Uber cumple 4 años en el país: este es el llamado que hacen los taxistas

(CRHoy.com). Una vez más, Rubén Vargas, líder de la Unión de Taxistas Costarricenses (UTC), solicitó a los miembros del sector a acercarse a las instalaciones de la Asamblea Legislativa el próximo martes 27 de agosto para conocer si, ahora sí, los diputados de la Comisión de Asuntos Económicos dictaminarán en el proyecto de ley que regularía el funcionamiento de Uber en Costa Rica.

El proyecto, presentado por el Poder Ejecutivo en enero anterior, pretende avalar –bajo ciertas condiciones- la operación de las aplicaciones móviles que se encargan de gestionar el transporte privado de personas.

Los taxistas esperan, desde hace varias semanas, que los legisladores dictaminen el proyecto para que acaben de una vez por todas con la pugna legal existente en torno a Uber.

Precisamente, la aplicación móvil cumple este miércoles 4 años de funcionamiento en el territorio nacional.

Según datos otorgados por la compañía, en Costa Rica existen 22 mil choferes (socios-colaboradores) y unos 783 mil usuarios. Los servicios están disponibles en la Gran Área Metropolitana (GAM).

"Compañeros taxistas, creemos que este martes 27 de agosto sería muy importante tener la presencia de ustedes en la Asamblea Legislativa. Estar con ustedes esperando que la comisión rinda el dictamen que puede ser positivo o puede ser negativo", apuntó Vargas, en un mensaje distribuido este martes 20 de agosto.

Los taxistas confían en que la propuesta del Ejecutivo sea dictaminada positivamente para que avance al plenario para su eventual aprobación. Sin embargo, existen numerosos cuestionamientos al plan: asociaciones de consumidores y la misma empresa Uber no lo respaldan, debido a que consideran que es desfasado.

En junio, los taxistas acudieron a la Asamblea Legislativa para exponer ante los diputados 8 puntos con relación a su posición ante el proyecto de ley:

• Relación porcentaje de conductores/vehículos que se autoricen versus concesiones de taxis. Se acepta el incremento de hasta un 30% de nuevos permisos de acuerdo a la flota real y autorizada a la fecha (serían 4.500 carros de Uber).
• Distribución de estos en bases de operación en todo el país, pues resulta estrictamente necesario que la demanda en comunidades de las zonas rurales también sea atendida, para evitar la concentración en la GAM. Además, indican que en las zonas rurales no debería haber concentración de Uber, debido a la baja demanda de taxis que hay en estas comunidades.
• Incorporar en la presente ley la obligatoriedad de atender los requerimientos de la Ley 7.600. Que el 10% de los permisos estén adecuados para el transporte de las personas que presentan problemas de movilidad.
• Asignación de una acreditación por persona física (nunca jurídica), persona que deberá estar vinculada a un vehículo registralmente de su propiedad. Lo anterior a efecto de mantener el equilibrio económico y financiero entre los operadores de transporte público remunerado de personas mediante las plataformas tecnológicas, garantizando que efectivamente además de regular su operación se cumpla objetivo de creación de una fuente de trabajo para las personas que realmente lo necesiten, y más bien evitar que sea aprovechado por grupos económicos (personas jurídicas) y/o personas que mantienen un trabajo estable.
• Las empresas de plataformas tecnológicas sólo deberán "tercerear" el servicio (conectar la persona usuaria con el operador de servicio de transporte), pues permitirles que también puedan ofrecer el servicio ocasionaría un gran desequilibrio en la actividad de transporte público, y vendría a desvirtuar los objetivos pretendidos con la presente ley.
• Obligatoriedad de que el conductor acreditado posea y porte una licencia habilitante para transporte público remunerado de personas (C-1), así como un código de conductor.
• Asimismo, se debe establecer la obligación de que el vehículo vinculado a dicho conductor debe contener pintado en sus puertas delanteras un distintivo para que los identifique la persona usuaria. Portará el mismo número de placa asignada en el Registro Público, solo cambia de color blanco. Se elimina la palabra Centroamérica, en su lugar se leerá la base de operación y provincia al que fue asignado ese nuevo permiso.
• Se elimina el inciso F de la Ley 7969 para permitir una mayor democratización en la entrega de permisos, como fuente proveedora de trabajo. De esa cantidad de carros de la aplicación, piden que un 10% de los conductores brinden servicios para personas con discapacidad.