Natalia Díaz no es la única: Fiscalía convocó a 5 sospechosos más de caso Pista Oscura

Natalia Díaz Quintana, exministra de la Presidencia del actual gobierno y aspirante presidencial, se presentó esta mañana ante los Tribunales de San José tras ser citada por la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA).

Ella es una de las 14 personas que figuran como imputadas en el caso Pista Oscura. Esta causa penal está relacionada con una serie de anomalías que, supuestamente, fueron orquestadas desde el Poder Ejecutivo para desviar cerca de $40 millones y realizar una reparación parcial de la pista del aeropuerto Daniel Oduber Quirós, en Liberia.

Las acciones ilegales se dividen en dos líneas de investigación. Una está vinculada con la preparación del contrato para las obras y la modificación, meses después, de un decreto de emergencia relacionado con varias tormentas, con el objetivo de incluir a Liberia —y por ende, a la terminal aérea— en dicha declaratoria.

Luego, una vez adjudicado el contrato a la constructora MECO, al parecer se ejecutaron maniobras para reducir la cantidad de trabajos de reparación en la calzada de aterrizaje terminal aérea, a pesar de que el valor del contrato solo se redujo en $4 millones.

Díaz no es la única investigada que debió acudir al llamado de la Fiscalía. Al menos otros cinco involucrados también fueron citados entre ayer martes y este miércoles, para que presentaran sus datos de identificación.

El Ministerio Público confirmó a CR Hoy que este miércoles, además de la exministra, también se recibió a Orlando Marín Fallas, ingeniero jefe de la Unidad de Gestión de Procesos de Reconstrucción de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE).

A Marín se le atribuye, en razón de su cargo, haber intervenido en el supuesto plan criminal que investiga la Fiscalía.

En reuniones virtuales y actividades presenciales, habría ejercido presión indebida sobre los ingenieros de la Unidad Ejecutora del proyecto para que accedieran a las pretensiones de la empresa imputada, Constructora MECO S. A., que supuestamente procuraba reducir las obras sin una reducción proporcional en el valor del contrato.

Ayer martes, la FAPTA recibió a Fernando Naranjo Elizondo, quien fungió como director de la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) entre octubre de 2022 y el 12 de marzo de 2024.

A él se le atribuye haber dado apariencia de legalidad a la intervención por emergencia, así como emitir instrucciones verbales a ingenieros de la Unidad de Infraestructura Aeronáutica para que apoyaran al Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) en la elaboración de los términos de referencia para contratar la rehabilitación de la pista bajo esa figura.

Federico Baltonado Aragón, miembro de la junta directiva del Conavi, también fue citado y se le atribuyen acciones similares a las de Marín Fallas.

José Alfredo Sánchez Zumbado, presidente de la empresa Constructora MECO S. A., y un ingeniero de esa compañía llamado Mario González Chinchilla completan la lista de los seis imputados del caso Pista Oscura citados por el Ministerio Público esta semana.

De acuerdo con parte del expediente judicial en manos de CR Hoy, la empresa representada por estos dos sospechosos fue la que promovió una ingeniería de valor que pretendía reducir las obras y evitar la reparación completa que estaba estipulada inicialmente en el contrato.

Por esta misma causa, a inicios de mayo la Fiscalía detuvo a cuatro imputados: el exministro de Obras Públicas y Transportes, Mauricio Batalla Otárola; el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), Alejandro Picado Eduarte; el director general de Aviación Civil (DGAC), Marcos Castillo; y un ingeniero de la CNE, Henry Villalobos, jefe de la Unidad de Fiscalización.

A los imputados citados entre ayer y hoy se les investiga por su posible participación en distintas fases de las irregularidades.

Según se investiga, la emergencia se habría justificado de forma falsa, ya que se atribuyeron los daños que presentaba la pista a la tormenta tropical Bonnie y a otras ondas tropicales ocurridas en 2022, aunque los perjuicios se habrían presentado con anterioridad a esos fenómenos naturales.

Tras la emisión de la declaratoria de emergencia, los trámites para ejecutar las obras se simplifican, ya que se requiere realizarlas en el menor tiempo posible. Esto implica no solo la disponibilidad inmediata de recursos, sino también que no se requiere el refrendo previo de la Contraloría General de la República.

Además, lo actuado —según la investigación— permitió modificar un decreto ejecutivo e incluir a Liberia en la emergencia nacional, lo que habilitó una contratación por $39,9 millones, adjudicada a la empresa Constructora MECO S. A.