TSE recibió denuncia por uso de exescoltas de Presidencia durante campaña de Laura Fernández
El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) recibió y analiza una denuncia interpuesta por la utilización de exescoltas de la Presidencia durante el periodo en que la presidenta electa, Laura Fernández, permaneció en campaña electoral.
En la denuncia se señala que la excandidata de Pueblo Soberano (PPSO) asistió, desde el inicio de la campaña política, a diversas actividades públicas acompañada de hasta 15 guardaespaldas presentes en giras y actos proselitistas, algunos de ellos identificados como funcionarios de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), cuerpo policial adscrito al Ministerio de la Presidencia.
También se alega que la DIS se encuentra sujeta a las mismas disposiciones que rigen a las fuerzas policiales del país, de conformidad con la Ley N.° 7410, por lo que está sometida a los controles jurisdiccionales y administrativos previstos en el ordenamiento jurídico.
"De confirmarse la participación de funcionarios de la DIS brindando seguridad a una candidata política -especialmente a una vinculada con la Presidencia de la República- podría configurarse una grave transgresión a los principios de neutralidad institucional, un uso indebido de recursos de inteligencia de seguridad nacional y una eventual afectación a la integridad del proceso electoral", señala la denuncia.
Asimismo, se cuestiona la posibilidad de que existan permisos u otras figuras administrativas para que los funcionarios se dedicaran a esta labor, pese a que están sujetos a un régimen de dedicación exclusiva y a deberes especiales de imparcialidad.
Por eso consideran que no se debieron prestar servicios a terceros en situaciones que comprometan su obligación de abstenerse de deliberar o manifestarse políticamente, dada la naturaleza de sus funciones en materia de seguridad nacional.
A esto se suma que el Código Electoral prohíbe expresamente que integrantes de los cuerpos de policía nacional y municipal participen en actividades de partidos políticos, asistan a reuniones de carácter político o utilicen la autoridad o influencia de su cargo para beneficiar a agrupaciones políticas.
Por todo ello, solicitaron al TSE una investigación a mayor profundidad. Andrei Cambronero, jefe de despacho de la Presidencia del TSE, confirmó que la denuncia se recibió el pasado 29 de enero contra los exescoltas y se encuentra en fase de admisibilidad.
"Una ciudadana denuncia justamente que la entonces candidata a la presidencia de la República, doña Laura Fernández Delgado, tendría como custodios a personas que laboran para la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS).
Según relata la denunciante, a esas personas les cubre la prohibición absoluta de participación político-electoral, De suerte que este podrían haber incurrido en beligerancia política", detalló.
Cambronero explicó que la jurisprudencia electoral ha señalado que dicha restricción se mantiene incluso cuando se encuentran de vacaciones o con permisos, con o sin goce de salario.
Exescolta presidencial dirigía operación
Gustavo Obando, exmiembro de la Guardia Presidencial, según registros del Ministerio de Seguridad Pública, aparentaba coordinar el operativo de escolta, dada su constante presencia en el mismo vehículo en el que se movilizaba Fernández.
Hasta hace algunos meses, Obando formaba parte de la Unidad Especial de Intervención (UEI), cuerpo policial especializado adscrito al Ministerio de la Presidencia.
Durante este Gobierno, Obando también fue el encargado de resguardar a la entonces ministra de la Presidencia —luego candidata— Natalia Díaz. Uno de los episodios más notorios ocurrió durante el debate de Repretel.
Mientras los demás aspirantes arribaron en sus propios vehículos, acompañados por pequeños grupos de sus comandos de campaña, el despliegue de la oficialista fue considerablemente mayor.
Había un numeroso grupo de custodios esperándola, cantidad de efectivos que incluso superaba ampliamente la seguridad de la televisora y prácticamente igualaba el número de oficiales de la Fuerza Pública encargados de resguardar el perímetro más cercano a la entrada y salida.
CR Hoy constató esa noche la presencia de al menos 15 guardaespaldas, contabilizando tanto a quienes llegaron con ella como a quienes esperaban su arribo.
Aunque el resto los candidatos se acercaron en automóvil a la televisora de La Uruca y descendieron cerca de sus grupos de simpatizantes para saludarlos antes de ingresar, no ocurrió así con la exministra de Planificación.
Sabiendo que estaba por llegar, una docena de sujetos —vestidos en su mayoría de negro— comenzó a formar un cordón para apartar a la prensa y a los delegados del TSE, quienes fiscalizaban una jornada que hasta ese momento se desarrollaba con euforia, pero sin desorden.
Entre los delegados había adultos mayores y mujeres que empezaron a recibir empujones. Los propios personeros de Repretel y simpatizantes chavistas también resultaron afectados por la embestida.
En ese momento apareció un vehículo SUV de un tamaño importante que traspasó los perímetros establecidos para el resto de candidatos. Mientras los demás aspirantes caminaron unos 25 metros desde la vía pública hasta la puerta de entrada del canal, no ocurrió así con Fernández.
Dos sujetos acompañaban a la contendiente dentro del vehículo, ambos en los asientos delanteros, mientras ella viajaba en la parte trasera, preparándose para una rápida incursión.
Además de Obando, el otro fue identificado como Bryan Alvarado, quien publicaba en sus redes sociales los viajes junto a la excandidata. En la denuncia se menciona el nombre de Pablo Huertas.
Estos también habrían formado parte del despliegue utilizado el día de las elecciones, cuando la aspirante de Pueblo Soberano mantuvo una agenda a puertas cerradas, sin apariciones públicas, y solo visitando medios de comunicación.
Sin respuestas
Pilar Cisneros, una de las figuras clave en impulsar la candidatura de Fernández, defendió el uso de estos escoltas, pero evitó responder en profundidad al desligarse de la agrupación política.
"Eso no es seguridad, es la gente que la está acompañando. Tendrá uno o dos. En Cartago casi le dan un palazo con una bandera y el otro día si no la protegen, le peguen.
Yo creo que amerita darle una protección a ella y a todos los demás candidatos", dijo sin responder cómo se financia.
Ni Mayuli Ortega, presidenta del partido; ni Francisco Gamboa, vicepresidente electo y entonces coordinador de campaña; ni el agente Obando han respondido las llamadas para consultarles sobre el tema, pese a los intentos realizados desde la semana pasada.
Tampoco se ha referido la presidenta electa, a quien se le consultó vía WhatsApp desde el 28 de enero.
Al 31 de diciembre, el partido chavista había gastado ₡265 millones en honorarios profesionales; ₡34 millones en arrendamientos; ₡33,6 millones en transportes; ₡23,7 millones en sueldos de personal; ₡17 millones en servicios especiales, y ₡3,5 millones en viáticos.
Desde el 30 de enero, este medio consultó a Presidencia sobre dos casos concretos de personas que serían exmiembros de la UEI o de la Unidad de Protección Presidencial (UPP), dado que laboraron en la actual administración.
Se solicitó informar si renunciaron o si se encuentran con algún tipo de permiso laboral, con o sin goce de salario, para ejercer labores fuera de la función pública. En caso de renuncia, se pidió precisar la fecha de presentación y de efectividad; y, en caso de permiso, el tipo y el periodo de vigencia. La consulta no ha sido respondida.
Jeffrey Cerdas, jefe de la UPP y la UEI, se negó a responder días atrás vía WhatsApp si sus excompañeros renunciaron o se encuentran con algún permiso, y remitió la consulta a la oficina de prensa de Casa Presidencial.
