Tras la presentación de los seis proyectos de seguridad por parte de la presidenta Laura Fernández, usted mencionó que podrían existir algunos roces constitucionales en esas medidas. ¿En qué aspectos ve esos posibles vicios?

Antes de responder, quiero decir que me parece muy positivo que el Gobierno quiera fortalecer la seguridad del país. Estamos atravesando una situación verdaderamente crítica.

Ahora bien, aunque todavía no he podido analizar los seis proyectos a profundidad, considero que pueden mejorarse. Lo importante es que sirvan como un texto base sobre el cual podamos trabajar y construir propuestas más sólidas e integrales.

En cuanto a los posibles roces de inconstitucionalidad, me preocupa, por ejemplo, la idea de obligar a las personas privadas de libertad a trabajar de manera forzosa. Eso podría ser inconstitucional y también entrar en conflicto con convenios de la Organización Internacional del Trabajo.

Dicho esto, por principio estoy de acuerdo con que el trabajo durante la privación de libertad puede ser una forma productiva de ocupar el tiempo, generar ingresos y facilitar la reinserción social. Lo que debemos analizar es cómo hacerlo. Ya existen o han existido proyectos laborales en algunos centros penitenciarios. Me parece bien que se quiera impulsar esa línea, pero debe hacerse de acuerdo con la Constitución y con los convenios internacionales que Costa Rica ha suscrito.

También me preocupa otro proyecto: el que presume legítima defensa cada vez que un oficial utiliza un arma y dispara contra una persona.

Yo se lo dije a los oficiales de seguridad en una reunión que sostuvimos: en mí tienen una aliada. Considero que realizan una labor heroica en condiciones muy difíciles, con pocos recursos, equipo insuficiente y salarios que no siempre son los adecuados. Están, como se dice popularmente, "como burro amarrado contra tigre suelto".

Sin embargo, no podemos modificar las leyes para presumir automáticamente que todo uso de un arma de fuego por parte de un oficial constituye legítima defensa. Debemos buscar mecanismos que les brinden las garantías necesarias, sin debilitar al mismo tiempo las garantías del resto de la ciudadanía.

¿Qué hizo falta en ese paquete de proyectos?

Por ejemplo, no veo iniciativas dirigidas directamente a combatir las fuentes de financiamiento del crimen organizado.

Tampoco observo medidas enfocadas en fortalecer al Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que es la institución que lleva el peso principal de las investigaciones contra el crimen organizado. Me gustaría ver más recursos destinados a esa labor.

En cuanto al proyecto para combatir las asociaciones criminales, me preocupa que el concepto pueda interpretarse de manera demasiado amplia. Podría darse el caso de que una persona que tenga una relación incidental con alguien vinculado a una organización criminal termine involucrada en un proceso sin tener realmente participación en actividades ilícitas.

No estoy en contra del proyecto. Lo que considero es que debe revisarse cuidadosamente para evitar abusos o interpretaciones excesivas.

La presidenta Laura Fernández pidió a los diputados tramitar estos proyectos con rapidez. Usted integra las comisiones de Seguridad y Narcotráfico y de Asuntos Jurídicos. ¿Qué piensa de esa solicitud?

No tengo problema con la celeridad, siempre que la rapidez no implique hacer las cosas mal.

Estamos hablando de proyectos muy importantes, que tocan derechos constitucionales, libertades y garantías fundamentales. Por eso deben tramitarse con cuidado y responsabilidad.

¿Cómo ha sido, desde su posición como diputada unipersonal, la relación con el Poder Ejecutivo y el oficialismo durante estos primeros meses?

Con el Poder Ejecutivo he tenido muy poca relación. Solamente dos reuniones: una con la presidenta Laura Fernández y parte de su equipo, y otra durante una sesión de trabajo relacionada con seguridad.

Sí percibo cierta hostilidad en mi caso personal, aunque no de parte de la presidenta.

Lo que considero hostil son algunas de las medidas de seguridad que se aplican para ingresar a reuniones oficiales. Creo que les sería útil recibir asesoría sobre cómo se manejan estos temas en otros países.

Hay cosas que me parecen innecesarias, como retirar teléfonos, relojes o impedir el ingreso con una cartera. También me parece excesivo tener que esperar en una sala pequeña vigilada por tres oficiales de la Dirección de Inteligencia y Seguridad.

¿Cuál es la necesidad de tener tres oficiales observándome a dos metros de distancia después de haber pasado todos los controles de ingreso? Eso no ocurre en otros países y tampoco contribuye a generar un ambiente de diálogo.

No obstante, eso no cambia mi compromiso de trabajar con dedicación. No altera en nada mi propósito como diputada.

