Nueva ley contra fraude fiscal perdonaría millones a evasores
Cerca de 300 causas esperan resolución de juicios que tardan infinidad de años
La normativa depende de un artículo que podría ser catalogado como inconstitucional.
Un portillo de la ley para mejorar la lucha contra el fraude fiscal podría perdonar miles de millones de colones que le deben algunas empresas al Estado.
Anteriormente, los delitos de fraude fiscal no prescribían, pero ahora, caducan a los 5 años si el Ministerio Público no presenta una denuncia formal. También las autoridades tendrán solo 5 años para sancionar al evasor y aunque durante la administración Chinchilla Miranda se había firmado un decreto para no conciliar en casos de defraudación, el presidente Luis Guillermo Solís derogó ese decreto dando la posibilidad a los evasores de pagar una fracción de la deuda, evitar un juicio y la cárcel.
En los tribunales de justicia hay unas 300 causas pendientes por fraude fiscal desde 1995. Tienen años en el proceso judicial. Para algunos especialistas, como el abogado Luis Chacón de la firma BLP, los evasores se podrían beneficiar de la nueva ley dejando de pagar miles de millones de colones que le deben al Estado, porque los casos pueden durar más de los 5 años previstos en la ley.
Pasado este lapso, Tributación no puede reabrir el caso.
¿Inconstitucional?
La ley establece que los procesos por fraude tributario iniciados antes de enero 2017 no prescriben. Pero el transitorio podría considerarse inconstitucional.
El Lic. Chacón señala que si bien la ley no es retroactiva, hay excepciones en caso de que favorezca a los imputados.
"En principio, los procesos presentados antes del 2 de enero del 2017 podrían seguir abiertos por más de 20 años. En mi criterio cuando hay penas de cárcel -como por defraudación fiscal- se puede aplicar la ley retroactivamente siempre y cuando beneficien al contribuyente", dijo Chacón.
La Sala Constitucional tendrá la última palabra cuando los abogados defensores soliciten la prescripción.
¿Por qué la reforma?
El abogado Chacón explicó que el cambio se hizo para garantizar la seguridad jurídica de los ciudadanos. "Un contribuyente no puede permanecer en estado de inseguridad por 10, 15 ó 20 años hasta que al Ministerio Público o a Tributación se le ocurra mover las cosas", explicó.
¿Por qué tardan tanto?
Chacón lo atribuye a la escasez de jueces penales especializados y a los lentos procedimientos en materia tributaria.
De los 300 expedientes enviados al Ministerio Público por defraudación fiscal no se registra ni un solo juzgamiento en materia tributaria penal. El único caso juzgado está en apelación.
"La ley de defraudación fiscal se creó en Costa Rica en 1995. Se concedía a la corte 6 meses para crear la Jurisdicción Penal Tributaria. Han pasado 22 años y no han creado ni la Fiscalía de Delitos Tributarios, ni los juzgados especializados," comentó.
Se intentó conocer el criterio del Ministerio de Hacienda pero al cierre de edición no respondieron.
