OIJ, ICD y Fiscalía anuncian total oposición a ley que protege ganancias por corrupción
La Fiscalía General de la República, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) alzaron la voz y anunciaron una "oposición total" al proyecto de ley de extinción de dominio dictaminado por la Comisión de Seguridad y Narcotráfico.
El proyecto busca que el Estado se apodere de los bienes que están en manos del crimen organizado, pero los diputados eliminaron la posibilidad que se aplique a delitos como corrupción, enriquecimiento ilícito, sicariato y fraudes.
Los casos solo se pueden aplicar cuando los bienes son producto de una actividad criminal, pero en la ley dictaminada por los diputados solo abarcaría casos de narcotráfico y tráfico de armas.
Lo que más molestó a las autoridades es que se eliminaran los delitos contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito. También se quitó el contrabando.
"No se acepta que se omitan o excluyan los delitos de corrupción y de enriquecimiento ilícito en la función pública, el contrabando y en general todas las conductas delictivas de las cuales se derivan los patrimonios ilícitos", expresó la Fiscala General Emilia Navas.
La jerarca expresó que los detractores buscan proteger los bienes ganados por actos ilícitos. De hecho, dijo que esto atenta contra una de sus prioridades que es atacar la corrupción.
Walter Espinoza, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) explicó que el proyecto dictaminado "protege" a los funcionarios que se hicieron de bienes por medio de actos corruptos.
Espinoza explicó que la Ley de Extinción de Dominio busca golpear el crimen organizado y se hace contra los objetos con un procedimiento legal con normativas que permiten jueces.
Ante ello anunció que si no se aprueba la ley correcta, el país se llenará de delincuentes a los que nadie les puede quitar los bienes.
Los jerarcas insistieron en que el proyecto dictaminado no es viable y cuenta con muchos portillos.
"Se persiguen bienes producidos por cualquier tipo de delito en otra vía que no va vinculado al procedimiento penal. Es una jurisdicción aparte. Es mentira que la policía va a empezar a buscar bienes de la población", expresó el director del OIJ.
Por su parte, Guillermo Araya representante del ICD, expresó que el proyecto no es aplicable y pidió a los diputados tomar cartas en el asunto.
