OIJ recibió información sobre vínculo de asesor de Chaves en supuestas vigilancias ilegales

Eduardo Guzmán López, conocido en el gremio policial como “Inca”, es actualmente uno de los asesores en seguridad del presidente Rodrigo Chaves Robles y trabaja en Casa Presidencial desde el inicio del actual gobierno, según confirmó el Ejecutivo, como oficial activo en la Unidad Especial de Intervención (UEI).

Sin embargo, Randall Zúñiga, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), confirmó que han recibido informaciones sobre el supuesto uso de ese cuerpo policial para fines que no son los establecidos en la ley. Específicamente, al ser consultado sobre la participación de Guzmán en posibles seguimientos irregulares a miembros de supremos poderes, el jefe de la policía judicial dijo que sí habían recibido ese tipo de informaciones.

Zúñiga también reconoció que obtuvieron detalles de la posible participación del director de la UEI, Jeffrey Cerdas, en esos actos calificados por el diputado Francisco Nicolás como diferentes a los de custodiar al presidente.

Pese a que existe una causa penal abierta por esto, el jerarca policial dijo que de momento no se han individualizado sujetos que pudieron cometer delitos.

"Usualmente no confirmo ese tipo de informaciones, es la Fiscalía, pero don Carlo lo había mencionado, hay una causa abierta en investigación contra ignorado (sin un imputado señalado de momento)", dijo.

Ofreció grupo élite para detener a Diablo

Zúñiga también reconoció que recibieron información sobre la supuesta conformación de un "grupo élite" en Casa Presidencial para cazar a Alejandro Arias Monge, alias Diablo, el cual estaría liderado por Guzmán.

El director del OIJ respondió ante consultas del legislador liberacionista que el propio Inca habría llevado esa propuesta a Chaves, pese a que el cuerpo policial al que pertenece no tenía el alcance legal para hacer ese tipo de trabajos.

El jerarca confirmó que en seguimientos a Diablo se cruzaron con otros cuerpos policiales, cosa que no es usual, porque casi siempre existe una coordinación entre policías para no chocar en las investigaciones o para evitar algunos inconvenientes en las vigilancias.

"Esto (seguimiento a Diablo) es algo propio del OIJ" y no algún otro ente del Ejecutivo, dijo.

CR Hoy confirmó que el OIJ ha encontrado dificultades en varias ocasiones cuando han tratado de hacer seguimientos a personas cercanas a Diablo, pues sufren con contrainteligencias de personas que estarían en cuerpos policiales de gobierno.

Una de esas fue en enero del 2023, cuando hicieron un trabajo para tratar de capturar a Diablo en la fiesta de una de sus hijas en Cariari. A raíz de este problema, el prófugo se escapó del sitio.

Nicolás calificó estas acciones como un "uso perverso de fondos públicos".

Zúñiga negó que recientemente tuviera relación con Celso Gamboa Sánchez y no quiso revelar el nombre el asesor de seguridad de Presidencia que tiene cercanía con el exmagistrado que está en proceso de extradición a Estados Unidos a solicitud de la DEA.

Lo habían destituido

Guzmán retornó al servicio activo durante el gobierno de Carlos Alvarado Quesada, luego de haber sido destituido por la administración de Luis Guillermo Solís Rivera y el entonces ministro de Seguridad, Gustavo Mata Vega, el 10 de mayo de 2018, por pérdida de confianza.

Tras ser despedido, recurrió al Tribunal Contencioso Administrativo y logró ser reinstalado en su puesto, al alegar irregularidades en el proceso disciplinario. Finalmente, fue sancionado con una amonestación escrita y reubicado en la policía, según el expediente MPIP-019-2017.

Durante su carrera de 29 años en cuerpos policiales, Guzmán ocupó diversos cargos, entre ellos:

• Jefe de la Unidad Especial de Intervención (UEI) del Ministerio de la Presidencia.
• Jefe de la Policía Metropolitana de San José, Ministerio de Seguridad Pública.
• Jefe del Departamento de Inteligencia Policial (Dipol) del MSP.
• Escolta en el Ministerio de la Presidencia.

Su despido en 2018 se dio tras un proceso administrativo abierto el 5 de noviembre de 2017, bajo el argumento de que su conducta provocó una pérdida de confianza incompatible con la función pública, según el artículo 140, inciso 1) de la Constitución Política.

Presencia en atentado a Shock

Una consulta enviada a Casa Presidencial en enero del 2024 confirmó que Eduardo Guzmán es oficial activo de la UEI.

El interés por su rol se reavivó luego de que estuviera presente el 2 de octubre de 2023, día en que se perpetró un atentado contra Luis Manuel Picado Grijalba, alias Shock, supuesto narcotraficante limonense detenido actualmente en Londres a solicitud de la DEA.

Consultada sobre su presencia en el lugar, Casa Presidencial aseguró que Guzmán no estuvo cerca de la escena al momento del ataque, y que llegó posteriormente para colaborar con la Fuerza Pública. Sin embargo, fuentes policiales contradicen esa versión y afirman que el oficial ya se encontraba en el sitio durante el atentado.

