Nuevo informe confirma fallas en obras asociadas a riesgo inminente

Una nueva auditoría interna de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) confirmó fallas que dificultan el avance de las 502 obras asociadas a riesgo inminente, incluidas en el Programa de Emergencia para la Reconstrucción Integral y Resiliente de Infraestructura (Proeri).

Así se desprende del informe firmado por Elizabeth Castillo, auditora interna de la CNE, dirigido al presidente de esa entidad, Alejandro Picado, el cual fue discutido este miércoles por los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa.

Según el informe, no existen sistemas de control interno eficaces ni eficientes, lo que compromete la independencia y la objetividad del Proeri, además de que existen dificultades para acceder a la información de los proyectos.

También se señalan violaciones al principio de legalidad y poca transparencia al nombrar a la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops) como “asistencia técnica”, en lugar de “firma de implementación general” o “firma de implementación del programa”, ya que la CNE funge tanto como organismo ejecutor coordinador como organismo ejecutor de proyectos.

Además, se identifican las siguientes debilidades:

• Pobre ejecución de los proyectos de emergencia, con un avance promedio de apenas el 15,1 %.
• Inclusión en el portafolio del Proeri de proyectos del Fondo Nacional de Emergencias por un monto de ¢1.930 millones, sin que se haya realizado ninguna gestión ante el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para su financiamiento.
• Expedientes incompletos e inconsistencias en los procesos de licitación.
• El 22 % de la totalidad de las contrataciones fueron declaradas infructuosas.
• Selección de oferentes sin acreditación de idoneidad.
• Ofertas sobrevaloradas.
• Incumplimiento de plazos contractuales.
• Omisiones en el cobro de multas.
• Ejecución de obras en terrenos privados sin contar con permisos ni trámites de expropiación.

La Contraloría General de la República (CGR) ya había advertido sobre fallas en los procesos de contratación para implementar las obras asociadas a riesgo inminente, así como sobre otros problemas que dificultan su ejecución en el plazo previsto de 18 meses.

Los proyectos se financian con un crédito de $700 millones otorgado por el BCIE.