Tribunal ratificó condena a “Pancho Villa” y abogada por soborno a jueza
El Tribunal de Apelación de Sentencia de Goicoechea confirmó la condena de seis años de prisión contra el líder narco Darwin de los Ángeles González Hernández, alias "Pancho Villa", y de cinco años contra la abogada Gracel María Arguedas González, ambos declarados culpables en 2025 del delito de procuración de impunidad, tras intentar sobornar a una jueza.
El 19 de noviembre del año anterior, el Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública dictó la sentencia, luego de determinar que ambos realizaron coordinaciones para, en apariencia, obtener un favorecimiento de la jueza Hazel Murillo Beita, con el fin de que testificara a favor de la banda que dirigía González, la cual afrontó un juicio en 2024 por narcotráfico y legitimación de capitales.
Los abogados defensores impugnaron la sentencia; sin embargo, el Tribunal de Apelación rechazó el recurso y confirmó las penas de prisión.
Para Juan Carlos Peralta, abogado defensor, no se configuraron los elementos del delito, pues —según alegó— no se abordó a la jueza en su condición de funcionaria, ni esta tenía poder de decisión, ya que había sido separada del caso cuatro años antes.
Por ello, acudirán a la Sala Tercera —máximo órgano judicial en esta materia— mediante un recurso de casación, última instancia para intentar revertir la condena.
"El tipo penal va a ir dirigido a que se aborde un funcionario. ¿Qué poder de decisión tenía? Ninguno, había sido separada ya hace 4 años del caso. Se dice que, lo que se quería era llevarla como testigo.
Al final la defensa ya lo había propuesto y se advirtió, entonces, ¿dónde está el daño? Y aún así,la sentencia del caso de Pancho Villa testimonió piezas contra Hazel por falso testimonio", dijo el jurista.
La resolución del Tribunal de Apelación fue notificada el pasado 20 de marzo y el plazo para presentar el recurso de casación vence a mediados de abril.
En noviembre de 2025, el Tribunal Penal determinó que ambos se acercaron a la jueza que había tramitado la investigación contra la banda de "Pancho Villa" en sus etapas iniciales con el objetivo era que ella rindiera un testimonio favorable al grupo.
La intención es que admitiera una relación sentimental previa con uno de los sospechosos, el exagente del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Miguel Elmer Campos Quiel.
¿Cómo se gestó?
Según la Fiscalía contra el Narcotráfico y Delitos Conexos, González gestó desde prisión un plan para influir en la jueza. Para ello, impartió instrucciones a Raúl Paniagua Paniagua, quien fungía como enlace externo pese a la reclusión del cabecilla. Este fue acusado, pero no juzgado en el mismo debate por razones médicas.
Paniagua, a su vez, debía contactar a la abogada Arguedas para que, supuestamente, aprovechara su amistad de larga data con la juzgadora y realizara un acercamiento inicial, dado que se conocieron en 2005 durante su etapa universitaria.
Paniagua coordinaba con la abogada y la trasladó desde la Zona Sur hasta Heredia en su vehículo para definir los detalles del soborno, al tiempo que el líder narco mantenía al menos dos teléfonos celulares en máxima seguridad de la cárcel La Reforma, tal se pudo corroborar el 6 de agosto de 2024.
Posteriormente, el 22 de enero de 2024, siguiendo las indicaciones de González y Paniagua, la abogada contactó vía Messenger a la funcionaria para solicitarle su número celular y coordinar una reunión. El 15 de febrero de 2024 Arguedas utilizó el servicio telefónico para contactar a la jueza penal y proponerle un encuentro el 17 de febrero.
Arguedas, quien mantenía amistad previa, debía contactarla bajo el pretexto de un encuentro entre amigas y ofrecerle dinero a cambio de declarar a favor del grupo.
Entre enero y febrero de 2024 intercambiaron llamadas y mensajes de WhatsApp para planear la maniobra. El objetivo era que la jueza respaldara la tesis de una supuesta "actividad procesal defectuosa" que permitiera anular el juicio contra los 14 imputados, entre ellos dos exagentes del OIJ y el propio González.
Se presume que, durante el reencuentro que concretaron en un hotel capitalino y en presencia del hijo de Murillo, le solicitó realizar acciones en beneficio de la estructura criminal a cambio de un pago, sugiriéndole grandes montos de dinero suficientes para comprar un carro de alta gama.
En setiembre de 2023, la jueza denunció el intento de soborno ante el Juzgado Especializado en Delincuencia Organizada (JEDO).
La defensa insiste en que Murillo debió apartarse del caso por una supuesta relación sentimental con el exagente del OIJ y como tramitó diligencias en fases tempranas de la investigación. Ese supuesto nexo —según el plan— sería suficiente para alegar una afectación a su imparcialidad y así anular el juicio.
El 21 de marzo de 2024, Arguedas fue detenida y su vivienda allanada, mientras que Paniagua fue capturado en agosto.
Para los jueces que llevaron el juicio por el intento de soborno, sí existió algún nivel de relación, pues la jueza lo admitió: fueron compañeros y compartieron espacios. Incluso, su hijo declaró que, cuando era muy pequeño —entre dos y cuatro años—, conoció a Campos.
Eso sí, según la sentencia impugnada, aunque hubo algún tipo de relación, no fue posible determinar si se trató de una simple amistad o de algo más. La defensa presentó como prueba la sentencia que condenó a González y su grupo el año pasado por narcotráfico, en la que se mencionaba ese vínculo.
La organización ya había sido condenada por traficar droga desde Sudamérica y distribuirla en el Pacífico Central. González, absuelto por legitimación de capitales, cumple una pena de 12 años por narcotráfico y continúa recibiendo ₡54 millones mensuales.