(VIDEO) ¿Quién era el abogado de Tony Peña que intermedió en pago de soborno a juez?
Fue acribillado por un "comando de la muerte" el pasado 16 de agosto
Jorge Ramírez Salas, asesinado en agosto pasado, fue un funcionario del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) que también fungió como abogado del supuesto líder criminal de Limón, Tony Peña Russell.
Todavía en vida, este sujeto fue el intermediario que concretó la negociación y el pago de $15 mil al juez penal de Limón, Jean Carlo Sandí Chaverri, con el fin de autorizar a que un sospechoso de narcotráfico saliera de la cárcel.
Este miércoles tanto el OIJ como la Fiscalía Adjunta de Narcotráfico detuvieron al juez que, al parecer, recibió unos ₡7,5 millones (al tipo de cambio actual) por parte de Ramírez.
Esto con el fin de facilitar y hasta asesorar cómo debía buscar la liberación de Marco Herrera, alias "Banano", quien descontaba prisión preventiva mientras aguarda un juicio por hechos vinculados al trasiego y comercialización de droga.
No obstante, Ramírez Salas, era un viejo conocido por las autoridades. Fue liquidado por un comando de varios sujetos que lo interceptó y acribilló cuando él entraba con su camioneta a su vivienda en Santa Eduviges de Limón, el pasado 16 de agosto.
Ese día, un grupo encapuchados entraron a la propiedad donde al parecer residía, dispararon con armas de alto calibre en múltiples ocasiones contra el vehículo y en cuestión de 20 segundos, se retiraron de la propiedad corriendo.
Cuando los socorristas llegaron a la escena, encontraron sin vida a la víctima. A varios kilómetros del lugar, apareció en llamas un automóvil que presuntamente utilizaron los pistoleros para huir de la zona.
Crhoy.com justamente conversó con Ramírez el pasado 22 de junio, luego de la detención de Peña Russell. Sin embargo, en esa ocasión manifestó que ya no representaba al supuesto jefe de sicarios, alias "La T".
El supuesto capo criminal fue capturado un día antes, el pasado viernes 21 de junio tras 4 meses de estar en fuga, en lo que el OIJ denominó la captura del año.
Adicionalmente, Peña Russell, supuesto jefe de sicarios que operaba en la provincia de Limón, tenía dos celulares dentro de una celda de máxima seguridad en La Reforma en ese momento.
Allí permanece descontando tres meses de prisión preventiva y desde que está recluido, se le han incautado cuatro celulares, con los que en apariencia se mantiene dando órdenes.
El asesinato de Jorge Ramírez ocurrió cerca de 2 meses después de la captura de Tony Peña Russell. Por esa razón, no se descarta que el abogado fuera mandado a matar por su propio excliente y que "La T", estuviera vinculado u ordenara el crimen.
En entrevista con crhoy.com, Randall Zúñiga, el director del OIJ confirmó que el actuar de los sospechosos de este crimen tiene muchas coincidencias con el modo de operar que tenía la agrupación de Peña Russell para ejecutar a sus víctimas.
En el caso de Peña Russell, los homicidios que hemos tenido acreditados en apariencia, generalmente se le disparaba mucho a la cabeza "para mandar un mensaje". Se hacía tipo comando, como ustedes lo vieron en el video, se aprovechan o buscan un momento de debilidad de la persona para defenderse.
En este caso, él estaba metiendo el carro ahí en el garaje y evidentemente no tenía la posibilidad de repeler ningún ataque. Entonces, son características ya muy propias de organizaciones criminales que han buscado el sicariato, como modos vivendi.
Peña Russell es perfilado como jefe de una estructura de sicarios que sería responsable de unas 60 muertes. Fue detenido en una de sus viviendas, debido a que tenía control de varias casas para trasladarse entre una y otra.
Directamente, se le liga con unos 10 asesinatos y 2 tentativas de homicidio. Al capturarlo, le decomisaron dos armas AK-47, un fusil AR-15, tres pistolas, dinero, aparente droga, joyas y un vehículo.
Entrenamiento de sicarios
Extraoficialmente, este medio conoció que Ramírez Salas sería una de las personas investigadas por supuestamente entrenar a gatilleros con tácticas especializadas en el manejo de armas, dado que un video circuló mostrando la capacitación que recibían en un campo de tiro clandestino.
Los hechos ocurrieron el año pasado, pero las imágenes circularon hasta mediados de abril. El OIJ empezó una investigación que permitió identificar a los sospechosos, quienes supuestamente fueron miembros del cuerpo judicial.
También se consiguieron indicios de a cuál grupo criminal asesoraban con técnicas militares para el manejo de armas. No obstante, la investigación terminó en nada.
Esto debido a que ni el Código Penal ni ninguna otra ley establecen una figura de delito o penas por este comportamiento, lo que impide que el Ministerio Público pueda perseguir penalmente a los exagentes. Esta versión fue confirmada meses atrás por el fiscal general, Carlo Díaz.
Randall Zúñiga, director de la policía judicial, también explicó por qué los investigadores se vieron impedidos a continuar adelante con el caso.
Cuando se da la noticia de que exagentes de OIJ estaban dando entrenamiento táctico a personas que de alguna forma estaban vinculadas de actividad no necesariamente legal, se inicia una investigación y se coordina dirección funcional directamente con la Fiscalía. Sin embargo, no se logra encontrar un delito que pueda imputársele a ellos.
Las autoridades valoraron la "asociación ilícita", un delito que contempla la legislación nacional cuando hay personas que toman parte en una asociación de dos o más para cometer delitos, con una pena que se agrava si el objetivo es cometer actos de terrorismo o secuestro extorsivo.
Esa figura legal permite sanciones de hasta 6 años de cárcel, según el Código Penal. No obstante, OIJ no tenía competencia legal para seguir indagando.
