donde le advierten que está siendo vigilada y la amenazan con matarla si su familia no paga un rescate.
Todo se lleva a cabo mediante llamadas por WhatsApp, en las que los delincuentes obligan a la víctima a mantener activa una videollamada de forma permanente bajo amenazas. Posteriormente, los delincuentes contactan a los familiares para extorsionarlos.
El director del OIJ, Randall Zúñiga López, explicó que el objetivo del proyecto es establecer reformas que permitan a las autoridades acceder a la información de las operadoras telefónicas en tiempo real, lo que facilitaría la detección del lugar donde se está desarrollando el falso secuestro.
El jerarca agregó que la modificación de la ley obligaría a todas las operadoras telefónicas del país, en un plazo de un año, a suministrar esta información al OIJ en tiempo real. Además, se les exigiría cumplir con órdenes de bloqueo de direcciones IP y números telefónicos vinculados a estos delitos.
Actualmente, solo el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) tiene la capacidad de brindar esta información, mientras que el resto de operadoras no.
El proyecto también contempla la creación de una comisión que se reuniría dos veces al año para evaluar y mejorar las herramientas de acción del OIJ. En esta comisión participarían la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) y las operadoras telefónicas.
Las autoridades esperan que los diputados aprueben la iniciativa lo antes posible.
