OIJ allana oficinas de Juzgado de Trabajo en Goicoechea por presunta estafa
Diligencia se lleva a cabo en segundo piso de los tribunales de Goicoechea
(CRHoy.com) El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) allanó la mañana de este martes el Juzgado de Trabajo del II Circuito Judicial de San José, en el marco de una trama de aparentes estafas.
La diligencia fue confirmada por la oficina de prensa de la Policía Judicial ante consulta de CRHoy.com y es dirigida por la Fiscalía Adjunta de Fraudes, como parte de los hechos que persigue bajo el expediente 22-000501-1220-PE.
El operativo incluye la intervención de 13 puntos distintos, entre ellos la sede del órgano jurisdiccional, en el segundo piso de los tribunales de Goicoechea. Hasta el cierre de esta publicación, el departamento de comunicaciones del Ministerio Público únicamente había informado de allanamientos "en casas y despachos públicos" situadas en San José, Alajuela, Desamparados, Escazú, Alajuelita, Goicoechea, Coronado, Puriscal y Heredia.
La causa en cuestión es por los presuntos de estafa, falsedad ideológica y uso de documento falso. La tesis del Organismo de Investigación y la Fiscalía es que, mediante aparentes fraudes informáticos, una estructura criminal logró la sustracción de $255.000 de cuentas bancarias asociadas a expedientes judiciales.
En la sumaria figuran 16 sospechosos, de los cuales 14 fueron detenidos durante las diligencias de este martes. Entre los imputados destaca el líder de la organización, un catequista de apellido Vindas, así como una técnica judicial de apellido Peralta y una servidora bancaria de apellido Córdoba.
También resalta la captura del exboxeador Carl Davis, por en apariencia haber fungido como "frenteador" de la organización, al facilitar su cuenta bancaria para que le hicieran depósitos ligados a las estafas. Él fue aprehendido en una vivienda en Puriscal.
Los demás encartados son de apellidos Ávila, Espinoza, Gutiérrez, Hernández, Zúñiga, Monge, Brenes, Amador, Matamoros y Solano.
Entre estos últimos sobresalen abogados y notarios, quienes se cree que -con información supuestamente facilitada por Peralta- generaban poderes especiales o generalísimos falsos para retirar los dineros, haciéndose pasar por las personas a quienes les correspondían los montos.
