Villalobos se aparta del Gobierno en debate sobre penas por robo de combustible
El diputado oficialista José Miguel Villalobos se desmarcó del Gobierno en la discusión de un proyecto de ley para combatir el robo de combustible, al rechazar tanto el aumento de las penas de prisión como la creación de una policía auxiliar adscrita a la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope).
Durante el debate en la Comisión de Asuntos Jurídicos, Villalobos aseguró que no respaldará ninguna reforma relacionada con tipos penales y cuestionó que algunas de las conductas incluidas en la iniciativa ameriten sanciones más severas.
"Los incrementos de penas no serán aprobados ni votados por este servidor", afirmó.
El legislador también rechazó la propuesta de crear la Unidad de Protección Especial de Ductos de Combustible (UPED), una policía auxiliar adscrita a Recope para combatir el robo de hidrocarburos.
Villalobos calificó la iniciativa como un "ornitorrinco jurídico".
"No puede ser que se cree una unidad policial dentro de una sociedad anónima. Eso es impensable, eso es demencial. Eso no soporta la más mínima lógica", sostuvo.
¿Qué propone el proyecto?
La discusión gira en torno al expediente "Ley para fortalecer la prevención y sanción de actividades ilegítimas relacionadas con el robo de combustibles".
La iniciativa, que se presentó durante la administración anterior de Rodrigo Chaves, propone aumentar de entre 1 y 4 años a entre 5 y 15 años de prisión las penas por transporte y distribución ilegal de combustibles.
También plantea elevar de entre 2 y 5 años a entre 3 y 8 años las sanciones por favorecimiento ilegal de combustibles.
Además, incorpora penas de entre 5 y 8 años cuando el inmueble utilizado para estas actividades esté afectado por una servidumbre de poliducto o de paso a favor de Recope.
Villalobos cuestiona el aumento de sanciones
Durante la sesión se conocieron dos informes de subcomisión.
El primero, firmado por Abril Gordienko, del PUSC, y Éder Hernández, del PLN, elimina la creación de la UPED tras observaciones planteadas por la Fiscalía General y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
El segundo corresponde a un informe de minoría presentado por la diputada oficialista Marta Esquivel, presidenta de la comisión, que mantiene la propuesta original impulsada por el Ejecutivo.
Villalobos cuestionó ambos documentos.
También criticó el texto sustitutivo impulsado por Gordienko y Hernández, que propone aumentar las penas por transporte, distribución y comercialización ilegítima de combustibles de entre 1 y 4 años a entre 3 y 8 años de cárcel.
"Ya solo ahí triplica el mínimo y duplica el máximo", señaló.
La propuesta original del Gobierno plantea penas aún mayores, de entre 5 y 15 años.
El legislador argumentó que algunas de las conductas contempladas en el proyecto podrían constituir faltas administrativas y no necesariamente delitos que requieran castigos más severos.
Pese a sus objeciones, indicó que respaldaría con reservas el informe de minoría impulsado por Esquivel. Sin embargo, adelantó que presentará mociones y un texto sustitutivo con sus propias observaciones jurídicas.
Esquivel defiende la propuesta del Gobierno
La posición de Villalobos encontró resistencia dentro de su propia bancada.
Marta Esquivel defendió el aumento de penas y la necesidad de establecer mecanismos especiales para proteger la infraestructura de Recope.
"Yo no sé si ustedes alguna vez han ido a Recope y han caminado el poliducto. Realmente ahí se requiere una policía especial", afirmó.
Tras el intercambio, Esquivel decretó un receso que se prolongó durante una hora y quince minutos. Durante ese periodo, los diputados oficialistas abandonaron la comisión.
Al reanudarse la sesión, la legisladora levantó la reunión sin someter a votación ninguno de los informes.
La discusión continuará este martes 9 de junio, cuando la Comisión de Asuntos Jurídicos retomará el debate y votará las propuestas.
