(VIDEO) Defensa de Pancho Villa y abogada apelarán condena de cárcel que recibieron por soborno a jueza
La defensa legal del narcotraficante Darwin de la Trinidad González Hernández, alias Pancho Villa, y de la abogada Gracel María Arguedas González —condenados a seis y cinco años de cárcel, respectivamente, por realizar ofrecimientos indebidos a una jueza de la República— adelantó que apelarán la sentencia.
Ambos fueron declarados por el Tribunal Penal de Goicoechea dictada este martes, como autores del delito de procuración de impunidad, al intentar sobornar a la jueza Hazel Murillo Beita con el fin de que testificara a favor de la banda que dirigía González, el cual afrontó un juicio en 2024 por narcotráfico y legitimación de capitales.
Juan Carlos Peralta, uno de los abogados, aseguró que la determinación de los jueces les tomó por sorpresa, cuestionó los fundamentos utilizados para imponer las penas de cárcel a ambos imputados y confirmó que apelará.
El jurista considera que los hechos señalados por la Fiscalía contra el Narcotráfico y Delitos Conexos son atípicos, es decir, que no se ajustan a la descripción del delito establecida en el artículo 61 de la Ley 8204.
Esta norma sanciona con pena de tres a diez años a quien exhorte a un funcionario público para lograr la impunidad de otras personas. Por ello, Peralta sostiene que González y Arguedas debían ser absueltos.
"Fuimos muy certeros al demostrarle al tribunal y al solicitarle la atipicidad de los hechos porque consideramos que los elementos sus objetivos del tipo penal no se dan.
Aquí básicamente se descansó en la teoría de la defensa en el hecho de que la denunciante nunca actuó como jueza, nunca se le exhortó como jueza e incluso ella misma al momento de declarar sostuvo de que nunca se tocó su puesto, nunca se habló de su puesto como jueza, ni tampoco se le indicó que qué ofrecimiento se le hacía ni nada.
La exhortación no se dio nunca y a un funcionario público no, porque lo que se buscó según Hazel era que ella fuera a declarar sobre una relación sentimental que mantuvo con uno de los imputados, era declarar sobre un hecho personal de ella.
Ya lo que ella declarara ya iba a quedar a a criterio del tribunal que iba a valorar si el hecho causaba algunos defectos a nivel de proceso. Pero el tribunal, al momento de explicar la sentencia, dice que el delito se da porque Murillo Beita era una juez que se le pidió declarar sobre aspectos procesales. Eso no es cierto", indicó Peralta.
Los jueces condenaron a ambos porque, pese a estar en prisión preventiva mientras afrontaba un juicio por narcotráfico y legitimación de capitales, Pancho Villa mantenía comunicación mediante llamadas telefónicas y mensajes de WhatsApp con supuestos cómplices para gestar un intento de soborno a la jueza.
¿Cómo se gestó?
El cabecilla de una banda asentada en la Zona Sur se encontraba recluido en el módulo de máxima seguridad de La Reforma a inicios de 2024, mientras aguardaba el inicio del debate oral y público. De acuerdo con la Fiscalía Contra el Narcotráfico y Delitos Conexos, desde entonces giró instrucciones vía telefónica.
Las comunicaciones se realizaban con un intermediario identificado como Raúl Paniagua Paniagua, quien, a su vez, debía contactar a la abogada Arguedas González para que, supuestamente, aprovechara su amistad de larga data con la Murillo Beita y le hiciera ofrecimientos o hiciera un primer acercamiento.
Posteriormente, el 22 de enero de 2024, siguiendo las órdenes e indicaciones de González y Paniagua, la abogada contactó vía Messenger a la funcionaria Hazel Murillo Beita para solicitarle su número celular y coordinar una reunión.
Continuando con el plan liderado por Pancho Villa, el 15 de febrero de 2024 Arguedas utilizó el servicio telefónico para contactar a la jueza penal, a quien le propuso encontrarse el 17 de febrero.
Cabe recordar que el 6 de agosto de 2024 se ejecutó un allanamiento en la celda del líder narco, donde se encontraron al menos dos teléfonos celulares en el recinto carcelario. Ese mismo día se realizó un operativo en una vivienda en Bella Luz de Corredores, Puntarenas, donde fue detenido Paniagua, quien luego quedó bajo arresto domiciliario.
Los dos celulares decomisados a Darwin de la Trinidad en máxima seguridad aportaron pruebas clave para el caso del intento de soborno a la funcionaria judicial. González afrontó un juicio por narcotráfico junto a 13 personas más, acusado de liderar una banda dedicada a la importación y distribución de drogas.
Aparentemente, la abogada buscó a inicios de año a la jueza, aprovechando que compartieron aulas universitarias en 2005. Se presume que, durante el reencuentro, la imputada solicitó realizar acciones en beneficio de la estructura criminal, a cambio de un pago, tras eventuales contactos con el grupo de sospechosos.
Las autoridades sostienen que la abogada pretendía que la jueza Murillo Beita declarara a favor de los acusados en el juicio de Pancho Villa, alegando una supuesta actividad procesal defectuosa en el caso. El encuentro se concretó en febrero de 2024.
Al parecer, Arguedas le indicó a la jueza que había sido contactada por el grupo criminal para solicitarle dichas acciones y beneficiarlos a cambio de dinero. En el pasado, la juzgadora estuvo a cargo de ordenar y resolver diligencias dentro del expediente penal.
La jueza Murillo Beita, supuestamente, fue pareja de uno de los exagentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) investigados en el proceso. De hecho, debe presentarse a testificar en el juicio contra el presunto grupo narco de Pancho Villa.
Durante fases judiciales previas al debate, Murillo ordenó y resolvió varias diligencias contra la red de narcotráfico. Según los abogados defensores, la jueza mantuvo un vínculo sentimental con uno de los acusados de narcotráfico.
En específico, señalan que existió una relación con el hombre de apellidos Campos Jiménez, un exinvestigador del OIJ acusado de aprovechar su condición de agente judicial para asesorar al grupo narco y escoltar droga.
Para la defensa, la jueza Murillo debió apartarse del caso y no resolver gestiones en la fase previa al debate debido a un posible conflicto de intereses por conocer al investigado. Los abogados buscaban refutar que esta jueza haya intervenido de forma indebida.