(VIDEO) Estafadores, narcos y corruptos están en la mira de fiscales antilavado
Un total de 32 procesos por narcotráfico
(CRHoy.com).- La Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales investiga un total de 32 causas vinculadas con el tráfico de drogas, según un corte estadístico a mediados de octubre pasado, informó Andrés Garro Mora, fiscal especializado en dicha materia.
Estos 32 procesos penales son parte de un total de 170 investigaciones que se mantienen activas, las cuales también están vinculadas a otros delitos como estafas, sicariato, corrupción, tráfico de personas y extorsión.
Garro explicó que el "lavado de dinero" tiene la capacidad de afectar la política cambiaria del país. "Primero, se crea una distorsión comercial, pues, claramente, negocios que funcionan lícitamente no pueden competir con otros que se sostienen con dinero originado en actividades criminales", dijo el especialista en el programa radial Frecuencia MP.
El especialista aseguró que este delito tiene un efecto social, ya que el poderío económico de las personas dedicadas al "lavado de activos" ejerce una presión en la comunidad, exponiéndola a actividades criminales como lo son el narcotráfico y otros delitos graves.
El 29 de octubre pasado, se conmemoró el Día Internacional de la Prevención del Lavado de Activos.
El Ministerio Público informó que un aspecto importante en la persecución de este delito fue abrir, en enero pasado, una oficina de la Fiscalía de Legitimación de Capitales y Persecución Patrimonial en el aeropuerto internacional Juan Santamaría.
Desde su apertura a la fecha se abrieron 41 casos, de los cuales 24 están en trámite y 17 fueron desestimados. Sin embargo, mediante la figura legal de "capitales emergentes" se siguieron procesos en los tribunales donde se buscó el decomiso de montos que rondaban los $50.844 y €6.100.
La figura de capitales emergentes se usa en los casos donde no se puede determinar cuál es el delito que originó el patrimonio y tampoco se puede establecer una procedencia lícita.
"El Ministerio Público presenta una demanda en el Juzgado Contencioso Administrativo y, en ese juzgado, se le da audiencia a la persona a la que se le decomisó el dinero o los bienes; si esta no logra probar la procedencia lícita de este patrimonio, se dicta la pérdida del activo en favor del Estado", explicó.
Durante este año se presentaron un total de 37 demandas por $7.786.624,90 y ¢241.332.485, así como dos inmuebles y cuatro vehículos. Se obtuvo 8 sentencias con lugar, equivalentes a $57.227 y ₡44.834.000, dinero que pasa a las arcas del Estado.