Villalobos vuelve a apartarse del Gobierno y cuestiona póliza para policías
El diputado de Pueblo Soberano (PPSO), José Miguel Villalobos, volvió a apartarse de la posición del Gobierno, esta vez durante la discusión de un proyecto de ley que pretende crear una póliza para cubrir la responsabilidad civil y los gastos de defensa legal de funcionarios policiales que enfrenten procesos penales.
Se trata de una iniciativa presentada por la administración de Rodrigo Chaves Robles y que actualmente se tramita en la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa.
Durante el debate, Villalobos cuestionó la viabilidad jurídica y operativa del texto y se manifestó en contra del informe de subcomisión elaborado por su compañero de bancada, Wilson Jiménez, y la diputada del Frente Amplio, Joselyn Sáenz.
"Estoy a favor de la idea, pero completamente en contra de la propuesta como está. Tiene errores terribles y hace imposible que funcione", subrayó Villalobos.
El legislador incluso señaló faltas ortográficas en el texto y cuestionó la figura de una póliza para cubrir responsabilidad civil y gastos de defensa legal, e insinuó que debería contemplarse otro mecanismo.
Según explicó, la propuesta presenta problemas técnicos al pretender proteger a personas "acusadas penalmente", cuando la cobertura debería aplicarse desde la condición de "imputadas", es decir, desde el inicio del proceso penal.
Además, señaló que el texto omite otros procesos judiciales que podrían enfrentar los policías, como demandas civiles o contencioso-administrativas.
Villalobos también criticó que la iniciativa no establece plazos de cobertura ni cuantifica las implicaciones económicas que tendría para el Estado.
Asimismo, cuestionó la viabilidad de que abogados del Estado asuman la defensa de funcionarios policiales bajo la redacción actual del proyecto.
Oficialismo defiende iniciativa
En contraste, la diputada oficialista Kattia Calvo rechazó las observaciones de Villalobos y defendió la propuesta, apelando a su experiencia como integrante de cuerpos policiales.
La legisladora sostuvo que el proyecto busca saldar una deuda histórica con los funcionarios de seguridad.
"Es una deuda de 32 años que tenemos con las fuerzas policiales, a quienes lamentablemente no nos alcanza el salario para asumir las defensas legales en materia penal", manifestó.
Calvo también destacó el trabajo realizado por la subcomisión y calificó el informe como un trabajo "expedito".
El proyecto sobre policías acusados
La iniciativa corresponde a un expediente presentado por el Poder Ejecutivo en noviembre de 2025.
La póliza se incorporaría como un derecho dentro de la Ley General de Policía y tendría como objetivo proteger a los funcionarios policiales cuando, como consecuencia del ejercicio de sus funciones, enfrenten acusaciones penales relacionadas con actuaciones realizadas en el cumplimiento de su deber.
La cobertura aplicaría únicamente cuando el funcionario haya actuado conforme a las instrucciones, protocolos y procedimientos institucionales vigentes al momento de los hechos.
Quedarían excluidos los casos derivados de decisiones de carácter administrativo, actuaciones dolosas o realizadas con culpa grave, así como cualquier conducta que constituya una violación a los derechos humanos.
Observaciones de Servicios Técnicos
El Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa también emitió observaciones sobre el proyecto.
En un análisis jurídico, advirtió un problema de técnica legislativa debido a que la propuesta pretende adicionar un inciso i) a un artículo que ya contiene un apartado con esa misma denominación, lo que podría provocar la eliminación involuntaria de un derecho vigente relacionado con el reconocimiento salarial por capacitación.
Asimismo, señaló que la redacción actual podría extender el beneficio a todos los cuerpos policiales regulados por la Ley General de Policía, pese a que no todos enfrentan los mismos niveles de riesgo penal.
Segundo distanciamiento
Esta es la segunda ocasión en que Villalobos se aparta de la posición impulsada por el Gobierno.
El pasado jueves, también cuestionó un proyecto del Ejecutivo y un informe de la diputada oficialista Marta Esquivel, para combatir el robo de combustible, al rechazar tanto el aumento de las penas de prisión como la creación de una policía auxiliar adscrita a la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), iniciativa que también se tramita en la Comisión de Asuntos Jurídicos.
Ante las diferencias entre el informe de subcomisión y los cuestionamientos planteados durante el debate, la presidenta de la comisión y diputada del PPSO, Marta Esquivel, decidió suspender la discusión y retomarla en una próxima sesión, prevista para el miércoles.
