Narcos de Aguantafilo en Hatillo expulsan a vecinos de sus casas para montar búnkeres

Para varias organizaciones criminales que operan en Hatillo, San José, y que han tomado posesión de puntos de venta en la Ciudadela 25 de Julio, más conocida como Aguantafilo, no basta con controlar edificaciones del Estado como antiguas instalaciones de Centros de Cuido (Cecudi) del Ministerio de Salud o salones comunales. Ahora también se apropian de casas de vecinos de esa comunidad para expandir sus puntos de venta de droga.

Marcelo Solano, director de la Policía Municipal de San José (PMSJ), confirmó a CR Hoy que la policía conoce casos de personas despojadas de sus propiedades por estos grupos.

Mediante amenazas o engaños, los criminales logran sacarlas de sus casas, dejándolas sin otra opción que abandonar el inmueble que les costó años de trabajo.

Encontramos una dinámica de violencia en donde las organizaciones criminales expulsan a los vecinos de sus casas, los intimidan ya sea por deudas con gota a gota (prestamistas informales) o porque tienen alguna rencilla con otra organización criminal, simplemente porque que son objetivos de la organización, los expulsan de la casa y una vez que logran adueñarse de la propiedad la ponen a trabajar como búnker o sitios de almacenamiento

Según investigaciones judiciales recientes, en Aguantafilo operan varios grupos con un pacto o tregua para dividirse los puntos de distribución de narcomenudeo, lo que reduce los asesinatos o enfrentamientos violentos.

Entre los principales operadores de búnkeres destacan sujetos conocidos como Eros, Mono y Chiquitillo, quienes controlan estructuras de venta que generan entre dos y cinco millones de colones diarios cada uno.

Para mantener esa fluidez en sus negocios, estos sujetos forman alianzas con organizaciones de barrios cercanos, como Los Lara en Sagrada Familia, Churro en Tirrases y Los Myrie en Alajuelita. Un ejemplo es Mono o Chango, quien domina gran parte de los puntos de venta gracias al respaldo de Los Lara, mientras que Eros permanece en Medellín, Colombia, dando órdenes a sus subalternos con apoyo de bandas más grandes.

Estos personajes encabezan las acciones de matonismo para apropiarse de viviendas. Primero identifican posibles objetivos y buscan tener casas estratégicas que sirvan como búnker, refugio o bodega, evitando concentrar todo en un mismo inmueble.

Alquilan su propia casa

Otra modalidad para despojar a los lugareños consiste en el cobro de pequeñas deudas con prestamistas gota a gota, quienes, a modo de crédito prendario, ponen como garantía las casas de los deudores por sumas mínimas comparadas con el valor real de la propiedad.

"Llega la organización criminal con un abogado que se presta para esta actividad y hace a esta persona firmar una escritura donde traspasa, donde cede los derechos de su propiedad, la propietaria va a responder por el crédito y aunque la persona sigue viviendo en su casa le paga un alquiler al que se hizo de la de la escritura porque ya no le pertenece", explicó Solano.

También arrebatan los derechos de propiedad, pero permiten que las personas sigan viviendo ahí mientras utilizan el inmueble para actividades ilícitas, sin importar que los dueños originales continúen habitándolo.

"Aunque la propiedad registrada sigue estando a nombre del legítimo propietario, este ya no tiene control en esa propiedad. También encontramos personas que tienen propiedad en manos del gota a gota y esas están obviamente directamente relacionado con el narcotráfico", detalló.

Aguantafilo y propiedades estatales

Estas acciones se suman a las reveladas por CR Hoy sobre la apropiación que grupos narcos han hecho de edificios del Estado en Aguantafilo, Sagrada Familia y María Reina de Hatillo.

Las autoridades han identificado que operan en las instalaciones demolidas del Cecudi, propiedad del Estado y ocupadas ilegalmente por estas organizaciones desde hace años. Allí incluso ingresan consumidores para adquirir y consumir drogas.

Cuando patrullan las autoridades, los compradores se retiran, los vendedores desaparecen entre los pasajes y la actividad ilícita parece desvanecerse.

"Hemos intervenido estos lugares en coordinación con la Policía Judicial y la Fiscalía. Son edificaciones públicas vandalizadas e inhabilitadas para su uso original. Aunque hemos demolido algunas, ellos buscan nuevos espacios", explicó Solano.

Esta zona se considera un barrio tomado por búnkeres que abastece a proveedores de otras comunidades, incluso fuera de la capital.

"Relacionamos los búnkeres con habitantes de calle, pero también llegan carros de alta gama. Algunos compradores actúan como intermediarios para surtir organizaciones criminales en otras partes del país", dijo.

El subdirector del OIJ, Michael Soto, confirmó que Aguantafilo es un punto estratégico de abastecimiento que trasciende los barrios del sur, pues la droga llega a diferentes zonas del país.

"La droga ya procesada, es decir, el crack ya preparado, ya dosificada las dosis de marihuana o cocaína se vuelve muy oneroso. Oneroso porque en la venta diaria en búnker pueden generar, uno, dos y hasta tres millones de colones al día y ya cuando es distribución hacia otras zonas indudablemente genera muchísimos más recursos. Son zonas muy peleadas", explicó Soto.

Para sostener el negocio, los grupos de Aguantafilo mantienen alianzas con organizaciones de barrios cercanos, como Los Lara en Sagrada Familia, Churro en Tirrases y Los Myrie en Alajuelita.

"(…) tienen una alianza criminal al punto de distribuir las casas para venta de droga, se dan soporte logístico entre ellos, por una especie de acuerdo de respeto entre las organizaciones para dividirse la comunidad", detalló Solano.