Fiscal general niega presiones externas como lo aseguró Chaves: “son insinuaciones bastante temerarias”
Por el contrario, Chaves sí mostró interés indebido y presionó 2 veces al fiscal general para investigar a Leonel Baruch

El fiscal general de la República, Carlo Díaz Sánchez, negó haber recibido algún tipo de presión o gestiones externas para acelerar o actuar de determinada manera en un caso judicial, tal como lo insinuó recientemente el mandatario Rodrigo Chaves Robles.
Durante su programa televisivo del miércoles pasado, el gobernante volvió a atacar al Ministerio Público y a otros jerarcas del Poder Judicial, asegurando que el empresario Leonel Baruch ha ejercido algún tipo de influencia, afirmación que ha sido desmentida.
El jefe del Ministerio Público rechazó categóricamente estas insinuaciones y reafirmó que el actuar de la institución se basa en criterios jurídicos y en la objetividad.
"En realidad son unas insinuaciones bastante tendenciosas, incluso hasta temerarias, del señor presidente, el indicar prácticamente que existe algún tipo de interés que se está moviendo para que la Fiscalía no actúe.
Conforme a derecho, hemos realizado todas las gestiones pertinentes a este caso. Incluso, estamos todavía esperando prueba que le solicitamos a Panamá. Cuando esta prueba llegue y si con esa misma prueba es suficiente, procederemos a resolver este caso.
Yo sí descarto cualquier tipo de presiones por cualquier persona. Nosotros no nos movemos por ningún tipo de presión, Incluso, no respondemos tampoco a ningún tipo de presión del señor presidente, como él lo ha querido hacer en este mismo caso, en dos ocasiones", añadió.
Caso contrario, señaló Díaz, ha sido el propio mandatario quien, según reveló a CR Hoy, trató de incidir en una causa penal contra Baruch Goldberg.
"Yo no recibo presiones de ninguna parte, pero sí en dos reuniones, una en Casa Presidencial y otra en la Fiscalía General de la República, ha mostrado lo que para mí es un interés indebido en esta causa.
Siempre tratando de que se agilice y ojalá buscando incluso una condena de esta persona. Ofreciendo incluso ayuda.
Me imagino que por desconocimiento de cómo funciona el sistema penal, él estaba incluso ofreciendo hacer llegar pruebas", reveló Díaz.
El jerarca judicial añadió que uno de esos episodios ocurrió en Casa Presidencial, años atrás, durante un encuentro entre Chaves y él mismo; el otro tuvo lugar en las instalaciones de la Fiscalía General, cuando el mandatario acudió a entregar unas cajas con supuestas pruebas relacionadas con otra denuncia.
Caso sigue su curso
El fiscal general confirmó que la investigación en este caso continúa su curso y que ha sido el Ministerio Público costarricense el que ha debido solicitar información adicional a la Fiscalía de Panamá, debido a que la documentación enviada resultó incompleta o insuficiente.
"El trámite ha sido completamente normal. Nosotros hemos realizado las diligencias pertinentes, se ha hecho las solicitudes de asistencia internacional a Panamá.
Ha venido información desde Panamá que no ha estado completa, entonces hemos tenido que solicitar nuevamente ampliación de esa investigación.
Pero sobre todo lo que estamos requiriendo últimamente se debe a una solicitud expresa que hizo la Procuraduría General de la República de ampliación de la investigación.
Tenemos que cumplir con esa solicitud que hace la Procuraduría para poder ya entrar a resolver este asunto", explicó Díaz.
Recientemente, el empresario emitió un comunicado en el que se refirió al caso por supuesto lavado de activos en Panamá.
Señaló que esa investigación fue abierta por la Fiscalía de ese país a raíz de presiones de Rodrigo Chaves, y aseguró que existen pruebas en la Fiscalía de Costa Rica que demuestran que el presidente solicitó directamente la apertura de un expediente en su contra.
"Hasta la fecha, he aportado diligentemente toda la información que me ha sido requerida por las autoridades competentes tanto de Costa Rica como de Panamá y lo continuaré haciendo con todas autoridades competentes, que así lo requieran para que este ataque malintencionado a mi imagen y reputación se esclarezca de manera definitiva", dijo el empresario.
En ese mismo comunicado, el empresario hizo una síntesis de lo que calificó como un falso megacaso creado por el Gobierno, y acusó a las autoridades de ocultar pruebas técnicas de Tributación que descartaban cualquier irregularidad.
"1. La denuncia se origina en un TikTok: El Ministro de Hacienda manifestó bajo juramento, ante el plenario de la Asamblea Legislativa, que este caso "se origina en un TikTok que circulaba por ahí".
2. El TikTok resultó ser creación del mismo Gobierno: Consta en la Fiscalía, la declaración bajo juramento rendida ante el Fiscal General el día 30 de setiembre de 2024, en el expediente contra el Ministro de Hacienda. El testigo manifestó haber sido el creador del TikTok, asegurando que el TikTok lo hizo él, a solicitud expresa de la diputada oficialista, y mentirosa confesa, Pilar Cisneros Gallo, con el requerimiento de que "no importa si ustedes tienen que exagerar, el tico básico todo lo cree". También indicó el declarante que el Ministro de Hacienda Nogui Acosta conocía ese origen del TikTok y que estuvo de acuerdo con la acusación fraudulenta.
3. Los 11,000 millones de defraudación resultó ser una suma inventada con propósitos de drama y circo mediático: Consistente con el requerimiento de mentir y exagerar, el origen del monto de 11,000 millones de colones de supuesta defraudación. No existe informe alguno que así lo determine, demostrando que la denuncia y su monto tenía como único propósito crear una reacción negativa de la población en mi contra y de las empresas en las que tengo participación, apoyada por los troles del Gobierno en redes sociales, que iniciaron su actividad de desinformación al mismo tiempo que se daba la conferencia de prensa."
Baruch agregó que el exministro de Hacienda Nogui Acosta mintió bajo juramento al declarar, el 31 de enero de 2023, que existía un informe técnico que determinaba un delito tributario por ₡11.000 millones.
Ante la negativa reiterada de entregarlo, pese a una orden de la Sala Constitucional, Acosta enfrenta ahora una causa penal por desobediencia.
"5. Las autoridades tributarias, para complacer las demandas de Chaves, ocultaron el informe técnico que negaba la existencia de delito tributario alguno: Consta igualmente en el expediente, el "Informe de Cierre Final" emitido por funcionarios de carrera de la Tributación, el día 26 de octubre de 2022, que las autoridades de Hacienda mantuvieron oculto el informe en el cual indica claramente la inexistencia de delito tributario alguno."