OCDE a la vista: ¿Es más lo bueno que lo malo de ingresar al “club”?

(CRHoy.com).- Ocho años después de haber dado el primer paso hacia la OCDE, Costa Rica recibió este viernes la formal invitación para formar parte de ese club de naciones, en su mayoría desarrolladas plenamente, y del que tan solo forman parte otros tres países latinoamericanos.

La noticia provocó algarabía en el Gobierno, especialmente en el Ministerio de Comercio Exterior (Comex) al que, desde el 2012, se le encomendó la tarea de coordinar el equipo interinstitucional del Gobierno para trabajar con la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) en la agenda de cambios estructurales que el país necesitaba en sus instituciones para poder acceder a un asiento en el Castillo de la Muette, en París, Francia, sede la Organización.

Llegó el momento de poner el ingreso a la OCDE en la balanza ¿Qué tan bueno es para Costa Rica estar en ese foro? ¿Qué cambios se pueden notar ya en el atavío de las políticas públicas costarricenses para poder ingresar al club? ¿Hay que preocuparse por consecuencias negativas por el ingreso a la Organización? Veamos.

¿Qué tan bueno es para Costa Rica ser parte de la OCDE?

Para responder esta pregunta primero sería útil saber qué es y qué no es la OCDE. La Organización es un foro de países democráticos, es decir, no hay ningún régimen totalitario que comparta la mesa con los demás países. Quizás la única excepción sea Hungría, donde su primer ministro, el ultranacionalista Viktor Orbán, ha acumulado más y más poder desde que fue elegido por el Parlamento en el 2002. Sin embargo, ese ha sido un proceso paulatino.

El resto de naciones que integran el pleno de la OCDE son naciones que se destacan por tener democracias consolidadas y estados de Derecho reconocidos. En su mayoría, países de Europa Occidental que poseen altos niveles de desarrollo humano y económico.

La Organización fue fundada en 1961 con la misión, según su propias palabras, de "diseñar mejores política públicas para una vida mejor" y que favorezcan la prosperidad, la igualdad, las oportunidades y el bienestar general.

La Academia de Centroamérica, organización costarricense dedicada al estudio y pensamiento de temas socioeconómicos, define a la OCDE como una entidad que no es de naturaleza financiera.

Es decir, que no otorga créditos, donaciones, avales, garantías de pago u otros instrumentos a sus miembros a cambio de que cumplan con ciertas metas o políticas públicas.

Más bien, el foro, según la descripción que está en su página web, es un "centro de conocimientos" que recaba datos y realiza el análisis de estos, además de ser un generador de intercambios de experiencias y de buenas prácticas en la gobernanza.

Costa Rica, entonces, se sentará a la mesa de la OCDE para c0mpartir los resultados de sus políticas públicas en todos los ámbitos y, al mismo tiempo, será retroalimentada por las demás naciones en esta materia.

El presidente de la República, Carlos Alvarado, resumió el proceso de incorporación al foro en que Costa Rica le podrá demostrar al mundo que está comprometida con "los más altos y exigentes estándares internacionales".

¿Ha cambiado Costa Rica desde que se acercó a la OCDE?

La respuesta es que sí ha cambiado en estos ocho años que ha durado el proceso de incorporación a la OCDE. Donde se pueden notar mayores novedades en el país es, precisamente, en la manera en que el Estado regula la actividad de sus ciudadanos en varios entornos.

Y ¿ha sido para bien ese cambio? Los ejemplos ayudan a constatar que esta respuesta también es mayoritariamente positiva. Para poder aspirar a una invitación formal de la OCDE, el Gobierno primero tuvo que enviar a la Asamblea Legislativa una lista de 14 proyectos de ley.

Esa especie de agenda de implementación tenía como fin adecuar el marco normativo costarricense a las prácticas estandarizadas de los países miembros de la OCDE en múltiples ámbitos.

Entre los cambios que la Organización le hizo a Costa Rica durante el proceso de evaluación se cuenta, por ejemplo, la atención de las deficiencias que existían en la educación y formación técnica profesional.  Producto de ese criterio de la Organización, en el 2018 el Gobierno creó el Marco Nacional de Cualificaciones de la Educación y Formación Técnico Profesional, que redefinió la política pública en esa esfera.

También son constatables los cambios en protección al consumidor en el comercio electrónico. La Academia de Centroamérica reseña que la OCDE sugirió al país ajustar su normativa a las mejores prácticas internacionales en esta materia.

El Gobierno tuvo que hacer reformas en esta materia tras las recomendaciones de la OCDE. Una de las modificaciones fue obligar a los comercios a dar a los consumidores información clara y oportuna sobre la empresa, sobre el precio final, incluyendo todos los costos asociados a la transacción, además de obligarlos a contar con mecanismos de pago confiables, a disponer de medidas especiales de protección para los consumidores vulnerables y a proteger los datos personales que se transmiten durante el proceso del comercio electrónico.

