₡260 millones sin ejecutar ¿Por qué el Liceo Rural de Tárcoles sigue sin edificio?
Fondos públicos por ₡260 millones fueron asignados para construir el centro educativo, pero conflictos administrativos, trabas legales, contratos firmados y problemas de planificación mantienen el proyecto paralizado y sin ejecución
Si tiene solo unos segundos, lea estas líneas:
- ₡260 millones públicos fueron transferidos para construir el colegio, pero nunca se ejecutaron, y ahora el dinero está atrapado entre contratos, trámites legales y conflictos administrativos.
- El proyecto quedó paralizado por errores técnicos, falta de permisos, problemas ambientales y mala planificación, incluyendo planos registrados como "centro comercial".
- Mientras el dinero sigue sin poder recuperarse ni usarse, los estudiantes reciben clases en condiciones precarias, sin infraestructura adecuada, sin tecnología y sin un edificio educativo digno.
La crisis que enfrenta el Liceo Rural de Tárcoles no se limita al abandono de sus antiguas instalaciones. Detrás del deterioro del centro educativo existe una cadena de malas decisiones administrativas, procesos inconclusos y recursos públicos sin ejecutar que mantienen a los estudiantes sin un colegio digno para su formación.
Durante la sesión ordinaria #104 del Concejo Municipal de la Municipalidad de Garabito, realizada el pasado 16 de febrero, el director del centro educativo, Daniel Abraham, expuso las condiciones en las que actualmente opera el colegio: clases y capacitaciones se desarrollan en un salón comunal sin ventilación cruzada, con temperaturas superiores a los 38 grados y sin condiciones mínimas de infraestructura educativa.
A esta precariedad se suma un grave déficit de recursos tecnológicos pues el abandono de las instalaciones abrió la puerta al saqueo.
Vecinos relataron que personas ajenas al centro educativo llegaron en vehículos y se llevaron computadoras, pantallas y otros equipos que aún permanecían dentro del inmueble, lo que provocó un faltante de al menos 20 computadoras.
Esta situación obligó al personal docente a buscar soluciones improvisadas, incluso prestando sus equipos personales, para que los estudiantes pudieran realizar la reposición de las recientes Pruebas Nacionales Estandarizadas.
₡260 millones sin ejecutar
De forma paralela a la precariedad educativa, existe un conflicto administrativo por ₡260 millones destinados originalmente a la construcción del colegio.
El alcalde de Garabito, Francisco González, indicó ante el Concejo que el gobierno local ha solicitado la devolución de esos recursos, los cuales fueron entregados a la Asociación de Desarrollo Integral (ADI) de Tárcoles para la construcción del centro educativo, pero nunca fueron ejecutados.
Según explicó, la orden del Concejo Municipal es que esos fondos regresen a la municipalidad para ser redirigidos directamente al proyecto de infraestructura educativa y reactivar la construcción del colegio bajo control institucional.
Desde el departamento financiero municipal se detalló que, en diciembre de 2023, el Concejo aprobó la transferencia de ₡260 millones a la ADI de Tárcoles, sin que el convenio estableciera con claridad el alcance del proyecto, el terreno específico ni la naturaleza técnica de la obra.
¿Remodelación o nuevo liceo?
Según lo expuesto en la sesión ordinaria, inicialmente se planteó la remodelación de las instalaciones que utilizaban los estudiantes, pero posteriormente el proyecto derivó hacia una posible construcción en un terreno de la asociación, sin una definición formal previa.
El gobierno local señaló que el monto fue aprobado sin contar con planos definitivos ni un diseño técnico claro. Posteriormente, la asociación contrató planos, pero en la documentación técnica figuraba la denominación de "centro comercial", mientras que el convenio municipal establecía como objetivo la construcción del Liceo Rural de Tárcoles, lo que generó conflictos legales y administrativos.
Dicha contratación tuvo un costo cercano a los ₡20 millones.
"En el Sistema Digital Unificado (SICOP) ellos suben el proyecto para hacer la licitación; queda adjudicada con esos planos que dicen centro comercial. La empresa queda adjudicada, cumple con todo y, hasta ese momento, ellos suben el Administrador de Proyectos de Construcción (APC) al Colegio de Ingenieros para el permiso correspondiente municipal; la municipalidad lo revisa y no cumplen", explicó Sofía Schmidt, directora financiera municipal.
