(VIDEO) PUSC y PLP buscarán archivar plan que castiga uso de imagen de la mujer
Diputadas socialcristianas y liberales califican como censura previa iniciativa del Frente Amplio
La diputada Daniela Rojas (PUSC) y Johana Obando (PLP) lucharán para archivar la ley. (Foto: Asamblea)
(CRHoy.com) Las fracciones del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y del Partido Liberal Progresista (PLP) buscarán archivar el expediente 21.375 que pretende regular toda publicidad y propaganda que utilice la imagen de la mujer, estableciendo además multas millonarias.
La iniciativa del Frente Amplio (FA) se dictaminó con cuatro votos en la Comisión de la Mujer, con el respaldo de la diputada Carolina Delgado del Partido Liberación Nacional (PLN), la oficialista Luz Mary Alpízar, la frenteamplista Rocío Alfaro y la diputada de Nueva República Olga Morera.
"Este proyecto busca ser una herramienta para luchar contra la sexualización, la objetivación, la discriminación, y otros formas de violencia que se expresan en la publicidad y propaganda", explicó la diputada Alfaro.
Censura previa
Para la diputada del PLP, Johana Obando el proyecto establece mecanismos de censura previa, multas y prohibiciones que afectarán a las empresas, especialmente a las pymes.
Obando indicó que lucharán para archivar el proyecto en el plenario.
"Estamos presentando un dictamen negativo y estaremos presionando para lograr que sea archivado", indicó.
Explicó que bajo la supuesta idea de defender a la mujer, el proyecto propone la aplicación de censura previa a cuanto texto, boceto, anuncio, volante, guion, etc., sea impreso o digital que incluya a mujeres.
Para Obando, este es un proyecto de ley que limita la libertad de la mujer.
"Quiere protegerla tanto, que restringe sus libertades básicas. Sugerimos realizar una ley que integre la perspectiva de género, invitando a todos los sectores involucrados a aportar sus insumos", añadió la diputada.
La liberal concuerda en que es importante velar y proteger la imagen de la mujer en la publicidad, pero es necesario rechazar cualquier posibilidad de censura previa que atente contra el artículo 13 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, asimismo, es necesaria la educación desde los diferentes frentes: comercios, publicidad, instituciones públicas y privadas.
Una ley de antaño
De igual forma la jefa de fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Daniela Rojas indicó a CRHoy.com que buscarán archivar el proyecto.
Explicó que volverán mocionar el proyecto en plenario como lo permite el reglamento.
"La idea es archivar el proyecto aquí en plenario, lo que esperamos, no porque no nos importe tema, sino porque este proyecto es una traba más al sector productivo y con el agravante que las empresas de publicidad no quieran contratar a mujeres o familias para sus campañas", señaló Rojas.
"Esto es una ley de hace 50 años donde la realidad era otra y si bien se ocupa un marco jurídico para el tema debe ser adaptado a nuestra realidad", agregó la socialcristiana.
La fracción del Partido Liberación Nacional (PLN) está dividida en cuanto al respaldo del proyecto, al igual que el resto del oficialismo.
Multas
El proyecto establece fuertes multas para los infractores:
Se impondrá una multa de cinco a veinte salarios base (es decir, ¢2.3 millones a ¢9.2 millones) a la persona física o jurídica que haya difundido publicidad comercial contraria al numeral 1 de la presente ley, que actualmente no se encuentre en circulación y que no pudo ser retirada cuando estuvo expuesta al público por parte del Ministerio de Gobernación y Policía.
Se impondrá una multa de diez a quince salarios base (es decir, ¢4.6 millones a ¢6.9 millones), a la persona física o jurídica responsable de la circulación de portadas o contraportadas de periódicos que presente a las mujeres como objetos sexuales para la promoción de sus ventas.
Se impondrá una multa de quince a treinta salarios base (es decir, ¢6.9 millones a ¢13.8 millones), a la persona física o jurídica que no cumpla con el retiro cautelar o definitivo de la propaganda o publicidad comercial, cuando este haya sido ordenado por el Ministerio de Gobernación en el ejercicio de sus funciones. Sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales correspondientes.