La aplicación de las normas que permiten la competencia en beneficio del consumidor también es otro entorno en el que el proceso de incorporación a la OCDE le dejó ganancias al país.

Tras señalar la existencia en el país de un gran número de mercados que no operan en competencia, el Gobierno determinó que se debía fortalecer la Comisión para la Promoción de la Competencia (Coprocom), que es un órgano de desconcentración máxima del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC).

La OCDE recomendó, entonces, ampliar el ámbito de aplicación de la Ley de Competencia (N°. 7472) para incluir a todos los agentes económicos; otorgar a Coprocom más autonomía política, financiera y administrativa; mejorar sus procedimientos para la conducción de investigaciones; la imposición de sanciones más eficaces; modificar la definición de concentración; entre otros cambios.

En el proceso la OCDE también analizó la gobernanza pública costarricense y determinó que el liderazgo y la coordinación del Gobierno costarricense son débiles en comparación con sus estándares, entre otros factores, por la alta fragmentación política y del sector público.

A raíz de las observaciones de la OCDE, el Gobierno envió al Congreso tres proyectos de ley: el de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (plan fiscal), el de derogatoria de instituciones no funcionales, y el de refrendo de las contrataciones de la administración pública. 

Las iniciativas derivaron, según la Academia de Centroamérica, en una mejor promoción de la cultura de monitoreo y evaluación orientada a resultados en todo el sector público; la revisión cuidadosa de las asignaciones presupuestarias; la planificación fortalecida; la revisión de los gastos; el apoyo institucional; la asesoría y orientación para adoptar un conjunto mínimo de datos fundamentales para monitorear la economía; a la sociedad y al medio ambiente.

Según la Academia de Centroamérica, ese conjunto de cambios permitirá que el país armonice sus políticas a nivel mundial para promover la eficiencia económica y social.

Lo anterior provocaría un mayor prestigio del país a nivel mundial y derivaría en un aumento en la confianza de los inversionistas al cumplir el país con los exigentes estándares mundiales.

"Se lograron reformas estructurales importantísimas que cambiarán la vida de las familias costarricenses en el mediano y largo plazo", afirmó este viernes la ministra de Comercio Exterior, Dyalá Jiménez, al celebrar la invitación formal que la OCDE extendió a Costa Rica.

"La labor que hemos desarrollado nos permite contar con una institucionalidad más sólida por el bien de los ciudadanos, pero este es solo el comienzo", agregó Jiménez.

La lista completa de cambios que el país tuvo que realizar en su marco normativo para poder acariciar su ingreso a la OCDE es la siguiente:

• Reforma integral a la Ley de creación de centros cívicos y derogatorio de leyes de instituciones inactivas.
• Convenio internacional sobre la constitución de un foro internacional de indemnización de daños debido a la contaminación por hidrocarburos en aguas nacionales.
• Convenio internacional sobre responsabilidad civil nacida de daños debido a contaminación por hidrocarburos.
• Ley del Sistema de Estadística Nacional.
• Responsabilidad de las personas jurídicas sobre cohechos domésticos, soborno transnacional y otros delitos.
• Ley para la eliminación del Ministerio de Ambiente y Energía de la Junta Directiva de la Refinadora Costarricense de Petróleo.
• Ley para permitir la apertura de sucursales de bancos extranjeros en el país.
• Fortalecimiento de las autoridades de competencia e imposición de multas a las prácticas anticompetitivas.
• Reforma a la Ley reguladora del Mercado de Valores.
• Modificación a la Ley No. 7384 para ampliar de 9 a 11 los miembros de la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Pesca (Incopesca).
• Ley de Supervisión Consolidada.
• Ley de creación del Fondo de Garantía de Depósitos y Mecanismos de Resolución Bancaria.
• Reforma a la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica para garantizar la independencia en la formulación de la política monetaria (elimina el derecho al voto del ministro de Hacienda en la Junta Directiva del Central).
• Reforma a la Ley del Régimen de Zonas Francas para asegurar el cumplimiento de los estándares internacionales de la OCDE.

¿Hay que preocuparse por consecuencias negativas?

Según algunos actores políticos y sociales latinoamericanos, especialmente mexicanos—esa nación se integró a la OCDE en 1994—la membresía a la Organización no solo ha sido una cara factura para los Estados, sino que, además, no ha derivado en mayor desarrollo tangible para los ciudadanos.

El Dr. Nicolas Boeglin, profesor de Derecho Internacional de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR), afirmó que en el caso costarricense no está claro si las autoridades costarricenses tomaron en consideración que, además de México, Chile—miembro de la OCDE desde el 2010—tampoco "ha logrado en lo más mínimo un desarrollo ‘inclusivo y sostenible', escribió en su blog el 26 de octubre del 2019.