Proyecto paralizado
Cuando se inició el trámite de permisos municipales, la obra fue rechazada por incumplimientos técnicos y legales: falta de segregación del terreno, ausencia de requisitos ambientales y omisión de lineamientos obligatorios para infraestructura educativa, incluyendo trámites ante SETENA y el Colegio de Ingenieros.
Desde ese momento, el proyecto quedó paralizado y, a raíz del desorden administrativo, la Contraloría General de la República intervino el proceso, lo que derivó en solicitudes formales de devolución de los recursos. Posteriormente, el Concejo Municipal ordenó que el dinero fuera reintegrado para ser redirigido directamente a la construcción del centro educativo.
Sin embargo, el dinero no ha sido devuelto en su totalidad. Una parte de los fondos fue utilizada en la contratación de planos, lo que impide una devolución íntegra inmediata. Según el análisis financiero municipal, el monto recuperable rondaría los ₡240 millones.
Además, existe un contrato vigente con la empresa adjudicataria, lo que bloquea el cierre administrativo del proceso.
Respuesta de la Asociación de Desarrollo Integral
Por su parte, Patricia Chacón, presidenta de la Asociación de Desarrollo Integral (ADI) de Tárcoles, sostuvo en entrevista con CR Hoy que los planos nunca fueron concebidos para fines comerciales, aunque fueron registrados bajo una modalidad distinta a la educativa debido a que, por ley, únicamente el Ministerio de Educación Pública (MEP) puede construir centros educativos formales en el país.
Indicó que, por esa razón, se modificó la denominación de "aulas" a "cubículos", manteniendo —según afirma— las mismas dimensiones y especificaciones técnicas establecidas por la Dirección de Infraestructura Educativa del MEP.
Chacón señaló además que los lineamientos técnicos fueron definidos en coordinación con un funcionario municipal, quien sirvió de enlace con el MEP para determinar las medidas y requerimientos exigidos por la institución, y que el terreno destinado al proyecto pertenece legalmente a la asociación.
La propuesta, explicó, consistía en utilizar esa infraestructura como centro educativo provisional y, una vez que el MEP construyera su propio colegio en un terreno institucional, los espacios quedarían en manos de la asociación para el desarrollo de proyectos comunitarios, educativos y técnicos.

Render del Liceo Rural de Tárcoles. Crédito: Asociación de Desarrollo Integral (ADI) de Tárcoles
Sin embargo, indicó que el MEP no tiene presupuestada la construcción del colegio de Tárcoles y que, aunque existe un terreno a nombre del ministerio, la asociación no puede intervenirlo legalmente.
Sobre el freno del proyecto, Chacón aseguró que deben cumplir con una restricción ambiental que obliga a respetar una franja de protección de 200 metros respecto a un río cercano, lo que obligó a modificar los planos.
Esa modificación —explicó— fue rechazada por la municipalidad, lo que detuvo el proceso constructivo, pese a que ya existía una empresa adjudicada y un contrato firmado.
También afirmó que la solicitud de devolución de los fondos no puede ejecutarse de forma inmediata ni unilateral, debido a los compromisos contractuales existentes y a la necesidad de valorar eventuales daños y perjuicios con la empresa adjudicataria.
"Nuestro problema ahora es construir o devolver el dinero, pero devolverlo con el debido proceso y con la frente en alto", indicó Chacón. Además, agregó que "la asociación no genera ingresos actualmente. El dinero no se puede tocar para nada".
Aulas móviles
Mientras tanto, la Dirección de Infraestructura Educativa (DIE) del MEP señaló, en noviembre del año anterior, la reubicación e instalación de dos módulos de aulas y una batería sanitaria móviles que se encontraban en la Escuela Mora y Cañas, de Cocal de Puntarenas, según consta en un documento al que CR Hoy tuvo acceso.
No obstante, para su instalación se requiere una inversión cercana a los ₡70 millones, recursos que, en otro contexto, pudieron destinarse a la construcción de las nuevas instalaciones permanentes.
Esta nota forma parte de un trabajo conjunto que incluye la crónica "Donde hubo aulas, hoy hay ruinas: el abandono del Liceo Rural de Tárcoles", donde se retrata el impacto humano y simbólico del abandono del centro educativo en la comunidad.


















