(VIDEO) Diputada propone cárcel por actos racistas
La diputada Katherine Moreira tuvo el apoyo de toda la fracción del PLN. (Foto: Asamblea)
(CRHoy.com).-La diputada del Partido Liberación Nacional (PLN) Katherine Moreira presentó el expediente 23.674 que propone tipificar como delitos actos de violencia o discriminación por factores de carácter étnico-racial y que se castigaría con penas de prisión.
La legisladora detalló que el proyecto "establece el marco normativo para asegurar la garantía del respeto, protección, cumplimiento y promoción de los derechos de igualdad y equidad; así como, definir y erradicar el racismo, prohibir la discriminación étnico-racial y formas conexas de intolerancia".
Moreira agregó que durante los últimos meses, Costa Rica ha vivido una serie de actos racistas que han sido denunciados por los medios de comunicación, que han involucrado espacios como el deporte y centros educativos.
Sin embargo, existe poco margen de acción para sancionar a aquellos que provocan efectos, principalmente, psicológicos, a los afectados.
Sanciones
Dentro de los delitos que se establecen se encuentran el maltrato físico o psicológico, restricciones a la libertad de tránsito, restricciones a la autodeterminación étnica, la sustracción, apropiación y daño patrimonial, la limitación al ejercicio del derecho a la propiedad, daños al patrimonio cultural, la obstaculización de acceso a la justicia y el incumplimiento de deberes de los funcionarios públicos.
Las sanciones establecidas van desde multas económicas hasta la prisión, de acuerdo con la gravedad del delito.
Por ejemplo el proyecto indica:
Maltrato: A quien por cualquier medio golpee o agreda física o psicológicamente a una persona por motivos de discriminación étnico-racial, siempre que la conducta no constituya un delito más grave o previsto con una pena mayor, sin que incapacite para sus ocupaciones habituales, se le impondrá pena de prisión de tres meses a un año.
Restricción a la libertad de tránsito: Será sancionado con pena de prisión de dos a diez años, quien, con o sin ánimo de lucro, prive o restrinja la libertad de tránsito a una persona por motivos de discriminación étnico-racial, siempre que la conducta no constituya un delito más grave o previsto con una pena mayor.
Restricción a la autodeterminación: Se le impondrá pena de treinta a ciento veinte días multa a quien, mediante el uso de amenazas, violencia, intimidación, chantaje, persecución o acoso, obligue a una persona por motivos de discriminación étnico-racial, a hacer, dejar de hacer o tolerar algo a lo que no está obligada. Dicha pena se aplicará siempre que la conducta no constituya un delito más grave o previsto con una pena mayor.
Sustracción patrimonial: Será sancionado con pena de prisión de seis meses a tres años, a quien sustraiga ilegítimamente algún bien patrimonial, mediante engaño, simulación de hechos falsos u ocultamiento de hechos verdaderos, por motivos de discriminación étnico-racial, siempre que la conducta no constituya un delito más grave o previsto con una pena mayor.
Apropiación patrimonial: Será sancionado con pena de prisión de seis meses a tres años, a quien se apropie ilegítimamente algún bien patrimonial mediante amenazas directas, intimidación, violencia física, verbal o psicológica o amenazas a familiares hasta por tercer grado de afinidad o consanguinidad, por motivos de discriminación étnico-racial, siempre que la conducta no constituya un delito más grave o previsto con una pena mayor.
Daño patrimonial: Será sancionada con una pena de prisión de tres meses a dos años la personas que destruya, inutilice, haga desaparecer o dañe un bien patrimonial, o un bien que es susceptible de ser ganancial, en perjuicio de otra persona por motivos de discriminación étnico-racial, siempre que no configure otro delito más grave o previsto con una pena mayor.
Limitación al ejercicio del derecho de propiedad: Será sancionada con pena de prisión de ocho meses a tres años, la persona que impida, limite o prohíba el uso, el disfrute, la administración, la transformación, la enajenación o la disposición de uno o varios bienes que formen parte del patrimonio de una persona por motivos de discriminación étnico-racial, siempre que la conducta no constituya un delito más grave o previsto con una pena mayor.
Daño al patrimonio cultural: Será sancionado con las penas de los artículos 20 y 21 de la Ley N°7555 del 4 de octubre de 1955 y sus reformas, a quien dañe o destruya, total o parcialmente, los bienes inmuebles que formen parte de la identidad cultural de determinados grupos étnicos por motivos de odio o discriminación étnico-racial.
Obstaculización del acceso a la justicia: La persona que, en el ejercicio de una función pública propicie, por un medio ilícito, la impunidad u obstaculice la investigación policial, judicial o administrativa por acciones de violencia física, sexual, psicológica o patrimonial, cometidas en perjuicio de una persona por motivos de discriminación étnico-racial, será sancionada con pena de prisión de tres meses a tres años e inhabilitación por el plazo de uno a cuatro años para el ejercicio de la función pública.
Incumplimiento de deberes agravado: La pena de inhabilitación para ejercer cargos públicos por el delito de incumplimiento de deberes aplicable a personas funcionarias públicas será de dos a seis años, si el incumplimiento se produce en una situación de riesgo para la integridad personal o de necesidad económica de la víctima.
Además, el proyecto modifica la Ley 4573 del Código Penal, mediante una reforma al artículo 380, donde se endurecen las penas establecidas; a su vez, añade dos nuevos artículos, a saber, el 380 bis, mediante el cual se castiga la difusión, distribución, exhibición, publicación, organización o financiamiento de material discriminatorio, o que, promueva o aliente estereotipos, prejuicios o sesgos que inciten a otras personas a rechazar, desprestigiar, odiar, discriminar o a cometer actos de violencia a otra acción que constituya un hecho ilícito contra una persona o un grupo de personas por motivos étnico-raciales.
Mientras, que el artículo 380 ter, establece una pena de seis meses a dos años de prisión a la persona que forme parte de una organización que se inspire en ideas o teorías basadas en la superioridad de una raza o busque promover los discursos de odio y la discriminación basada en motivos étnico-raciales.
Finalmente, el proyecto, crea como nuevas causales que facultan al trabajador o al patrono para dar por terminado su contrato de trabajo, cuando exista discriminación étnico-racial.
La jefa de fracción del PLN, Kattia Rivera lamentó que en pleno Siglo XXI el país pareciera involucionar en aspectos relacionados a los derechos humanos, por lo que este proyecto es necesario para dar una respuesta a la sociedad.