Fuera de esas dos reuniones, el Poder Ejecutivo no me ha buscado para conversar.

¿Ni Rodrigo Chaves, ministro de la Presidencia?

No. No me ha tocado verlos aquí en la Asamblea.

¿Y con la bancada oficialista?

Tengo una muy buena relación.

Creo que hay personas muy valiosas y con verdadero interés de trabajar por Costa Rica. Varias tienen experiencia comunal y conocimiento en áreas importantes para la formulación de políticas públicas.

Con don Nogui hay momentos mejores que otros, pero al menos mantenemos una comunicación fluida.

Lo que sí percibo es que cuando ellos necesitan algo nos buscan, pero cuando somos nosotros quienes promovemos una conversación o una negociación, no siempre encontramos la misma apertura.

Usted ha manifestado su apoyo al proyecto de Armonización del Sistema Eléctrico, que impulsa una apertura del mercado. ¿Por qué considera importante esa iniciativa?

Siempre he creído en la apertura de los mercados. Eso no significa que esté en contra del ICE o que no valore su papel.

Lo que considero es que los consumidores de electricidad se beneficiarían de una mayor competencia.

Dentro de ese esquema, el ICE debe seguir participando y mantener un papel rector y central. Es lo natural, porque ha sido históricamente el actor principal y tiene la capacidad de llegar a todo el territorio nacional.

Sin embargo, en los últimos años también ha mostrado dificultades de planificación. Estamos viendo que, en momentos de menor generación, en lugar de exportar energía tenemos que importarla.

Existen trabas para productores nacionales de energía limpia, mientras que al mismo tiempo recurrimos al alquiler de plantas térmicas que son más costosas y contaminantes.

También vemos problemas en algunas plantas hidroeléctricas, tanto de capacidad como de infraestructura. El caso de Orosí es un ejemplo, pues deberá detener operaciones temporalmente para reparaciones.

Creo que debemos ser realistas. La demanda eléctrica está creciendo aceleradamente, tanto por razones tradicionales como por nuevas industrias asociadas a los microchips, la inteligencia artificial y la electrificación del transporte.

Queremos autobuses eléctricos, un tren eléctrico y una economía cada vez más electrificada. Todo eso requiere mucha más energía y no pareciera que el ICE pueda cubrir por sí solo esa demanda futura, especialmente con fuentes limpias y renovables.

A partir de agosto, en sesiones extraordinarias, ¿Cuáles deberían ser las prioridades del bloque opositor?

Por supuesto, la defensa de la democracia, la separación de poderes y la institucionalidad.

En lo personal, me interesa impulsar varias iniciativas.

Una de ellas es una reforma electoral para fortalecer el sistema de partidos políticos. Necesitamos depurar el escenario político y evitar que existan agrupaciones que no tienen vocación de gobierno ni cumplen una función social clara.

También considero necesario elevar los requisitos para inscribir partidos políticos. Nuestro Código Electoral se ha quedado rezagado respecto de las mejores prácticas internacionales y del crecimiento de la población.

Otra prioridad es fortalecer la educación dual. Fue una buena iniciativa, pero no ha logrado despegar debido a las trabas que enfrentan las empresas que desean participar.

También me interesa impulsar cambios en la homologación de títulos obtenidos en el exterior. Debemos facilitar el regreso de costarricenses que estudiaron fuera y que encuentran poco atractivo volver al país debido a los obstáculos para validar sus estudios.

Además, en educación debemos revisar temas como la gobernanza del MEP, la infraestructura educativa y la excesiva centralización de decisiones, que limita la capacidad de respuesta de las direcciones regionales.

¿Cuál es su posición sobre la búsqueda de una solución para Crucitas?

Creo que Crucitas es uno de los problemas más complejos que enfrenta el país.

En política pública se habla de "problemas retorcidos" cuando no existe una solución única, sencilla o rápida. Y este es uno de esos casos.

Ahí convergen problemas ambientales, de seguridad, salud pública, crimen organizado y desarrollo social.

Como no soy experta en el tema, me he dedicado a estudiar y consultar con personas que sí tienen conocimiento técnico.

Creo que hacen falta mesas de trabajo. No considero que el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo sea perfecto.

Probablemente habrá que legalizar de alguna forma parte de la actividad que actualmente ocurre en la zona.

También he escuchado propuestas como la tokenización del oro, planteada dentro del bloque democrático. Me parece una idea innovadora e interesante, aunque quisiera comprenderla mejor.

La posibilidad de legalizar la explotación minera en alguna medida podría ser una de las pocas alternativas capaces de resolver, al menos parcialmente, el problema.

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