En Colombia, por ejemplo, que ingresó a la OCDE en 2018, se señaló como una posible desventaja de ingresar a la OCDE el hecho de que se pueda dejar de ver al país como una nación en vías de desarrollo y de renta media, con las consecuencias que esto podría acarrearle a nivel económico y comercial.

La cuota

Además del aspecto relacionado con el impacto real para la población de que el país pertenezca a la OCDE, el jurista Nicolas Boeglin analizó el costo económico que implica para los países ser miembros del foro.

Con base en datos de la propia Organización, Boeglin reseñó en su blog del Curso de Derecho Internacional de la UCR que el presupuesto anual de la OCDE se estima en euros y no en dólares. Para el 2017, ese presupuesto fue de 374 millones de euros que se financia con las contribuciones de sus países socios.

Esas contribuciones, según el profesor, se estiman en función de los parámetros económicos de cada Estado, es decir, con base en su producto interno bruto (PIB).

Con base en tablas oficiales de la OCDE el académico indicó que a Chile le correspondió en el 2017 cubrir un 1,4% de los 200 millones de euros de la "Parte I" del presupuesto de la OCDE. Ese porcentaje equivalió a 2,8 millones de euros en ese año.

En tanto que a México le tocó cubrir un 2,8% de los gastos de la Organización ese mismo año, es decir, cerca de 5,6 millones de euros la "Parte I" del presupuesto.

En el caso costarricense Dyalá Jiménez dijo este viernes que la cuota que debería pagar Costa Rica se aproximaría a los ¢1.500 millones anuales (cerca de $2,6 millones ó 2,4 millones de euros), monto que consideró "pequeño" dentro del presupuesto de la República. La titular de Comex dijo que en vez de un gasto, el país estaría realizando una inversión, por los beneficios que percibiría al ingresar a la OCDE. Jiménez afirmó que el monto se conocerá cuando Costa Rica esté cerca de adquirir su membresía, posiblemente a finales de este año.

El tema sobre la cuota no es menor. Hoy Costa Rica lidia con un déficit fiscal que tocaría máximos históricos al finalizar el 2020, debido a la caída en los ingresos tributarios por la desactivación de múltiples sectores de la economía por el golpe de la pandemia.

Actualmente, el país busca alternativas baratas de endeudamiento en el exterior, con organismos financieros multilaterales, para poder enfrentar sus obligaciones cotidianas de gasto.

Las mayores críticas al proceso de incorporación de Costa Rica a la OCDE han venido desde los dirigentes del sector sindical.

Albino Vargas, secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), ha insistido en que el gremio no "por ningún lado" cuál sería el beneficio para la clase trabajadora de que Costa Rica se convierta en socio de la OCDE.

"(…) Que Costa Rica ingrese a la OCDE, entidad que más bien parece ser como la oficina de estadísticas más completas del planeta; aparte de integrar ese conjunto de entidades mundiales inherentes a la hegemonía total de la globalización neoliberal en desarrollo y su expresión más preponderante, la del capital financiero-bancario internacional. Además, aún no se le ha dicho al país la cuantía que habrá que pagar por afiliarse a la OCDE y bien haría el presente Gobierno en indicarlo abiertamente a la ciudadanía", escribió el 23 de febrero del 2016 en el diario La Prensa Libre.

Aún falta camino hacia París

A Costa Rica todavía le falta un paso más para ingresar como miembro pleno de la OCDE. Casa Presidencial informó de que ahora el presidente Carlos Alvarado deberá firmar un Acuerdo de Adhesión de Costa Rica a la Convención de la OCDE, lo cual se realizará en las próximas semanas.

Después de ese trámite, entonces el Acuerdo de Adhesión de Costa Rica a la Convención de la OCDE deberá ingresar a la corriente legislativa para que lo ratifiquen los diputados.

Una vez que se vote en un proceso legislativo igual al que siguen los tratados internacionales, la Adhesión deberá ir a la Sala Constitucional para que esta lo analice y dé su visto bueno desde el punto de vista constitucional.

Posteriormente, el Poder Ejecutivo deberá sancionar la Ley y depositarlo ante las autoridades francesas, último paso necesario para formalizar la adhesión a la OCDE.

"Como país miembro, Costa Rica se compromete a continuar mejorando en varias áreas, por lo que la organización dará seguimiento específico a la conclusión de planes de acción y la implementación de reformas. De igual manera, el país deberá continuar sometiéndose a exámenes periódicos, al igual que los otros miembros de la OCDE", anticipó la Presidencia en un comunicado.

La sede del Gobierno también informó de que Costa Rica podrá participar en los más de 300 comités y grupos de trabajo de la OCDE "para decidir e incidir, en igualdad de condiciones, en el desarrollo de soluciones innovadoras para desafíos comunes, como lo es hoy la emergencia ante el COVID-19, al igual que temas asociados con el cambio climático, la cuarta revolución industrial, las cadenas globales y el soborno transnacional, entre otros".