Villalta impide aprobar suspensión de anualidades a burócratas
(CRHoy.com) El diputado del Frente Amplio, José María Villalta, impidió que este lunes los diputados pudieran votar el proyecto de ley 21.917, que eliminaría el pago de anualidades a los funcionarios públicos en los años 2021 y 2022.
Este mañana, previo a la sesión del Plenario Legislativo, los jefes de fracción de las bancadas legislativas habían previsto votar el texto en primer debate en la sesión de este lunes, sin embargo Villalta lo impidió con un monólogo que protagonizó en la sesión.
El frenteamplista agotó este lunes en la mañana todos los espacios para defender más de una decena de mociones de reiteración y de revisión que presentó al texto, las cuales buscaban hacer diferenciación entre los funcionarios a los que se les recortaría este beneficio. Todas sus mociones fueron rechazadas por los congresistas.
Al final de la sesión legislativa no se lograron conocer todas las mociones presentadas por Villalta y el proyecto no pudo ser discutido por el fondo ni ser votado en primer debate.
El plan eliminaría el pago de anualidades a los funcionarios del Poder Ejecutivo, incluyendo ministerios y órganos desconcentrados, así como a los poderes Legislativo y Judicial, sus órganos auxiliares y el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). Dichas instituciones no podrán presupuestar ningún monto para el pago de anualidades en el 2021 ni para el 2022.
Las estimaciones del Poder Ejecutivo arrojan que este ahorro sería de ¢44 mil millones , los cuales se inyectarían al Fondo Nacional de Emergencias para atender crisis por COVID-19
En un inicio la idea del gobierno era eliminar el pago de dicho incentivo en el 2020, sin embargo, como dicha propuesta no se aprobó antes del 1 de junio cuando se aplicó el pago del plus, el Ejecutivo optó por pedir que se cancele el pago de los próximos dos años.
El nuevo texto acogido por la comisión es impulsado por la liberacionista Silvia Hernández, el texto se dictaminó en la comisión de Asuntos Económicos el 16 de julio anterior.
La medida se aplicaría también en las entidades autónomas, las empresas públicas del Estado y las municipalidades, las cuales deberán reintegrar de forma íntegra, al Ministerio de Hacienda, el dinero que hayan presupuestado para pagar ese rubro.
Hacienda solo podría utilizar ese dinero para financiar gastos que, de momento, se tengan previsto sufragar con deuda interna.
El texto probado establece que, pese a que el beneficio no se pagará durante el 2021 y 2022, la evaluación del desempeño de los empleados públicos se mantendría durante ambos años.