TSE pide a 12 partidos políticos prueba de solvencia económica de 60 financistas

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), por medio del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos (DFPP), envió consultas a 12 agrupaciones políticas para determinar el origen de la solvencia económica de 60 donantes de las campañas de candidatos y candidatas que aspiraron a la presidencia y diputaciones en las elecciones del 1 de febrero.

Tras recibir la información exigida por ley —que incluye estados financieros, donaciones y reportes de venta de certificados de cesión—, el DFPP determinó que en varios expedientes se requiere ampliar datos para aclarar cómo llegó el dinero a manos de los donantes antes de ser redirigido a los partidos.

El Partido Pueblo Soberano (PPSO) figura como la agrupación con más apercibimientos de este tipo, varios de ellos solicitados desde mediados de diciembre de 2025.

La agrupación que llevó a la Presidencia a Laura Fernández Delgado concentra la mitad de los estudios de solvencia requeridos por el TSE. De los 60 casos registrados hasta ahora, 30 corresponden a financistas del partido afín a Rodrigo Chaves y a la continuidad del actual gobierno.

El DFPP explicó que mantiene un monitoreo constante del entorno del financiamiento de los partidos y ejecuta diligencias de fiscalización para determinar cuáles casos ameritan una revisión más profunda.

Hasta el momento, los partidos notificados para presentar informes de ampliación sobre la solvencia de algunos de sus financistas son: Pueblo Soberano, Coalición Agenda Ciudadana, Liberación Nacional, Avanza, Centro Democrático y Social, Liberal Progresista, Unidad Social Cristiana, Unidos Podemos, Actuemos Ya, Justicia Social Costarricense, Progreso Social Democrático y Unión Costarricense Democrática.

El TSE no descarta incorporar más casos en las próximas semanas, ya que aún no ha recibido la totalidad de los reportes financieros de los partidos correspondientes a enero y febrero de 2026.

El órgano electoral insiste en que el financiamiento mediante certificados de cesión representa un riesgo dentro del modelo de financiamiento electoral, sobre todo por los altos volúmenes de emisión realizados por los partidos durante el proceso electoral, razón por la cual se trata de uno de los aspectos bajo mayor observación.

"Considérese que los riesgos derivados del uso de certificados de cesión se encuentran asociado a la facilidad de colocación de tales instrumentos financieros, sin límite de suma, cuyo valor estaría directamente relacionado con la medición de intención de voto, dinámica que eventualmente representa un estímulo para que personas que se encuentren vinculadas con actividades delictivas procuren introducir dinero proveniente de tales actividades en el financiamiento político electoral.

La dependencia de capitales privados ante la ausencia de mecanismos eficientes de financiamiento público directo o indirecto durante la campaña, incrementa riesgos de blanqueo de capitales y donaciones encubiertas", explicó el DFPP.

Para este departamento, en ese escenario cobran relevancia las solicitudes cursadas desde hace aproximadamente dos meses, ya que resulta necesario indagar la capacidad patrimonial de quienes aportan dinero a las campañas. Además de buscar certeza razonable sobre el origen legítimo de los recursos, se pretende contar con elementos de convicción respecto a su trazabilidad.

Casos de alerta aumentaron en esta campaña

Según el TSE, los casos de alerta que obligaron a solicitar solvencia económica a financistas superaron los registrados en procesos electorales anteriores.

"(…) durante el actual período electoral se ha incrementado la cantidad de solicitudes de información en virtud de la importante cuantía de las operaciones reportadas por algunas agrupaciones políticas, para lo cual se ha aplicado un criterio técnico de valoración en todos aquellos casos cuyo monto reportado ya sea como donación o por venta directa de certificados de cesión, supere los cinco millones de colones; lo anterior sin demérito de tramitar otros casos que, aun sin alcanzar el umbral monetario indicado, presenten situaciones de riesgo específicas (como movimientos no bancarizados o provenientes de personas sin aparente capacidad patrimonial)", detallaron.

Esta fiscalización busca resguardar el principio establecido por el Constituyente en el artículo 96 de la Constitución Política, relativo a la publicidad y transparencia en el financiamiento de los partidos políticos.

