Notario implicado en caso Madre Patria intentó salir de la cárcel ofreciendo edificio de ¢258 millones

Un notario que se encuentra en prisión preventiva, imputado en la causa conocida como caso Madre Patria, ofreció como garantía o caución real para recuperar su libertad una propiedad valorada en ¢258 millones y ¢10 millones en efectivo. Sin embargo, el Juzgado Penal de San José no aceptó sus justificaciones y ordenó que permanezca en prisión preventiva hasta el 25 de diciembre de este año.

Danilo Loaiza Bolandi está investigado en el expediente 22-005018-0042-PE como uno de los presuntos líderes de una organización dedicada a legitimar capitales provenientes de millonarios fraudes registrales. Al parecer, operó junto con dos ciudadanos españoles, de apellidos Gómez y León, para apropiarse de terrenos pertenecientes a extranjeros que no regresaron al país o que habían fallecido, utilizando documentación falsa.

A este abogado, la Fiscalía Adjunta Especializada en Delincuencia Organizada (FAEDO) le atribuye la presunta comisión de un delito de asociación ilícita, once delitos de falsedad ideológica y once delitos de estafa mayor.

Loaiza Bolandi permanece en prisión desde junio de 2024, cuando las autoridades detuvieron a 20 personas relacionadas con estos hechos. A todos los supuestos miembros del grupo se les impuso inicialmente un año de prisión preventiva. Al vencer ese plazo, se realizó una nueva audiencia para revisar las medidas cautelares.

Tras la vista judicial, diez de los imputados recuperaron su libertad. No obstante, el notario no convenció al Juzgado de contar con los arraigos necesarios tener libertad mientras continúa el proceso en su contra.

"(…) en cuanto a los arraigos voy a cumplir más de cuarenta años de casado, 19 años de vivir en mi casa, María José la jueza me quitó el arraigo domiciliar precisamente por ser abogado, en diciembre del 2024 ya yo iba a cerrar el bufete, yo soy autojubilado, en la vista de cambio de este año mi esposa y mi hijo dijo que se comprometía a que me sujetara al proceso mi esposa igual, mi esposa ofreció 10 millones de colones, ya había ofrecido un inmueble con siete apartamentos de un valor de 258.000.000 colones, eso ya fue rechazado por no tener avalúo, tengo 66 años, padezco de diabetes e hipertensión, en el centro penal no recibo la dieta que requiero. Le juro que yo voy a estar sometido al proceso, ofrezco una prueba que es un correo electrónico donde se certifica que no figuro como imputado ya había sido ofrecido en la audiencia anterior", declaró Loiaza.

Además, negó tener vínculos delictivos por su participación en el traspaso de terrenos o su intervención en este tipo de trámites, asegurando que todo lo que hizo está relacionado con su trabajo como abogado y notario.

"Me pregunto por qué estoy detenido, yo no he tenido participación en los fraudes, eso fue en el 2019, fueron realizados por notarios que yo ni conocía, a la única persona que conozco era a doña Sandra le alquilaba una oficina, a Jacqueline la notaria la acompañé a un par de diligencias judiciales, el tribunal de juicio en el voto sobre la apelación de la prisión dice que no se le puede achacar asesorar personas con conflictos con la ley penal, a don Julio le autentique una firma, no tengo nada que ver con legitimación, con criptomonedas o delitos funcionales", dijo.

Funciones marcadas

Según el expediente del caso Madre Patria, este sujeto sería el aparente líder de los notarios públicos reclutados por la organización criminal y también se encargaría de atender los asuntos penales de los demás integrantes.

Los informes policiales señalan que se logró confirmar su participación en una reunión en la que se definieron estrategias que el grupo utilizaría para tratar de solventar las acusaciones legales contra una implicada de apellido Jiménez, esposa de un ciudadano español, señalado como el cabecilla. Además, en dicha reunión —y según las comunicaciones intervenidas— sería él quien se encargaba principalmente de atender las necesidades económicas de esta mujer y de reclutar nuevos notarios para la red.

Durante la investigación, se identificó a Loaiza Bolandi como una persona que, al parecer, cumplía funciones de inteligencia y logística para seleccionar terrenos de alto valor que serían sustraídos mediante fraude registral.

"Por otro lado, varios de los miembros del grupo criminal son asesorados en sus actividades delictivas por otros miembros del grupo criminal, tal es el caso del investigado Danilo Loaiza Bolandi (notario público), quien además de poner su función de notario público a disposición del grupo criminal, también funge como asesor de los líderes del grupo criminal y que estos se mantengan ejecutando las acciones delictivas", dice el expediente judicial.

Para reducir el riesgo de ser descubiertos al presentar traspasos ante el Registro Nacional, Loaiza Bolandi se habría apoyado en su sobrino, funcionario de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME).

Este hombre, de apellidos Loaiza Chaverri, tenía acceso a los sistemas de consulta de registros migratorios y, según la Fiscalía, abusó de sus funciones para suministrar datos que posteriormente eran incorporados en las escrituras públicas alteradas. Así consta en la solicitud de allanamiento.

Incluso, en una llamada telefónica intervenida entre el cabecilla y su hijo, se hace referencia a la colaboración del funcionario de Migración. Así lo evidencia un extracto de la conversación incluido por la Fiscalía:

Aquí entre nos… ¡tengo un montón de propiedades, de sociedades liquidadas. En unas Tavillo me hace los estudios de entradas y salidas, hay unas en que está muerto (sic) otras que nunca más volvieron, otras que nunca estuvieron aquí…

En la misma conversación, registrada en septiembre de 2023, el abogado sospechoso reconoció que su sobrino no le cobraba nada por realizar las consultas en el sistema de Migración y Extranjería. En conversaciones posteriores con otros implicados, Loaiza Bolandi insiste en que, ante cualquier duda, simplemente le envía un mensaje al sobrino para que revise fechas y traslados de los extranjeros víctimas.

Sin embargo, en una de las llamadas intervenidas en octubre, este sujeto afirmó que las consultas al funcionario "llevaban un costo" y calificó esa labor como "una salvada".

Ante este panorama, el Ministerio de Seguridad informó que inició una investigación administrativa paralela a la judicial, con el fin de esclarecer el actuar de Loaiza Chaverri, funcionario de Migración.

La apertura del expediente durante la investigación permitió al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y al Ministerio Público conectar 19 causas penales distintas que tienen relación con fraudes registrales bajo el mismo modo de operar y que habrían sido cometidas por una organización criminal que presuntamente era liderada por los españoles de apellidos Gómez González y León Muñoz.

Fue la Fiscalía Adjunta de Fraudes y Cibercrimen, la oficina encargada de revisar cada uno de los expedientes para determinar que todos tenían una conexión por los procesos de falsedad ideológica que prevalecía en las tramas que presuntamente armaron los sospechosos.

El caso fue calificado por el fiscal general como un megacaso. Además, "Madre Patria" se convirtió en el segundo de mayor volumen en la historia del OIJ.