OIJ incauta dinero y artículos tecnológicos a banda que cometió extorsiones sexuales en Skokka
Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmaron el decomiso de diversos artículos tecnológicos, dinero en efectivo y documentación bancaria a los miembros de una banda dedicada a extorsiones sexuales mediante el sitio web Skokka.
Entre lo incautado figuran teléfonos celulares, tarjetas SIM nuevas y usadas, computadoras, tabletas, memorias flash tipo USB y Micro SD, dinero en efectivo, tarjetas de crédito y débito, así como documentación bancaria.
En los allanamientos fueron detenidas 13 personas, entre ellas la colíder de la organización, una mujer de apellido Rojas, de 47 años, y sus tres hijos de apellido Porras, de 19, 21 y 25 años. El resto de los capturados son:
- Masculino de apellido Álvarez, de 27 años.
- Femenina de apellido Ávila, de 37 años.
- Masculino de apellido Gutiérrez, de 21 años.
- Masculino de apellido Jiménez, de 18 años.
- Masculino de apellido Lara, de 30 años.
- Masculino de apellido Porras, de 48 años.
- Femenina de apellido Ramírez, de 25 años.
- Femenina de apellido Ruiz, de 19 años.
- Femenina de apellido Sequeira, de 24 años.
Las detenciones se realizaron la mañana de este martes en varios allanamientos en Barranca, Chacarita, El Progreso y El Roble, en Puntarenas.
Randall Zúñiga, director del OIJ, explicó el modo en que operaba la organización criminal para convencer a sus víctimas.
En apariencia, contactaban a personas que ingresaban a sitios web de encuentros sexuales, donde utilizaban perfiles falsos y fotografías ficticias de mujeres. Los usuarios se comunicaban con ellas con la intención de concretar un encuentro.
Cuando los contactaban por diversos medios, como WhatsApp, los integrantes de la organización mantenían conversaciones con las víctimas sin intención de concretar el encuentro sexual. Luego, eran contactadas por otros miembros de la banda, quienes les indicaban que, supuestamente, habían hecho perder el tiempo a las mujeres y debían pagarles. Bajo la amenaza de atentar contra su vida o la de sus familiares, las víctimas aceptaban los pagos.
Zúñiga también detalló las ganancias obtenidas por el grupo y cómo eran enviadas al extranjero.
En 53 casos investigados se registraron pagos que oscilaron entre ¢500.000 y ¢1.000.000, e incluso hasta ¢2.000.000, para un total aproximado de ¢50 millones. Una gran parte del dinero se enviaba mediante remesas a República Dominicana, donde podrían estar los cabecillas.