(VIDEO) Especialistas: Proyecto estrella del Gobierno provocará una “cacería de brujas”
Reforma no aporta nada nuevo a lo ya establecido en el Código Penal
La jueza y docente Rosaura Chinchilla explicó los motivos por los que recomienda archivar el proyecto. (Foto: Minor Solís)
(CRHoy.com) El abogado y profesor de la maestría de Ciencias Penales de la Universidad de Costa Rica, Carlos Tiffel y la jueza del Poder Judicial y también docente Rosaura Chinchilla alertaron que el proyecto de ley expediente 23.104 "Ley de incentivos para la denuncia en la lucha contra la corrupción" que impulsa el Gobierno, lejos de lograr el objetivo que se anuncia podría generar una "cacería de brujas", además de no aportar ninguna novedad a lo que ya estipula el Código Penal en la lucha contra este flagelo.
Ambos especialistas en materia penal explicaron sus consideraciones a los diputados de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico donde se analiza la iniciativa.
Chinchilla señaló que en principio se trata de un proyecto muy simple de tres artículos.
El primero busca adicionar una serie de delitos al artículo 22 del Código Procesal Penal, con el fin de generar algún mecanismo para que se denuncie la corrupción.
"Pero este texto que se propone con el artículo actual vigente es exactamente lo mismo, es decir aún cuando el nuevo texto menciona delitos contra la administración de justicia, deberes de la función pública, la hacienda pública y el deber de probidad, que en el texto vigente no están indicados en su especificidad, lo que hay que entender es ya se hace referencia en el texto actual a la delincuencia organizada, delitos graves y tramitación compleja, que el sistema penal ya cobija estas particularidades", explicó Chinchilla.
Amplió que en materia penal, todo delito grave es aquel que tiene una pena mayor a los cuatro años de cárcel y precisamente el texto propuesto agrega delitos que ya tienen penas de más de cuatro años y están cobijados en la definición de delitos graves.
Duplicidad
En el caso de los delitos donde se puede aplicar lo que se conoce como el testigo de la corona (que se entiende cuando se prescinde de la persecución penal de alguien que tiene menos responsabilidad a fin de que esa persona colabore en el proceso) ya se aplica en los delitos de tramitación compleja.
Chinchilla indicó que esos delitos se dan cuando hay muchos imputados, muchos testigos o pruebas que es lo que suele ocurrir en los delitos de la corrupción, lo que quiere decir que lo que se propone en el texto del proyecto también ya está vigente en la normativa actual.
Otro cambio tiene que ver sobre la delincuencia organizada, que se produce cuando dos o más personas se unen para cometer delitos graves, y tiene penas de más de cuatro años.
"Este mecanismo que se pretende introducir con un inciso que ya está comprendido en su generalidad, es decir se pretende una duplicidad del inciso vigente no hay ninguna novedad", mencionó la abogada.
Considerar un quebranto al deber de probidad cuando el funcionario público que conozca la corrupción la oculte y no la denuncie, eso ya está contemplado en el ordenamiento jurídico costarricense, no con las mismas palabras pero con la misma vía.
Así lo dice el artículo 329 del Código Penal, es delito no denunciar un hecho cuando el funcionario está obligado a hacerlo y sabe del caso.
Se contradice
Otro aspecto que señala Chinchilla es que el proyecto elimina un inciso del artículo 12 a la Ley de responsabilidad de las personas jurídicas sobre cohechos domésticos, soborno transnacional y otros delitos,
Esa norma busca disminuir la sanción a las personas jurídicas, órganos de representación y representantes de las personas jurídicas cuando antes de iniciar un proceso judicial, si estás iniciaron programas de cumplimiento y denuncia, les implica una disminución de la sanción.
Pero el proyecto pretende eliminar ese incentivo, lo que es contradictorio cuando se anuncia como proponer incentivos para denunciar.
Posibles consecuencias
El proyecto debería incluir además un incentivo económico para quien haga las denuncias.
Al menos esa es la promesa que hizo la jefa de fracción del oficialismo, Pilar Cisneros, de enviar un nuevo texto del proyecto con ese aspecto que también se mencionó con vehemencia por el ahora presidente Chaves en la campaña.
Los expertos conociendo que ese cambio no se ha presentado, hicieron también un análisis de las consecuencias de otorgar un incentivo económico a quien denuncie.
- Requiere un rubro presupuestario importante que el Poder Judicial no tiene y además se repetiría el error de seguir aprobando leyes sin contenido presupuestario, como en muchas ocasiones la Contraloría General de la República ha pedido no se siga con esa práctica.
- Ocupa una redacción tan rigurosa que permita descartar denuncias falsas por ánimo de lucro.
- Implica analizar la eficacia de la información y que no replique investigaciones ya en camino.
Pero lo más peligroso de una propuesta es que generaría como ya lo produjo en la edad media, que es una cacería de brujas, es decir denunciar en función de temas económicos
La diputada y abogada litigante, Gloria Navas ha calificado el proyecto como "una locura". Foto: Asamblea)
"Partiendo de los tres artículos que contiene el proyecto desde el punto de vista técnico mi recomendación es que el proyecto de archive, no aporta absolutamente nada nuevo de lo que ya tenemos, no hay ningún estudio que determine que por esta vía se va a combatir efectivamente la corrupción, duplica instituciones que dificultad a los operadores del sistema, jueces, fiscales, la aplicación del texto que podría generar baches de impunidad, tiene efectos contrarios a lo que se pretende e incorpora incentivos económicos que tienen costo presupuestario e impactarán negativamente en la credibilidad del testigo", enfatizó.
Fortalecer los mecanismos de control interno
Tiffel agregó que el proyecto hace creer que a "mayor denuncia menos delito y que a mayor denuncia habrá mayores condenas, lo cual es absolutamente falso".
Insistió que se parte de una tésis que entre más denuncia haya habrá menos corrupción, pero no existe ningún estudio que lo demuestre.
"El carácter persuasivo que puede tener en contra de delitos tan serios y graves como los delitos contra la corrupción en el ámbito de la función pública no residen en la denuncia o desde mi punto de vista no es con más denuncia se va a lograr el efecto que se pretende. Resulta más efectivo el principio de rendición de cuentas o garantizar el acceso a la información pública a los medios de comunicación", mencionó.
Tiffel señala que podría tener más impacto fortalecer los mecanismos de control interno, como las auditorías institucionales para generar más elementos preventivos que otorgar un incentivo económico a un denunciante.