Tribunal ordenó detención provisional indefinida contra policía y otros 3 ticos extraditables
Defensa alegó incumplimiento de plazo pero en diciembre juez avaló detención provisional: extradición sigue sin resolverse
El Tribunal Penal de Corredores autorizó extender por tiempo indefinido la detención provisional del oficial de la Fuerza Pública Michael Corella Amador, alias "Rojo", y de tres de sus supuestos cómplices, quienes son requeridos en extradición por Estados Unidos.
Los cómplices son: William Iván Ramírez Arguedas, conocido como "Rambo", Gerardo Castro Muñoz, alias "Precioso" y Jorge William Cordero Obregón, alias El Gordo.
Las defensas de los detenidos, Andy Jack Sánchez y Maricela Mora, trataron de lograr la liberación de sus defendidos, alegando que Estados Unidos no entregó documentación requerida dentro del plazo legal.
Según los argumentos que plantean, el Tratado de extradición con Estados Unidos establece un plazo de 60 días naturales para que la embajada estadounidense presente la documentación de los detenidos. El arresto se dio el 18 de octubre del año pasado y al 18 de diciembre la embajada todavía no había enviado la documentación.
Todos ellos son requeridos por el Tribunal del Distrito Sur de California, que giró órdenes de captura en su contra desde 2020.
Entre los requisitos documentales se debe incluir una explicación detallada de los hechos, pruebas que acrediten que la persona reclamada es la misma que figura en la acusación o condena, el texto y la explicación de la ley que tipifica el delito y su pena, así como la normativa que regula la prescripción de la acción penal.
Juez rechazó solicitud
No obstante, el juez Enrique Calvo consideró que las razones para mantener en prisión al oficial y a los otros tres extraditables se mantenían vigentes al momento de analizar la solicitud. Además, concluyó que la gestión inicial presentada por las autoridades estadounidenses formalizó en tiempo y forma la petición de extradición y evidenciaba el interés de ejecutar el proceso.
El juez también valoró que el propio tratado bilateral establece que una persona detenida con fines de extradición no será puesta en libertad hasta que la solicitud haya sido resuelta definitivamente. En ese sentido, consideró viable la prórroga de la detención para garantizar la eventual entrega de los requeridos al país solicitante.
El Tribunal de Corredores recordó que, según la jurisprudencia de la Sala Constitucional, en los procedimientos de extradición no se requiere una fundamentación adicional más allá de la existencia del proceso, ni es obligatorio fijar un plazo específico para la duración de la detención provisional.
Envíos de droga a EE .UU.
Tal como dio a conocer CR Hoy en exclusiva pocos días después de la detención, el oficial Corella Amador pasó de ser colaborador de un narcotraficante de alto perfil a convertirse en un intermediario transnacional de droga, según consta en el expediente judicial que contiene la solicitud de extradición presentada por la Embajada de EE. UU.
La documentación recopila parte de una investigación desarrollada por la Administración de Control de Drogas (DEA), que data de varios años atrás.
Según ese expediente, las autoridades identificaron una organización narcotraficante con base en Golfito, la cual, entre 2017 y 2020, habría sido responsable del transporte de toneladas de cocaína por vía marítima, aérea y terrestre desde Colombia hasta México, con destino final en suelo estadounidense.
No se trataba de una estructura menor. Con la asistencia de autoridades costarricenses y de la Guardia Costera estadounidense, se incautaron más de tres toneladas de cocaína vinculadas a esta organización criminal.
La investigación ubica al policía —alias Rojo— como una figura relevante dentro de la estructura.
Durante la fase inicial de la investigación, Corella Amador fue identificado como colaborador cercano de un traficante de mayor perfil, señalado como co-conspirador (CC-1), quien incluso habría delatado su participación dentro de la organización criminal.
Las intervenciones electrónicas evidenciaron que el oficial verificaba el estado de los cargamentos de cocaína con destino a Costa Rica y posteriormente informaba a ese co-conspirador.
Además, supervisaba aspectos logísticos relacionados con el transporte y almacenamiento de grandes cantidades de droga provenientes de embarcaciones marítimas.
En algún momento, según el expediente, Corella decidió separarse de ese narcotraficante principal y comenzar a operar de forma independiente. A partir de entonces, adquirió sus propios cargamentos de cocaína con el objetivo de redistribuirlos hacia otros países de Centroamérica, con lo cual obtenía mayores ganancias.
Las claves de la investigación
El testimonio de un narcotraficante fue clave para desenmascarar la operación criminal en la que participaban los cuatro costarricenses, todos oriundos de la Zona Sur.
El expediente de extradición detalla que las autoridades estadounidenses lograron interceptar comunicaciones que los implicaban en la movilización de cargamentos de cocaína, así como en la coordinación logística de esas operaciones.
Además, un testigo colaborador reconoció a los sospechosos mediante fotografías mostradas por las autoridades y confirmó su participación en las actividades ilícitas. Este testigo también indicó que mantuvo reuniones presenciales y comunicaciones electrónicas con los imputados para coordinar operaciones de narcotráfico.
Las autoridades también le mostraron transcripciones de comunicaciones interceptadas, las cuales fueron validadas por el testigo como auténticas y coherentes con las actividades investigadas.
Todos los imputados figuran en una acusación penal presentada hace más de cinco años ante el Tribunal del Distrito Sur de California y enfrentan dos cargos federales:
- Conspiración para distribuir y distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, con conocimiento de que sería importada ilegalmente a Estados Unidos.
- Conspiración para importar cinco kilogramos o más de cocaína desde el extranjero hacia ese país.