Tribunal definirá a fin de mes si acoge nuevas medidas contra imputados de Caso Turesky

El Tribunal Penal Especializado en Delincuencia Organizada notificó a las partes involucradas en el Caso Turesky que será hasta el 31 de julio cuando se desarrolle la audiencia solicitada por la Fiscalía Adjunta Especializada en Delincuencia Organizada (FAEDO) para pedir nuevas medidas cautelares contra los 23 imputados, quienes quedaron libres y sin ninguna restricción la semana pasada.

El documento, al que tuvo acceso este medio, fue emitido este jueves a las 9.34 a.m. y firmado por el juez Glen Calvo Céspedes para señalar la decisión de cambiar la fecha de la vista debido al choque de agendas de los abogados Humberto Méndez y Randall Céspedes, así como por los escritos interpuestos por los defensores Juan Navas y Celso Gamboa.

El despacho había definido en un inicio dar curso a la audiencia a partir del 15 de julio con posible extensión hasta el 18 del mismo mes, luego de que el Ministerio Público hiciera la petición urgente de convocar a las partes con el afán de buscar nuevas disposiciones más restrictivas para los imputados en el expediente 18-000092-1219-PE, no obstante por las razones expuestas no fue posible mantener las fechas iniciales.

La solicitud del ente acusador se hizo luego de que el Tribunal Penal de Apelación Especializado de Delincuencia Organizada ordenara eliminar las medidas que tenían los 23 involucrados. Ese despacho reclamó al Ministerio Público un atraso con la fecha establecida para presentar la acusación contra el presunto clan.

Desde el pasado martes los jueces Laura Cervantes Ocampo, Rodrigo Obando Santamaría y Edwin Salinas Durán emitieron la resolución 2024-0013 para informar que los argumentos presentados por el Ministerio Público ante ese despacho no eran suficientes para sostener la prisión preventiva contra 10 de los involucrados en el caso, así como el arresto domiciliario de 6 imputados y las medidas alternas que cumplían otras 6 personas.

Según la Faedo, todos formaban parte de una organización liderada por un sujeto de apellidos James Wilson. En apariencia, la agrupación criminal importaba paquetes cocaína desde Colombia para ser "almacenados en propiedades adquiridas en San José, Heredia y Limón" y posteriormente enviarlos en embarcaciones con contenedores contaminados hacia Europa.

"(…) dicha organización se encargaba de legitimar las ganancias obtenidas del negocio ilícito del narcotráfico, mediante la creación de empresas fachadas, desde donde compraban bienes tanto muebles como inmuebles, algunos de los bienes adquiridos fueron inscritos directamente a nombre de integrantes del grupo, testaferros o sociedades anónimas", indica la fiscalía.

Polémica decisión

En la resolución 2024-0013 los jueces reprocharon a la Fiscalía por confirmar que tenía lista la acusación contra las personas involucradas en el expediente, pero alegaron que estaba pendiente la incorporación de un informe del análisis financiero de la Sección de Legitimación de Capitales, el cual se recibió el 2 de mayo del 2024.

La fiscal Stephanie Tenorio Barrios expuso a los jueces que debido a que se habían incorporado nuevos elementos probatorios para fortalecer la tesis de responsabilidad de los imputados, seguía existiendo un potencial peligro de fuga y de obstaculización del proceso.

Los jueces denegaron las pretensiones fiscales, aduciendo que se había prometido presentar la acusación formal a más tardar el 24 de mayo para que el expediente fuera trasladado al Juzgado Penal y que se desarrollara la audiencia donde se tomaría una decisión sobre el futuro del caso, algo que no sucedió.

Las defensas alegaron que el Ministerio Público excedió en el tiempo de la investigación, pero la Fiscalía insistió en que variar las medidas ahora "sería premiar la estructura que ellos mismos crearon para no ser descubiertos".

Un día después, la oficina de prensa de ese despacho judicial informó que la FAEDO sí había elaborado la acusación, "contrario a lo afirmado el 21 de junio anterior, por el Tribunal de Apelación de Sentencia de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada (JEDO)".

El Ministerio Público insistió que le informó al tribunal que la pieza acusatoria estaba formulada, impresa con 772 folios, firmada con fecha 20 de junio del 2024 y que se encontraba físicamente en dos legajos sobre el escritorio en la sala de juicio y en manos de la fiscal, por lo que lo único que restaba era que se señalara la audiencia preliminar, en la que se solicitaría que el caso se elevara a juicio.

Pese a esto, el Tribunal mantuvo su postura de que la acusación no estaba agregada al expediente principal y en la resolución sostienen que pese a que la fiscala Tenorio indicó tener la acusación lista en sus manos, mostrando una documentación, el tribunal "no lo tuvo a la vista, ya que no le fue mostrado o puesto en conocimiento" por parte de la funcionaria.

"Así, no resulta atendible el argumento del Ministerio Público, cuando alega que la formulación de la acusación vino a fortalecer el indicio de probabilidad y los peligros procesales, ya que como se dijo, la mera manifestación de la licenciada Tenorio Barrios acerca de su existencia, no viene a sustituir la incorporación formal de la pieza acusatoria a los autos", reclamaron.

También fustigaron al mencionar que esto evidenciaba un "desinterés de la representación fiscal en gestionar a tiempo las pruebas en resguardo del derecho de defensa y con ello ha colaborado en el retardo del expediente".

Así las cosas, desde el martes 25 de junio en la noche ninguno de los imputados está en prisión y no tienen ningún tipo de restricción o impedimento, por lo que solo queda la buena fe de que estas personas se sigan apersonando al proceso.