Viajes de 147 funcionarios del Congreso a China costaron ¢165 millones en permisos
Una Auditoría Interna de la Asamblea Legislativa cuestionó los viajes a cursos en China realizados por 147 funcionarios del Congreso entre 2023 y 2025, debido a irregularidades en los permisos otorgados y al uso de fondos públicos por unos ¢165 millones en permisos con goce salarial.
Según el reporte, la Administración pagó aproximadamente un monto que incluye ¢161 millones en salarios y cargas sociales y ¢4 millones en pólizas de viaje.
Así consta en un informe en el que se advierte que los viajes se aprobaron sin cumplir requisitos establecidos, con expedientes incompletos y sin un análisis adecuado sobre la relación entre los cursos y las funciones de los funcionarios beneficiados.
Mayoría de viajes fueron a China
De acuerdo con los datos revisados, entre enero de 2023 y septiembre de 2025 se autorizó la participación de 212 funcionarios legislativos en actividades de formación en el exterior.
Sin embargo, la Auditoría señala como caso de especial atención los viajes a China, ya que 147 de esas 212 actividades correspondieron a cursos cortos impartidos en ese país.
Aunque el gobierno chino financió parte de los gastos —como tiquetes aéreos, costo de los cursos y una cuota de manutención—, la participación de los funcionarios generó para la Asamblea Legislativa un gasto de aproximadamente ¢165 millones en recursos públicos, principalmente por salarios pagados durante los permisos con goce de sueldo.
Los permisos otorgados a los trabajadores legislativos oscilaron entre 13 y hasta 82 días con goce de salario (dos meses y medio).
Cursos sin relación con los cargos
La Auditoría concluyó que el proceso de asignación de estos viajes no cumplió requisitos básicos establecidos en la normativa interna, como:
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La alineación de las actividades de formación con las necesidades institucionales,
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La relación entre el curso y el perfil del puesto del funcionario,
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La planificación presupuestaria, y
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La existencia de mecanismos de control para autorizar estos beneficios.
El informe incluso señala casos en los que los cursos no guardaban relación con las funciones de los funcionarios.
Entre los ejemplos citados:
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Un funcionario del Departamento de Recursos Humanos asistió a un seminario sobre cultivo de hongos.
- Un funcionario del Departamento Financiero participó en un seminario sobre construcción de alianzas globales.
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Una funcionaria de la Secretaría del Parlamento participó en un seminario sobre ciudades inteligentes.
- Un trabajador de Proveeduría asistió a un curso sobre biogás.
Además, el permiso más largo identificado fue de 82 días, otorgado a un funcionario del Departamento de Prensa del Congreso, quien asistió a un seminario sobre administración de energías renovables.
Debilidades en el control interno
La Auditoría también advirtió debilidades significativas en el control interno para tramitar y autorizar estos beneficios.
Según el informe, no fue posible determinar con exactitud cuál figura legal se utilizó para conceder los permisos con goce de salario ni las pólizas de viaje, ni tampoco se comprobó que las gestiones se tramitaran como licencias de capacitación conforme a la normativa interna.
Además, los expedientes revisados carecían de requisitos esenciales, entre ellos:
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La justificación institucional del viaje,
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El aval técnico del Departamento de Recursos Humanos,
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La comprobación de pertinencia del curso, y
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La firma del contrato de capacitación.
Posible uso inadecuado de fondos públicos
La Auditoría concluyó que en 53 de los 73 casos de personal administrativo analizados, el contenido de los seminarios no se vinculaba con las funciones ni con el perfil profesional de los beneficiarios.
Esta situación contraviene el Reglamento de Capacitación Institucional, el Reglamento Autónomo de Servicio y la Ley de Licencias para Adiestramiento de Servidores Públicos.
El informe advierte que esto genera un uso inadecuado de los fondos públicos, ya que los permisos con goce de salario se utilizaron para actividades que no aportaban valor institucional.
CR Hoy consultó a la Gerencia General del Congreso sobre el documento en cuestión y se está a la espera de una respuesta por parte de dicha instancia.
Esta alerta interna del Congreso se suma a la polémica dada a conocer meses atrás sobre 190 plazas otorgadas de forma irregular. Eso lo negó el directorio legislativo.