No te metás con mi propiedad

Costa Rica ha sido históricamente vista como un bastión democrático en América Latina, un país donde el Estado de derecho y las instituciones republicanas han resistido las tensiones políticas y económicas típicas de la región. Sin embargo, incluso en nuestro país, la amenaza a los derechos fundamentales —en particular el derecho a la propiedad privada— comienza a manifestarse de forma cada vez más preocupante, tanto desde el aparato estatal como desde un sector empresarial estrechamente vinculado al poder político.

En este contexto, la reflexión de John Locke, filósofo inglés del siglo XVII, cobra relevancia. Locke sostuvo que el propósito central del Estado es la protección de la vida, la libertad y la propiedad. Según él, "cada vez que los legisladores intenten quitar y destruir la propiedad del pueblo, o de reducirlo a la esclavitud bajo un poder arbitrario, se colocan a sí mismos en un estado de guerra con el pueblo, quien desde entonces queda absuelto de toda obligación de obedecer" (Locke, 1689). Esto implica que cuando el Estado traiciona la razón de su existencia los ciudadanos ya no están moralmente obligados a acatar sus órdenes.

Este principio no es una simple teoría: es una advertencia que resuena en la realidad política y económica de muchos países, incluida Costa Rica. En nuestro contexto, hemos sido testigos de cómo ciertos grupos empresariales —frecuentemente respaldados por políticas fiscales favorecedoras, subsidios selectivos o contratos públicos opacos— logran acumular poder económico no a través de la competencia legítima, sino mediante privilegios otorgados por el Estado. Este fenómeno, denominado "capitalismo de amiguetes", o 'crony capitalism' (en inglés), no solo distorsiona los incentivos del mercado, sino que también profundiza la desigualdad, frena la productividad e impide el progreso social. Cuando el Estado deja de actuar como árbitro neutral y pasa a ser un socio parcializado, compromete la confianza institucional y vulnera la equidad en la economía.

Daron Acemoglu, ganador del Premio Nobel de Economía 2024, por estudios acerca de cómo se forman las instituciones y afectan la prosperidad, argumenta que las instituciones políticas y económicas extractivas, aquellas que concentran poder y recursos en pocas manos, impiden el desarrollo sostenido de los países. En contraposición, las instituciones inclusivas —que promueven la protección efectiva de la propiedad privada y la igualdad de oportunidades— son la base de una economía dinámica y justa. En Costa Rica, si bien aún existen características de instituciones inclusivas, existe el riesgo de que el país se incline hacia modelos extractivos si no se corrigen las dinámicas entre las élites políticas y económicas, que parecen favorecer los intereses privados en detrimento del bienestar colectivo.

Por su parte, Friedrich Hayek, ganador del Premio Nobel de Economía 1974, por su penetrante análisis de la interdependencia de fenómenos económicos, sociales e institucionales, defendió la propiedad privada no solo como un derecho económico, sino como una condición esencial para la libertad individual. Según Hayek, "el sistema de propiedad privada es la garantía más importante de la libertad, no solo para quienes poseen propiedad, sino casi tanto para quienes no la poseen" (Hayek, 1944). Cuando el acceso a los recursos se basa más en conexiones políticas que en méritos o esfuerzos individuales, la libertad pierde su significado real. La libertad no es solo la capacidad de tomar decisiones, sino la capacidad de hacerlo en un entorno de seguridad jurídica y equidad de oportunidades.

Costa Rica se enfrenta hoy a una encrucijada crítica: debe optar por reforzar el Estado de derecho y garantizar la protección de los derechos de propiedad, o continuar permitiendo que intereses particulares capturen el poder político y debiliten las instituciones.

