No hubo acuerdo entre Fiscalía y Los Gary-Gery para establecer pena: banda narco afronta segundo juicio
El Ministerio Público y los miembros de la banda narco que opera en Curridabat y Tres Ríos, conocida como Los Gary-Gery, no llegaron a ningún acuerdo para establecer una pena de cárcel. Ahora, los sospechosos afrontan un segundo juicio por comercialización de drogas y ataques armados.
Un total de 31 sospechosos fueron sometidos a juicio desde finales de febrero. El inicio de ese primer debate estuvo marcado por tropiezos y reclamos del equipo legal de los imputados, quienes estaban anuentes a negociar una sentencia reducida mediante la aceptación de cargos.
Esto a través de un procedimiento especial abreviado contemplado en la ley, en el cual los acusados aceptan los hechos que se les imputan a cambio de que el fiscal solicite una pena menor. En esta alternativa procesal al juicio oral, los acusados renuncian al derecho de escuchar y discutir la prueba, admite su legitimidad y negocia un castigo que le resulte favorable.
El primer juicio fue anulado a finales de junio porque las audiencias se suspendieron por un plazo mayor al permitido por ley.
Pese a que en el primer juicio el grupo buscó la posibilidad de someterse a un proceso abreviado, para el segundo debate —que arrancó el 14 de julio pasado— tanto los sospechosos como la Fiscalía Adjunta Especializada en Delincuencia Organizada (FAEDO), a cargo del caso, optaron por no negociar y dar inicio al juicio.
Los miembros de Los Gary-Gery prefirieron no aceptar voluntariamente una pena de prisión, debido a los cambios en los centros penitenciarios del país, donde se han reducido las llamadas, las visitas y la recepción de alimentos.
Además, aunque el Ministerio Público estaba dispuesto a negociar con la totalidad de los sospechosos, no todos aceptaban, pues consideraban que podrían salir bien librados.
Al no lograrse un acuerdo, se inició el juicio, que ya ha avanzado con la lectura de la acusación, la identificación de los acusados y la presentación de al menos dos testigos. Esta semana está suspendido por la incapacidad de uno de los abogados privados.
Rafael Guillén, uno de los defensores, ratificó la falta de acuerdo entre las partes.
"Ya para este nuevo juicio, no se dio ningún tipo de negociación con procesos abreviados, toda vez que han variado las condiciones penitenciarias y además, a muchos ya no les interesaba el proceso al haber escuchado ya la pieza acusatoria y ver cómo se desarrollaban las cosas", confirmó el jurista.
En este juicio se acusa a un grupo de 31 personas —vinculadas al narcotráfico y a homicidios— dirigido por dos hermanos: Gary Alexander y Gery Alexander Campos Barrantes.
La investigación fue realizada por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y se remonta al año 2018. Permitió vincular a los imputados con varios delitos, entre ellos homicidio calificado, así como venta, almacenamiento y transporte de droga.
Según la acusación, los imputados integraban una estructura criminal dedicada a adquirir, poseer, traficar, distribuir, preparar, dosificar y comercializar sustancias ilegales.
Operaban principalmente en sectores de Cartago —específicamente en el cantón de La Unión—, en San Pedro de Montes de Oca y hasta en Quepos. Solo nueve de los imputados cumplen prisión preventiva, mientras que los demás se mantienen en libertad.
El primer debate estuvo marcado por obstrucciones, incapacidades y constantes retrasos.
Encontronazos con jueces
La razón de la anulación fue que el juicio se mantuvo suspendido por un plazo mayor a los 20 días permitidos por la ley.
El Código Procesal Penal (artículo 336) establece que las audiencias deben realizarse sin interrupciones, aunque autoriza a los jueces a suspenderlas hasta por 10 días en ciertas circunstancias, como incapacidades, enfermedad u otras causas de fuerza mayor.
En casos complejos, como los de crimen organizado, el plazo puede extenderse hasta 20 días (artículo 378), pero no debe superarse.
El 26 de mayo se recibió al último testigo, y el plazo para retomar el juicio vencía el 20 de junio. El Tribunal intentó ese día continuar con la audiencia, pero los abogados presentaron una recusación —recurso para separar a los jueces—, lo cual impidió la continuación de la recepción de prueba.
Ante ese panorama, y previendo que una eventual condena pudiera ser anulada por violación al principio de continuidad, los jueces decidieron declarar la nulidad del juicio y reiniciar el proceso desde cero.
El 26 de mayo de 2025 el juicio avanzaba, aunque de forma atropellada. Ese día, durante la primera audiencia de la mañana, se recibió el testimonio de un testigo. Después de eso, no se evacuó ninguna otra prueba, a pesar de los esfuerzos del Tribunal.
El desarrollo del primer juicio estuvo marcado por enfrentamientos entre los imputados y los jueces.
