(VIDEO) Presidenta de la CCSS duda sobre deuda del Estado y se acerca postura con Hacienda
Mónica Taylor, presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), dudó sobre el monto de deuda del Estado con la institución y se alineó con la narrativa del Ministerio de Hacienda sobre cuestionamientos respecto a la deuda.
Durante la Comisión que investiga presuntas irregularidades en la Caja, Paulina Ramírez, diputada del Partido Liberación Nacional (PLN) consultó directivamente a Taylor sobre si conoce la deuda al día de hoy, ya que por el sistema informático ERP-SAP no se han emitido estados financieros.
"Todavía esa deuda no se ha definido porque tanto Hacienda como la Caja Costarricense tienen serias discrepancias en algunos de los montos. No podían decir cuál es ese monto", manifestó Taylor invalidando el trabajo de las entidades financieras de la institución que preside hace un año.
Chaves, el mayor deudor
El Gobierno de Rodrigo Chaves es el que registra mayor morosidad con la CCSS de los últimos 5 gobiernos, cerrando el 2023 con un 78 % de incumplimiento de las obligaciones generadas por el modelo de financiamiento subsidiado. Este modelo se refiere a la atención de personas en condición de pobreza y pobreza extrema y al seguro de la niñez.
De acuerdo con datos de la Contraloría General de la República (CGR), en 2022 hubo una morosidad del 70 %; es decir, Chaves solamente pagó el 30 % de lo que debía, cifra que disminuyó aún más en 2023, cayendo al 22 %. Además, en diciembre de 2024, la deuda ascendió a ¢3,5 billones, lo cual representa un 7 % del Producto Interno Bruto (PIB).
Para visualizar el alto incumplimiento de este gobierno, vale la pena comparar con los anteriores: en 2008, el Estado pagaba el 82 % de sus obligaciones; en 2010, el 100 %; en 2014, el 57 %; en 2018, el 53 %; y el cumplimiento de Chaves en 2022 y 2023 ni siquiera superó el 30 %.
Montos de la CCSS y narrativa del Gobierno
En enero de 2025, la deuda del Gobierno con la CCSS alcanzó los ¢4,2 billones, de los cuales ¢3,5 billones (un 82,22%) corresponden al Seguro de Salud.
Nogui Acosta, exministro de Hacienda, evidenció que el Gobierno no tiene intención de saldar la billonaria deuda que mantiene con la CCSS.
En una comisión legislativa y bajo juramento, el exministro expresó dudas sobre si realmente se le debe dinero a la institución. Al ser consultado sobre cuándo se pagará la deuda, respondió: "Hasta que la Caja pueda demostrar que efectivamente le debo algo".
"La elevada deuda estatal es un tema crítico que requiere atención inmediata", subrayó un informe de auditoría emitido en abril del año anterior y que planteó que esta situación va más allá de una simple gestión institucional, y representa un desafío a nivel nacional.
La Auditoría fue enfática en que para reducir esta deuda se necesita consenso y voluntad política, con participación activa de todos los sectores involucrados.
Señaló que la Presidencia Ejecutiva y la Gerencia Financiera deben establecer sin demora estrategias y acciones claras ante el Ministerio de Hacienda, ya sea mediante convenios u otras alternativas "disruptivas e innovadoras" que permitan recuperar, de manera progresiva, los montos adeudados.
Deuda con el IVM también va en aumento
Otro informe, también emitido en abril de 2025, advirtió sobre el panorama del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM). Entre 2020 y 2023, la deuda estatal con este régimen creció de forma acelerada, con aumentos del 37% en 2020 y del 35% en 2023 respecto al año anterior.
En el 2023, por ejemplo, el incremento fue de ₡167.834 millones en términos absolutos. Y en 2024, la deuda acumulada con el IVM fue de ₡734.605 millones, casi tres veces más que los ₡245.630 millones registrados en 2018, es decir, se triplicó en 5 años.
Esta acumulación sostenida, según la Auditoría, podría comprometer la sostenibilidad financiera de la CCSS tanto a corto como a largo plazo si no se toman medidas concretas.
Otro punto crítico señalado en el informe es que, entre 2020 y 2024, el Estado no ha pagado la totalidad de lo facturado por la CCSS para el IVM. Esta práctica de pagos incompletos ha contribuido directamente al crecimiento constante del saldo de la deuda.
Si el Estado hubiese realizado el pago total de lo facturado en cada periodo, si bien los ingresos aún no habrían sido suficientes para cubrir la totalidad de los egresos, el remanente habría permitido reducir el uso de los intereses generados por las inversiones para el pago de pensiones, lo que a su vez habría posibilitado su capitalización y el incremento de la reserva institucional, concluyó la Auditoría.