Concretamente, como sociedad, enfrentamos dos serias amenazas a la propiedad privada. La primera, promovida desde el Poder Ejecutivo, expediente 22.834, que ya se aprobó en primer debate, con 40 votos a favor—aportados por diputados de la fracción oficialista, el Partido Liberación Nacional (PLN), Partido Frente Amplio (FA), Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Partido Nueva República (NR), Partido Liberal Progresista (PLP) y varios diputados independientes—, que, entre lo relevante, dice:

"Artículo 20 bis-Medida anticipada y provisional 

El Ministerio Público, antes de presentar la denuncia por el incremento de capital sin causa lícita aparente de cualquier funcionario público o persona de derecho privado, física o jurídica, podrá solicitar al Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda la adopción de una medida cautelar anticipada y provisional destinada a asegurar, secuestrar, conservar o verificar bienes y productos financieros de interés. Esta medida cautelar anticipada y provisional se decretará a solicitud de parte.
…

En caso de admitirse la medida cautelar anticipada y provisional, la persona juzgadora emitirá los respectivos mandamientos de anotación e inmovilización registral de los bienes muebles e inmuebles, así como la orden de congelamiento preventivo al sistema financiero. La Contraloría General de la República y el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) podrán apersonarse al proceso como coadyuvantes. …" (énfasis agregado)

Este proyecto se encuentra listo para votación en segundo debate en el plenario legislativo.

La segunda, impulsada agresivamente por una élite del sector privado—grandes Desarrolladores Inmobiliarios, agrupados en el CONSEJO DE DESARROLLO INMOBILIARIO (CODI), supuestos expertos en Derecho Inmobiliario y Administradores de Condominios serviles a los intereses de los Desarrolladores—, el proyecto de Ley para la Buena Gobernanza y la Modernización para la Propiedad en Condominios (expediente 24.640), que se discute, con intensidad, en la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa.

Con respecto a este segundo proyecto, la ASOCIACIÓN DE CONDÓMINOS DE COSTA RICA, dejó muy claro ante los miembros de la Comisión legislativa que la eventual aprobación de ese proyecto pondría en riesgo los derechos de propiedad de cientos de miles de costarricenses y las inversiones que extranjeros que han confiado en la seguridad jurídica y protección de la inversión que han hecho en nuestro país y que, por lo tanto, debería sepultarse el proyecto en la Comisión, ver detalle en presentación (disponible aquí).

En la misma línea, el Dr. Rubén Hernández Valle, especialista en Derecho Constitucional, presentó un criterio con argumentos contundentes para explicar por qué el proyecto 24.640 está plagado, en su opinión, de posibles inconstitucionalidades, el texto del criterio completo se puede consultar aquí.

Llamado a la acción:

Para evitar que estas peligrosas amenazas a la propiedad privada en Costa Rica se lleguen a materializar, invitamos a todos los ciudadanos responsables a unirse para tomar acción no-violenta, entendida como un acto democrático, pacífico y argumentado, como herramienta legítima para expresar rechazo a las iniciativas promovidas por el Poder Ejecutivo (expediente 22.834) y por los grandes Desarrolladores Inmobiliarios, sus agentes políticos y sus aliados en el Congreso (expediente 24.640).

Hoy, más que nunca, es fundamental defender uno de nuestros derechos más fundamentales: la propiedad privada. Por esta razón, invito a todos los costarricenses a que nos unamos para luchar contra las propuestas que ponen en riesgo la seguridad jurídica y la propiedad privada.

A través de la petición pública #NOTEMETÁSCONMIPROPIEDAD, lanzada en la plataforma Change.org, hacemos un llamado urgente para que se sepulten los proyectos que amenazan los derechos fundamentales de los ciudadanos.

¡Firmá la petición en Change.org y defendé tu derecho a la propiedad!

El futuro de Costa Rica depende de la decisión de hoy. No permitamos que el Estado, ni los intereses privados, continúen erosionando las bases de nuestra democracia y de nuestra economía. La propiedad privada es un derecho que debemos proteger, no solo por nosotros, sino por las generaciones futuras.

Tal como lo advirtió Locke, no se trata de fomentar el caos, sino de recordar que la legitimidad del poder depende de su fidelidad a los principios fundamentales de libertad, vida y propiedad.

Asociado de la Academia de Centroamérica y Presidente de IDEAS Labs