El 23 de junio, alrededor de las 3:00 p. m., los jueces hicieron pasar a un testigo, pero fueron recusados nuevamente. A esa incidencia se sumó un altercado protagonizado por casi todos los imputados, calificado por los jueces como un "espectáculo", el cual quedó documentado en la grabación del debate.
Por eso, el abogado Guillén celebró que con el cambio de jueces el ambiente haya sido distinto.
"Arrancamos sin ninguna novedad el día 16 con la conformación de un tribunal que ha demostrado un manejo del debate de forma correcta, respetuoso del derecho de los imputados del debido proceso y del respeto hacia los profesionales que ejercemos la defensa.
Eso ha generado un ambiente muy positivo, de respeto mutuo y que ha permitido que el debate avance de forma correcta y sin pérdida de tiempo", detalló el defensor.
Otras incidencias también impidieron reanudar el juicio. El 27 de mayo, el Tribunal se constituyó, pero no pudo sesionar porque Gery Alexander Campos Barrantes alegó estar sobremedicado, con dolor intenso y sin condiciones mentales para participar.
Los jueces ordenaron el secuestro de su expediente clínico y una valoración médica y psicológica. También se ordenó examinar a otro imputado, de apellido Cubillo.
El 28 de mayo no se sesionó debido al dictamen médico legal 2025-3694, que recomendó una valoración adicional en el área de psicología o psiquiatría antes de continuar. Esta situación impidió sesionar entre el 29 de mayo y el 6 de junio.
El 9 de junio, el Tribunal tampoco sesionó por una incapacidad médica de otro imputado, de apellido Conejo, válida hasta el 11 de junio. Ese mismo día, un abogado presentó un dictamen que le recomendaba reposo hasta el 13 de junio.
El lunes 16 de junio no se celebró audiencia porque uno de los defensores tenía programada otra causa. El 17 de junio, el Tribunal se constituyó, pero no pudo sesionar debido a una nueva incapacidad presentada por el imputado David Morales Navarro, vigente hasta el 20 de junio. Ese mismo día, otro abogado presentó incapacidad médica por 24 horas.
El 19 de junio se presentó una incapacidad de otro imputado, Humberto Carvajal Calderón, válida hasta el 20 de junio. Ese mismo día, Joshua Solano Miranda sufrió un accidente antes de ingresar a la sala, por lo que fue remitido a emergencias. Para avanzar, el Tribunal ordenó separarlos del proceso y continuar la causa en paralelo.
El 20 de junio, con el plazo máximo de suspensión a punto de vencerse, el Tribunal intentó evacuar a un testigo. Sin embargo, fue recusado nuevamente, esta vez por el abogado Adrián Solano, luego de que se rechazara un recurso de revocatoria.
Presentada la recusación, los jueces quedaron impedidos de continuar hasta que esta fuera resuelta. El trámite fue atendido de inmediato y rechazado el 23 de junio por otro tribunal.
Ese mismo día, se retomó la audiencia, pero al intentar recibir otro testimonio, la defensa presentó una nueva recusación. Además, intentaron recusar al tribunal encargado de conocer la recusación anterior, lo que provocó otra paralización entre el 23 y el 26 de junio.
Finalmente, el 27 de junio la defensa desistió de la recusación. Sin embargo, ya se había superado con creces el plazo máximo legal. Según el Tribunal, esto provocó la pérdida de inmediatez respecto de la prueba ya evacuada, afectando el principio de continuidad del juicio.
El motivo principal por el que no se pudo reanudar el juicio, según los jueces, fue la serie de recusaciones presentadas por la defensa, algunas justo cuando estaba por vencerse el plazo de suspensión.
Incluso, la última recusación se presentó el mismo día límite, y la defensa desistió una vez vencido el plazo, lo que aprovecharon para alegar su vencimiento.
Los jueces cuestionaron que los abogados utilizaron la figura de la recusación como una maniobra para impedir la continuidad del juicio y provocar su nulidad.
Aunque el Código Procesal Penal no establece que las recusaciones interrumpen automáticamente los plazos si no pueden resolverse de inmediato, el Tribunal concluyó que la defensa actuó con deslealtad procesal, usando las recusaciones como táctica para evitar la recepción de testigos y generar un vicio que terminó beneficiando a los acusados.
El Tribunal reconoció que las únicas interrupciones bajo su control fueron las autorizadas a defensores el 3 de abril y el 6 de mayo para atender otros procesos. Pero las incapacidades presentadas por imputados —como Araya y Campos Barrantes— escaparon a su control y debieron ser evaluadas por la Clínica Médico Forense.
Concluyeron que continuar el juicio en esas condiciones solo arrastraría un vicio con altas probabilidades de nulidad. Por ello, resolvieron anularlo para garantizar el debido proceso.
