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(VIDEO) ¿Abre portillos? Pilar Cisneros busca que ciudadanos decidan sobre pensiones

Diputada oficialista busca “acabar” con las pensiones de lujo

Por Bharley Quiros | 9 de May. 2023 | 7:33 am

Diputada oficialista Pilar Cisneros. (Foto: Asamblea)

(CRHoy.com) La diputada oficialista Pilar Cisneros Gallo impulsa una reforma a la Ley de referéndum para que los ciudadanos puedan decidir sobre pensiones.

El referéndum se introdujo como herramienta de consulta ciudadana en una reforma a la Constitución Política, al artículo 105, quedando en firme el 28 de mayo del 2002.

Lo que admite que la ciudadanía ejerza la potestad de legislar, para aprobar o derogar leyes y reformar parcialmente la Constitución Política cuando lo convoque al menos el 5% de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral.

Pero los legisladores incluyeron una serie de excepciones a este mecanismo participativo, en materia presupuestaria, tributaria, fiscal, monetaria, de pensiones, seguridad, de aprobación de empréstitos y créditos Estado.

Por ello, Cisneros presentó una reforma constitucional para volver a modificar dicho artículo y eliminar el impedimento de consulta sobre pensiones.

"Al contrastar las exclusiones, resulta comprensible que materias fiscales, tributarias, presupuestarias, monetarias, crediticias y de contrataciones, por la tecnicidad involucrada, ameriten ser excluidas, pero las pensiones es materia propia y del entero interés de la ciudadanía", señala en sus justificaciones el expediente 23.724.

¿Por qué hay excepciones?

El letrado del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) Mario Matarrita, explicó que es un instrumento novedoso en la normativa democrática del país, para que las personas puedan involucrarse en asuntos de "alto interés público".

Para convocarlo se puede hacer por tres vías:

  • Por la ciudadanía, teniendo las firmas del 5% del padrón electoral y el TSE revisa la propuesta y la aprueba.
  • Por el Poder Legislativo.
  • Y mediante un mecanismo conjunto entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo.

Matarrita explicó que hay dos tipos de excepciones al referéndum, las materiales por los temas que se quieran someter y las temporales.

Las materiales son las que indica el artículo 105: presupuestaria, tributaria, fiscal, monetaria, crediticia, de pensiones, de seguridad, de aprobación de empréstitos y actos de naturaleza administrativa.

Las temporales señalan que no se puede hacer un referéndum 6 meses de una elección presidencial ni 6 meses después.

"La materia de excepción se explica porque se entiende que es materia muy técnica y la gente tiene menos espacio para formarse una opinión y un conocimiento", indicó Matarrita.

Cualquier reforma a la Constitución Política requiere de 38 votos en el Congreso.

Es un error

Para el abogado constitucionalista Rubén Hernández, la propuesta de Cisneros es un grave error.

"Me parece un grave error, pues si se abre esa posibilidad nada impediría que se convocara un referéndum no para eliminar gollerías, sino más bien para ampliarlas", explicó.

Para el abogado esto sería un tema muy atractivo para un "populista de izquierda", pues todos los trabajadores estarían lógicamente de acuerdo en obtener más beneficios, no en que las restricciones.

De ahí la razón, agrega, de ser de la prohibición actual. Es el mismo razonamiento que prohíbe el referendo en materia tributaria. "Todo mundo pediría que se bajen los impuestos", mencionó.

"Además, el tema de pensiones es muy técnico y se requieren estudios actuariales para fijar pensiones equitativas y con debido sustento financiero", recalcó.

Hernández además duda que una reforma de este tipo tenga los 38 votos que se ocupan en el plenario para ser aprobada.

Son medidas que suenan bonito, populistas, pero son totalmente inconvenientes no resuelven nada, más bien pueden crear un problema, enfatizó el especialista.

Defiende propuesta

La diputada Cisneros insiste en que esta es la única vía para acabar con pensiones que son inconstitucionales.

Alega la diputada que el artículo 73 constitucional estableció un solo régimen posible de pensiones bajo la administración de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

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"Pero los diputados en el pasado y los gobiernos anteriores han tolerado los regímenes distintos que han generado onerosas contribuciones al Estado como patrono y, con ello, una carga creciente en las debilitadas finanzas públicas", afirmó.

El proyecto deberá ahora iniciar su camino en la corriente legislativa, que al tratarse de una reforma constitucional podría tardar hasta dos años.

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