Oficialismo, Nueva República, PUSC y PLP entierran definitivamente plan para confiscar capitales emergentes
Archivo (CRH)
Las fracciones legislativas del oficialismo, Nueva República, el PLP y una mayoría del PUSC rechazaron, por segunda ocasión en segundo debate y enterraron de forma definitiva con 20 votos en contra, el proyecto de ley que pretendía reformar la figura de capitales emergentes para permitir al Estado confiscar bienes o valores cuya procedencia esté vinculada a actividades ilícitas, como el narcotráfico o el lavado de dinero.
La reforma únicamente obtuvo 23 a favor y requería 38 respaldos. Apoyaron el proyecto el Partido Liberación Nacional; el Frente Amplio en pleno; Johana Obando, Gilbert Jiménez y Luis Diego Vargas, diputados independientes; así como Horario Alvarado del PUSC.
Por su parte, las independientes María Marta Padilla y Cynthia Córdoba se inclinaron en contra.
El pasado 13 de agosto, la Asamblea rechazó el proyecto también en segundo debate. Sin embargo, buscaron mantenerlo con vida con una moción de revisión, para volverlo a votar y buscar los 38 votos, lo cual no ocurrió.
Reforma para capitales emergentes
Se trató del expediente 22.834, "Adición de los artículos 20 bis, 20 ter y 22 bis a la Ley 8754 "Ley contra la delincuencia organizada" de 22 de julio de 2009, para fortalecer la función de la jurisdicción contenciosa administrativa", presentado en la Administración de Carlos Alvarado y dictaminado en el actual Congreso por la Comisión de Seguridad, en 2023.
Dicho proyecto buscó atacar los llamados capitales emergentes, como casas, carros o propiedades, que se generan de actividades ilícitas, generalmente del lavado de dinero y el narcotráfico.
La iniciativa era una reforma a la Jurisdicción Contencioso Administrativa que propone secuestrar capitales sin un origen lícito aparente y llegó a la corriente legislativa desde el gobierno de Carlos Alvarado.
El proyecto no establecía un umbral para investigar a los capitales emergentes.
El Ministerio Público tendría la facultad de solicitar al Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, la adopción de una medida cautelar anticipada y provisional destinada a asegurar, secuestrar, conservar o verificar bienes y productos financieros de interés.
Ahora el texto pasa al archivo del Congreso y el tema podría ser retomado bajo un nuevo expediente que siga el trámite legislativo correspondiente en el próximo cuatrienio.