Negativa de gobierno para financiar más fiscales debilita lucha contra crimen organizado
Hacienda bloqueó transferir ₡6.000 millones al Poder Judicial que ya estaban presupuestados para fortalecer Ministerio Público y al OIJ
Desde mediados de 2024, cuando la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada (JEDO) del Poder Judicial apenas cumplía su primer año de funcionamiento, el fiscal general de la República alertó que esa instancia judicial ya estaba colapsada.
La JEDO es una sede judicial creada recientemente para tramitar los expedientes más complejos y graves de crimen organizado en cualquier parte del país. Pese a su corta existencia, ya se encuentra saturada de trabajo y no logra dar abasto con todos los casos que se le asignan.
Una de las razones es la carencia de personal con que cuenta el Ministerio Público en diferentes despachos, entre ellos la Fiscalía Adjunta Especializada en Delincuencia Organizada (FAEDO), responsable de los grandes procesos penales contra grupos estructurados.
Esta debilidad se agravó con la reciente negativa del Gobierno de Rodrigo Chaves Robles de proveer recursos para aumentar el personal del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y del Ministerio Público, aun cuando los fondos ya estaban presupuestados.
El Ministerio de Hacienda comunicó recientemente al Poder Judicial que no entregaría los recursos destinados a financiar un conjunto de plazas en los años 2025 y 2026, a pesar de que dichos fondos habían sido aprobados por la Asamblea Legislativa en el Presupuesto Ordinario del año en curso.
El jerarca del Ministerio Público explicó que la no transferencia de esos recursos golpeará fuertemente a despachos con alta carga de trabajo, como los de crimen organizado, pero también a aquellos que atienden casos de delitos sexuales, violencia intrafamiliar, agresiones contra mujeres y otros delitos motivados por razones de género.
"En la Fiscalía podríamos decir que a nivel general estamos bastante ahogados, la falta de personal es bastante grande, una de ellas en el área de crimen organizado y narcotráfico.
Otra de las líneas donde tenemos bastante déficit es en los fiscales que realizan juicios y también los fiscales que atienden lo relativo a violencia contra las mujeres.
En estas líneas es donde mantenemos también mayores deficiencias, incluso para este año se nos habían dado recursos para atender el problema de la violencia contra las mujeres y por una decisión del Ministerio de Hacienda esos recursos que nos había dado la Asamblea Legislativa muy consciente de la problemática, no llegaron a la Fiscalía, entonces vamos a tener que continuar atacando el fenómeno delictivo contra una población vulnerable con escasez de recursos", explicó Díaz.
En el caso del Ministerio Público, las plazas solicitadas estaban destinadas mayoritariamente a reforzar fiscalías y despachos que asumen investigaciones y procesos en materia de género o agresiones sexuales.
Desde abril y mayo, ya habían advertido que el monto total requerido para cubrir la necesidad de talento humano no había llegado, aunque Hacienda había programado la entrega a lo largo del año. Muy pocas plazas fueron cubiertas con una parte del dinero que el Poder Ejecutivo sí desembolsó.
En julio, la Corte Suprema de Justicia recibió la confirmación del entonces ministro de Hacienda, Nogui Acosta, y de la Dirección de Presupuesto Nacional de que no entregarían los fondos. Consultado por este medio en mayo, cuando ya se presentaban retrasos, Acosta justificó la no transferencia:
"Ya se giraron ₡3.000 millones, pero el hecho de que esté en el presupuesto no significa que lo tenga que girar, y mientras no estén las condiciones no se girarán. Mientras no tenga Eurobonos no es posible", replicó ante el cuestionamiento de este medio.
En octubre de 2024, el Congreso redirigió más de ₡14.400 millones para inyectar recursos a instituciones clave en la lucha contra el crimen organizado, la violencia y los homicidios que azotan al país.
De ese monto, ₡9.346 millones fueron asignados al Poder Judicial, específicamente para contratar 255 agentes del OIJ y unos 75 puestos en la Fiscalía.
Los únicos ₡3.000 millones girados en marzo respondieron a la presión pública y política que enfrentaba el Gobierno tras el homicidio del subjefe del OIJ en Guápiles, Geiner Zamora, asesinado por el crimen organizado.
Previo, en diciembre de 2024, el director general del Presupuesto Nacional, José Luis Araya, informó al Poder Judicial que no transferirían los recursos, por orden del exministro Acosta y en abierta desobediencia a la disposición legislativa.
Uno de los mayores retos que enfrenta el sistema de justicia en Costa Rica es la protección de las mujeres víctimas de violencia o agresiones. Una muestra de ello es que únicamente el 14 % de las denuncias llega a juicio, y la mitad de esos casos concluye en sentencia absolutoria, de acuerdo con el informe Estado de la Justicia 2025.
Durante el periodo 2019-2022, el Ministerio Público finalizó 18.486 expedientes relacionados con delitos prioritarios vinculados a la violencia contra las mujeres. Solo en 14 de cada 100 casos se solicitó apertura a juicio.
Esa cifra corresponde a los delitos más graves, como femicidio, maltrato, tentativa de femicidio, tentativa de violación, violación, violación agravada, violación calificada y violación contra una mujer.
Ante tal saturación, el Ministerio Público se había comprometido a fortalecer la atención de estos delitos, esfuerzo que ahora se ve mermado ante la negativa del Gobierno de girar los ₡6.000 millones restantes ya presupuestados.