A continuación, se detallan los financistas —ya sea por compra de bonos o donaciones— a quienes el TSE solicitó ampliar información sobre el origen de los recursos aportados a los partidos:

Partido Pueblo Soberano (PPSO)

• Francisco Javier Morice Castro – ₡90.300.000,00
• Stephan Roberto Turcios Stiegler – ₡62.000.000,00
• Yann Eduardo Turcios Stiegler – ₡62.000.000,00
• Iván Alejandro Blanco Guzmán – ₡50.000.000,00
• Julio Castilla Peláez – ₡43.200.000,00
• Cindy Ampié Castro – ₡35.000.000,00
• Mauricio Wong Mayorga – ₡30.000.000,00
• Tony Valverde Chinchilla – ₡29.750.000,00
• Alejandro Vargas Fuentes – ₡24.850.000,00
• Ligia Virginia Pérez Ramírez – ₡22.100.000,00
• Jesús Espinoza Vargas – ₡22.100.000,00
• Joaquín Bernardo Vargas González – ₡17.000.000,00
• Teresa Morales Mora – ₡15.000.000,00
• Randy Castillo Mora – ₡14.450.000,00
• Liana Denis Noguera Ruiz – ₡14.450.000,00
• Eliecer Gerardo Segura Sáenz – ₡10.200.000,00
• Miguel Ricardo Hernández Suárez – ₡10.200.000,00
• Rolando González Rodríguez – ₡10.000.000,00
• Mario Antonio Carvajal Brenes – ₡10.000.000,00
• Roger Chaves Monge – ₡9.887.885,00
• Edgar Oviedo Blanco – ₡8.500.000,00
• Luis Ángel Castro Jiménez – ₡8.500.000,00
• Jeannette Díaz Rojas – ₡8.500.000,00
• Jaime Rojas Venegas – ₡5.950.000,00
• Roberto Vásquez Rodríguez – ₡5.100.000,00
• Carlos Alonso Vargas Madrigal – ₡5.100.000,00
• Alejandro Solórzano Mena – ₡5.000.000,00
• Juan Carlos Obando Umaña – ₡5.000.000,00
• Betty Vivian Romero Salazar – ₡4.950.000,00
• Eric Retana Alpízar – ₡920.000,00

Coalición Agenda Ciudadana

• Gabriela Saborío De la Espriella – ₡12.500.000,00
• Boris Andrés Ramírez Vega – ₡8.500.000,00
• Gustavo Machado Loría – ₡5.100.000,00
• Karla Chaves Brenes – ₡5.100.000,00
• Gian Carlo Mazzali Alfaro – ₡5.015.000,00
• Brenda Trejos Gairaud – ₡5.015.000,00

Liberación Nacional (PLN)

• Orlando Guerrero Vargas – ₡27.500.866,50
• Gonzalo Delgado Ramírez – ₡19.154.110,20
• Álvaro Ramos Rechnitz – ₡15.185.850,00
• Berta María Chaves Abarca – ₡9.960.000,00
• Virginia Rosabal Camarillo – ₡10.688.588,00

Avanza

• Manuel Antonio Meza Lobo – ₡24.862.500,00
• Neil Briceño Obando – ₡9.775.000,00
• Sergio Solera Lacayo – ₡9.775.000,00
• Augusto Rodríguez Denegri – ₡7.437.500,00

Centro Democrático y Social

• Carlos Román Gutiérrez Salazar – ₡20.000.000,00
• Lia Lisette Ramírez Quirós – ₡20.000.000,00
• Gustavo Solórzano Zeledón – ₡10.000.000,00

Partido Liberal Progresista (PLP)

• Francisco Javier Quirós Ramos – ₡272.919.000,00
• Enrique Alfonso Berrocal Salazar – ₡23.587.500,00
• Erick Zamora Alfaro – ₡17.000.000,00

Unidad Social Cristiana (PUSC)

• Fernán Guardia Gutiérrez – ₡6.200.000,00
• Francisco Chacón González – ₡5.250.000,00

Unidos Podemos

• Banny Hermann Feinzilber – ₡24.650.000,00
• Jorge Díaz Salazar – ₡5.100.000,00

Otros partidos

• Belisario Solano (Actuemos Ya) – ₡27.285.000,00
• Nancy Vílchez Obando (PJSC) – ₡5.900.000,00
• Roxana Alfaro Trejos (PPSD) – ₡5.525.000,00
• Boris Molina Acevedo (PUCD) – ₡7.675.000,00

Los casos del PPSO relacionados con los financistas Francisco Javier Morice Castro, Stephan Roberto Turcios Stiegler, Yann Eduardo Turcios Stiegler, Iván Alejandro Blanco Guzmán, Julio Castilla Peláez, Cindy Ampié Castro, Alejandro Vargas Fuentes, Teresa Morales Mora, Liana Denis Noguera Ruiz, Mario Antonio Carvajal Brenes y Eric Retana Alpízar fueron dados a conocer por CR Hoy entre el 24 de diciembre del año pasado y el 31 de enero de 2026.