Valoran abrir proceso judicial contra empresa que brindó plataforma del Bono Proteger
(CRHoy.com).-El Ministerio de Trabajo (MTSS) dio a conocer que solicitó a la Procuraduría General de la República (PGR) un criterio técnico-legal para definir si se debe proceder con un proceso judicial contra la empresa que brindó el servicio de la plataforma tecnológica, mediante la cual se gestionó el Bono Proteger.
Esta consulta fue remitida a la PGR el pasado 29 de junio y se está a la espera de la debida respuesta, indicó la cartera laboral.
"A la Procuraduría le corresponderá definir si hubo incumplimientos contractuales, y de esta manera, establecer si existe alguna responsabilidad civil o penal que se deba sufragar por parte de la empresa involucrada, Continum Data Center", indicó el MTSS.
Los servidores de este centro de datos contenían la información de 1,2 millones de ciudadanos que la suministraron al gobierno en el marco del programa Bono Proteger.
Según indicó la compañía, se almacenaron hasta 6 terabytes en las bases de datos de los equipos.
Sin embargo, la Contraloría General de la República, ordenó al Ministerio de Trabajo recuperar la base de datos, pues consideró que había una vulneración del ciudadano de que su información personal estuviese en una plataforma de manejo privado.
Continum Data Center pertenece al empresario Adrián Lachner, quien ofreció a la administración del expresidente Carlos Alvarado donar sus servidores para efectos de almacenar sin costo alguno la información del Bono Proteger.
Se intentó conocer el criterio de la empresa al respecto, pero no hubo ningún tipo de respuesta.
Beneficio cuestionado
El Bono Proteger fue un subsidio que surgió ante la afectación económica que sufrieron muchos costarricenses, por la pérdida de su empleo o la reducción de su jornada laboral, con el objetivo de brindar un alivio económico temporal durante la emergencia nacional vivida a causa de la pandemia del COVID-19.
Sin embargo, la ayuda se otorgó a personas que no lo necesitaban, como empleados públicos y privados de libertad.
Durante los años 2020 y 2021, el órgano recuperador, el cual está conformado por un equipo del Ministerio de Trabajo, registró una devolución del bono cercana a los 9 millones de colones, provenientes de personas que no aplicaban para este beneficio, por encontrarse en las listas de excepciones.
"La gestión para el otorgamiento de este bono estuvo marcada por falta de controles y omisiones que resultaron en la pérdida de recursos públicos, una suma que se estima pudo haber alcanzado los 8.500 millones de colones, según informó el órgano recuperador", confirmó el MTSS.
La Tesorería Nacional informó que, para los primeros 5 meses del 2022, no se consignaron depósitos por devoluciones del Bono.