En su respuesta, Zapote indicó que la relación de Guzmán con el presidente Chaves es "la misma que tiene cualquier oficial de la UEI con el mandatario", y que cumple con funciones propias de su cargo.

Denunciado por espionaje político

El 16 de octubre de 2024, CR Hoy reveló que la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) investiga una denuncia sobre la presunta creación de una estructura paralela de espionaje político, supuestamente dedicada a dar seguimiento ilegal a políticos y funcionarios considerados adversarios del presidente Rodrigo Chaves Robles.

La denuncia apunta que el oficial Eduardo Guzmán López formaría parte de dicha estructura. Sin embargo, el caso —bajo el expediente 24-000761-0619-PE— se tramita por ahora contra persona ignorada, según confirmó el Ministerio Público ante consulta de este medio.

CR Hoy tuvo acceso al documento que analiza la Fiscalía, el cual señala textualmente que “desde hace más de un año (2023) está operando una estructura paralela a la de Seguridad Pública y la DIS”, cuya misión sería “obtener información de personas o grupos que eventualmente atacan o podrían investigar al presidente y a sus principales ministros”.

La denuncia describe que esta unidad lleva a cabo “investigaciones irregulares para atacar a enemigos políticos de Chaves, principalmente diputados, magistrados, jueces y otros funcionarios del Poder Judicial, sin que exista sustento probatorio de un delito, más allá de su condición de adversarios ideológicos”.

Además, el documento sostiene que dos personas de alto nivel, bajo el mando directo del presidente de la República, dirigen las operaciones, sin pasar por la cadena de mando del Ministerio de Seguridad Pública ni de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), entidades que sí están autorizadas, dentro de ciertos límites legales, para realizar tareas de vigilancia.

"Las órdenes y el mando de esta unidad o estructura paralela de espionaje político, las emite un oficial de nombre Eduardo Guzmán (nombrado a lo interno como comandante) con el respaldo de otro oficial de nombre Jeffrey Cerdas", dice la denuncia.

Cerdas es el jefe de la Unidad de Seguridad de Casa Presidencial y es el director general de la Unidad Especial de Intervención (UEI), la cual es el cuerpo policial adscrito al Ministerio de la Presidencia y Guzmán también tiene un alto rango en esa unidad.

Además, la denuncia señala que entre 12 y 13 funcionarios habrían sido reclutados de forma irregular desde la planilla del MSP para colaborar con esta operación. Las personas involucradas tendrían conocimiento de que estas acciones podrían constituir diversos delitos, ya que estarían realizando vigilancias ilegales sobre ciudadanos sin antecedentes criminales.

El documento también afirma que agentes de la Policía de Control de Drogas (PCD), adscritos al Ministerio de Seguridad Pública, habrían sido víctimas de seguimientos y vigilancia irregular por parte del grupo denunciado.

Consultado por CR Hoy sobre la denuncia presentada ante FAPTA, Eduardo Guzmán López respondió en su momento que no había sido notificado de ninguna causa en su contra y que, por tanto, desconoce el contenido de lo que se tramita en el Ministerio Público.

"Primero desconozco de la denuncia y segundo si ya existe yo no me puedo referir porque está en curso la investigación judicial. Cualquier persona puede presentar una denuncia ante las instancias judiciales y tiene que presentar las pruebas pertinentes, pero como no conozco del caso no me puedo referir. Apenas yo pueda o tenga conocimiento puedo darle un criterio sobre esa situación, pero ahorita no puedo", explicó.

Uso de carros fantasma

Este martes, el diputado Francisco Nicolás del Partido Liberación Nacional (PLN), denunció la presunta existencia de una estructura de espionaje político dentro del Gobierno, supuestamente orientada a vigilar a adversarios u opositores del presidente Rodrigo Chaves Robles.

Según el legislador, dicha red operaría desde la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), utilizando vehículos encubiertos y funcionarios con fines que podrían estar relacionados con persecución política y espionaje interno.

Nicolás solicitó a Casa Presidencial información sobre el uso de varios vehículos que el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) trasladó al Ejecutivo durante la actual administración (2022-2026). En respuesta, Zapote le confirmó, mediante el oficio MP-DM-OF-0506-2025, firmado por el ministro a. i. de la Presidencia, Jorge Rodríguez Bogle, que se trata de 29 carros.

El diputado expresó su preocupación por la falta de control sobre estos automotores, ya que, según afirmó, circulan sin placas, sin rótulos y sin registros de su uso, lo que los convierte en "vehículos fantasmas".

“Estamos ante vehículos fantasmas, que no responden a ninguna línea de supervisión democrática, sin bitácoras de registro de sus movimientos, y que podrían estar siendo utilizados para seguir, intimidar o presionar a quienes no se alinean con el discurso oficial, como en mi caso”, denunció Nicolás.

De acuerdo con el documento entregado al legislador, 19 vehículos fueron asignados a la DIS y otros 10 a la Unidad de Protección Presidencial (UPP), todos sin placas ni rotulación oficial.

Nicolás advirtió que estos automotores carecen de fiscalización y que podrían estar siendo utilizados en operaciones encubiertas de vigilancia y seguimiento de funcionarios, incluidos miembros de los supremos poderes.