OIJ asume denuncia por supuesto pago de bitcoins para atacar resolución sobre ley jaguar

La Fiscalía General remitió al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) la información preliminar contenida en una denuncia que sugiere el supuesto pago de bitcoins para la contratación de troles dedicados a atacar en redes sociales a jerarcas institucionales y diputados.

A través de un correo, la oficina de prensa del Ministerio Público indicó que los reportes recibidos fueron enviados a la dirección y la subdirección de la policía judicial.

La intención es que la Sección Especializada contra el Cibercrimen y la Sección de Delitos Informáticos del OIJ realicen las investigaciones respectivas para establecer el presunto pago de bitcoins para desacreditar actuaciones contrapuestos a planes impulsados por la Administración Chaves Robles (2022-2026).

Carlo Díaz Sánchez, fiscal general del Ministerio Público, denunció el jueves 10 de octubre ante la Comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa que se pagaron 6 bitcoins (cerca de ₡200 millones) para desprestigiarlo a él y para hacer una campaña en contra de la Sala Constitucional por la resolución que declaró inconstitucional el proyecto de ley Jaguar, con el cual el gobierno busca restar controles de fiscalización a la Contraloría General de la República (CGR).

"Recibo mucha información. Es información de inteligencia. Incluso, tengo los pantallazos, donde se hace el ofrecimiento y se dice que, por el término de una hora, se hace un ofrecimiento, una granja (de troles). Esto es más de $350 mil, son $350 mil en una campaña. Obviamente, lo hacen muy bien, saben cómo hacerlo, rastrearlo es casi imposible. Esto es lo que genera este tipo de campañas, este pago exagerado, que no sé quién lo hace tampoco, pero la campaña es muy puntual para desprestigiar", dijo Díaz.

El jerarca acudió ese día a la comisión legislativa para referirse a los ataques que ha recibido de parte del gobierno de Rodrigo Chaves y los diputados oficialistas, después de los allanamientos por presunta corrupción en contrataciones de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y en el Ministerio de Salud por la orden de cierre del Parque Viva.

"Lamentablemente, cuando se da este tipo de discursos, de manera malintencionada se quiere hacer ver que las actuaciones del Ministerio Público responden a intereses políticos o de cualquier otro grupo. Personas como estas caen en la trampa, y también hasta pagados. Hay campañas pagadas para desprestigiarnos. No lo voy a dejar para después", dijo el jefe del Ministerio Público.

Díaz también señaló ante los diputados que tuvieron conocimiento de una denuncia que advierte el aparente uso de vehículos decomisados al narcotráfico, administrados por el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), para supuestamente espiar a diputados, magistrados y a jerarcas de la fiscalía.

Por este último caso, ya existe un expediente penal abierto y en curso en la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA).