(VIDEO) Gobierno mantiene vivo plan para ayudar a autobuseros a alquilar unidades
Procuran acuerdo con Banco Nacional para gestionar arriendo de vehículos a autobuseras
(CRHoy.com). El gobierno de la República busca acordar un fondo de cooperación con el Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) para que el Estado alquile unidades de autobús a empresarios ante el vencimiento de las vidas útiles de algunos vehículos.
El plan, que está sobre la mesa desde hace varios meses, es una de las alternativas propuestas por la Administración Chaves Robles (2022-2026) para paliar la crisis financiera que alegan muchas compañías, las cuales sostienen que no cuentan con la capacidad económica para efectuar los cambios de unidades que ya cumplieron la vida útil (15 años).
El pasado 31 de diciembre se cumplió la antigüedad de aproximadamente 290 autobuses que operaban distintas rutas en el territorio nacional. Esta situación, con la pandemia por el coronavirus COVID-19 como antesala, provocó que los empresarios del sector clamaran para que se amplíe la vida útil de 15 años a 20 años.
Actualmente, existe un proyecto de ley que plantea ampliar la antigüedad de las unidades en 2 años. Es decir, extender la vida útil de los vehículos hasta los 17 años para compensar las dificultades económicas producidas por la emergencia sanitaria.
"Está el proyecto de ley que usted ya lo mencionó, que ha venido teniendo una serie de transformaciones. En paralelo, el gobierno viene moviéndose a través de un fondo con el BN, recursos para poder facilitar un alquiler de vehículo, como quien va y alquila, sin tener que comprar para que los empresarios puedan tener una forma fácil de disponer. Sin embargo, eso es algo difícil que toma su tiempo. Lo cual, lo hicimos ver el año pasado cuando pedimos tiempo para poder habilitar esto", explicó Amador, en la conferencia de prensa posterior al Consejo de Gobierno de este 15 de marzo.
¿Para qué querría el Estado tener sus propios buses de transporte público, si las rutas están concesionadas a empresas privadas? Según dijo el ministro en diciembre de 2022, si el Estado cuenta con su propia flotilla, se podrían atender situaciones específicas y adversas a los usuarios, como el abandono de rutas o la reducción de frecuencias en los servicios, debido a que las empresas no cuentan con unidades óptimas para operar.
"La figura legal del gobierno para meterse en la compra de autobuses es algo que tenemos que discutir. Tendré una reunión con el señor presidente (Chaves). Vamos a ver diferentes escenarios y ya después de eso, lo podré compartir más abiertamente", había dicho el jerarca el pasado 23 de enero, en declaraciones brindadas posterior a la audiencia que sostuvo ante la comisión legislativa de Infraestructura.
Amador detalló previamente que pretendían una solución con fideicomisos, fondos de desarrollo inmobiliario u otras figuras financieras que no requieran de la garantía soberana y de endeudamiento por parte del Estado. Así las cosas, la intención era optar por financiamientos con bancos estatales y que estos entes pudieran acceder a fondos blandos de la Unión Europea (UE) o de otros entes con tasa de interés más baja.
Sin precisar en el fondo de los casos, el funcionario afirmó este 15 de marzo que existen afectaciones en la operación de algunas empresas y acusó 2 factores: el vencimiento de la vida útil y la proliferación de servicios ilegales de transportes (conocidos como piratas).
"Tenemos una situación que desde diciembre venimos anunciando, para que se entienda claramente, que al vencer la vida útil de esos autobuses que llegaban a más de 15 años se iba a empezar a afectar el servicio. La afectación del servicio se da porque la cantidad de buses que están circulando ya no es la misma y al no ser la misma, hay problemas en la frecuencia.
"También, hay autobuseros que cuando el impacto es muy alto, porque tienen 3 o 4 buses, y de los 3 o 4 buses dos se salen, diay ya no pueden operar. Esa es una de las problemáticas que tenemos por vida útil. Tenemos otra problemática donde la cantidad de competencia ilegal que se está presentando, está absorbiendo parte de la demanda y entonces al autobusero no le está llegando la cantidad de personas suficiente para mantener su operación a flote", expuso el ministro.
Amador considera que bajo el contexto actual requieren, por lo menos, que se amplíe por 1 año la vida útil de las actuales unidades. Según sus estimaciones, brindadas en enero, si el Estado o las empresas compran buses, se podría tardar hasta 8 meses en afinar los pedidos y recibir las unidades.
El Consejo de Transporte Público (CTP) giró una notificación con la que advirtió que las unidades de autobús de transporte público de ruta regular, que ya cumplieron la vida útil (15 años), no pueden circular en carretera.
La institución señaló que la legislación vigente estipula que las compañías tienen 3 meses para sustituir los vehículos que debieron salir de circulación.
La junta directiva del CTP acordó, a finales de 2022, emitir una notificación a través del diario oficial La Gaceta para advertir sobre este asunto y reiterar que las unidades que ya cumplieron la vida útil no pueden operar.