Uber incomoda al MOPT: Ministro hace lista de señalamientos
Jerarca cuestiona a empresa por no brindarle datos sobre conductores
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Rodolfo Méndez Mata, ministro de Obras Públicas y Transportes, no tuvo reparos en señalar a la empresa Uber y cuestionar la legalidad el servicio que brindan desde el 21 de agosto de 2015.
Bajo su óptica, la operación de la plataforma debe ser un servicio público y someterse a una fiscalización desde distintas aristas estatales.
El jerarca, cuya cartera planteó en enero un proyecto para regular la operación de plataformas móviles dedicadas a poner en contacto a conductores y usuarios, compareció ante la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea para referirse a la propuesta y expuso 2 aspectos trascendentales: duda de los datos públicos que ha dado la empresa sobre los 22 mil conductores existentes y rechazó cualquier inquietud sobre la inconstitucionalidad del texto.
La propuesta del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) fue refutada por la Procuraduría General de la República (PGR) -que la calificó como inconstitucional- y las asociaciones de consumidores pidieron archivarlo al señalar inconsistencias y vacíos casi "insalvables" en el texto.
Pero el ministro Méndez se enfocó en la imposibilidad de obtener datos directamente de Uber y señaló esto como un obstáculo para afinar una mejor propuesta en aspectos como la fijación de un fondo que beneficiaría a taxistas (a partir del 3% del precio final de cada viaje realizado por Uber) y que, de acuerdo con la PGR, sería inconstitucional.
De paso, el jerarca dijo que "no es desproporcionado" el pago de los ₡8.300 millones que cada empresa de este tipo deba hacer para iniciar operaciones. Además, dichas empresas tendrían que renovar el permiso de operación cada 4 años, y pagar el 50% del monto antes citado.
El proyecto también pretende fijar una cantidad de carros para operar en plataformas como Uber: "no podrá ser inferior a la cantidad de concesionarios de taxis existentes". Actualmente, hay 13.500 placas de taxis y solo en Uber se contabilizan los 22 mil conductores.
Los puntos del ministro
-Fondo dirigido a taxistas: "Si en base en un promedio, no en base en 22 mil colaboradores, se entiende que en los últimos 3 años ha habido pagos de servicios por 450 mil millones de colones, la cifra que establecimos no me parece exagerada. Me parece más que razonable. Eso se hace en los números que públicamente ellos dicen que es lo que es. Si los taxis, en estos años, han pagado 45 mil millones en seguro social, cánones y tasas que no han pagado quienes operan los servicios bajo otra modalidad, no me parece fuera de razón la cifra que establecimos".
-Apunta consecuencias en taxis: "La incursión de las plataformas tecnológicas y el servicio de transporte que se presta de una manera ilegal, operando en la informalidad, generó efectos de carácter socioeconómico en los servidores de taxi. Inclusive, cerca de 2.000 concesionarios del servicio de taxi no pudieron atender sus obligaciones con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y perdieron el derecho a la concesión".
-Señala informalidad: "Sabemos que cuando algunos prestatarios del servicio están regulados y otros, hay un efecto sobre los regulados. Este fue el caso que se dio y de esa manera el proyecto busca el propósito de buscar mecanismos que mejoren la calidad del servicio al usuario y que existan recursos para ese fin (mejorar condiciones de taxistas)".
-Dice que son clandestinos: "Quien opera las plataformas lo ha hecho desde una clandestinidad, porque no sabemos lo que hacen. La información que tenemos se deriva de lo que ellos quieren comunicar. De esa manera nos dicen que hay 22 mil colaboradores y si uno hace números en base a eso llega a atender que el monto de los servicios que se han brindado en esas modalidades en los últimos 3 años llega a sumas realmente extraordinarias. De cientos de miles de de millones de colones".
-Críticas de PGR: "Ese desproporcionado (que menciona la PGR, en cuanto al pago de inscripción para las empresas) es por la información que las empresas nos han brindado. Nosotros no tenemos por qué desatender manifestaciones que surgen de las mismas empresas. Me parece desproporcionado que hayan 22 mil colaboradores de Uber en el Área Metropolitana, donde tenemos 2.5 millones de habitantes. Lo cual, nos indicaría que tenemos un servicio dado por plataforma por cada 113 habitantes".
-Cantidad de choferes de Uber: "Si el parámetro de medición es de que hay 22 mil colaboradores en este momento en la plataforma, eso implicaría la exageradísima condición de 1 unidad por cada 113 habitantes de la Gran Área Metropolitana. Eso significaría que 1 de cada 30 unidades estaría haciendo el servicio de esta plataforma".
-Ganancias no percibidas: "Si tomamos las mismas referencias que ellos han dado y las usamos para analizar lo que se ha dejado de recibir en nuestras instituciones por lo que sí pagan los servicios concesionados, también llegamos a sumas extraordinarias (…) Si hacemos un promedio de 15 mil vehículos, con 30 mil colones diarios de promedio de ingreso, lo que habría transferido alguna de las empresas son 4.500 millones de colones (…) A Tributación le interesa saber quiénes son los contribuyentes que están operando vehículos".
¿Qué propuso el MOPT?
En otros puntos, el proyecto procura la creación del registro de Empresas de Plataformas de Transporte (EPT) que contemplará: nombre y certificación que constituye a la empresa como una persona jurídica, una certificación de inscripción como contribuyente en la Dirección General de Tributación (DGT) del Ministerio de Hacienda. Así como un listado de nombre completo, calidades y número de licencia de todos los propietarios de vehículos y conductores acreditados.
Cada inscripción de conductor tendrá un costo de $100, mientras el precio final cobrado por cada servicio es de un 3% sobre el precio final.
Como ya se mencionó, una de las figuras más polémicas es el Fondo Nacional de Movilidad, el cual será administrado por el Consejo de Transporte Público (CTP). Este se financiaría del pago de inscripción para el registro que harán las empresas, así como el aporte porcentual sobre el precio final cobrado en cada servicio de transporte mediante EPT.
El fondo se financiará con sanciones administrativas creadas en la propuesta, así como cualquier "otro cobro, ingreso o donación autorizada mediante la presente ley". ¿Y para qué es ese dinero? Durante 8 años el 80% de esos ingresos sean utilizados para la modernización de la flota de taxis. Es decir, "para el pago de la prima de adquisición de vehículos nuevos".
Desde que el Ejecutivo planteó el proyecto, Uber envió una carta abierta a toda la población -incluidos el gobierno y los diputados- donde expuso sus argumentos para discrepar con la propuesta gubernamental.