Tribunal confirma prisión preventiva para juez y 20 imputados más en caso “Madre Patria”
Supuesta organización estaría tras millonarios fraudes registrales en perjuicio de adultos mayores y extranjeros
La Fiscalía Adjunta Especializada en Delincuencia Organizada (FACDO) del Ministerio Público confirmó que se mantendrá 1 año de prisión preventiva como medida cautelar en contra de 21 personas imputadas en el caso "Madre Patria".
Así lo determinó el Tribunal Penal de San José, en una resolución emitida el pasado 25 de setiembre, tras analizar un recurso de apelación planteado por la defensa técnica de los imputados en la causa contra una decisión del Juzgado Penal de San José emitida en julio.
A los imputados se le vincula con los presuntos delitos de falsedad ideológica, uso de documento falso, estafa mayor, legitimación de capitales, procuración de impunidad y cohecho.
La supuesta organización se dedicaba a perpetrar fraudes registrales con propiedades de alto valor en distintos puntos del país. La investigación desarrollada por la FACDO señala que, presuntamente, los dueños reales de los terrenos (extranjeros y adultos mayores) eran despojados de las propiedades a través de maniobras registrales perpetradas por abogados afines a la agrupación.
La presunta banda, desarticulada en junio pasado, era liderada por 2 ciudadanos españoles, de apellidos León y Gómez, quienes habrían contado con el soporte de abogados y notarios.
Al parecer, el grupo legitimaba el dinero producto de la actividad ilícita a través de otro tipo de negocios: empresas que gestionaban rutas concesionadas por el Consejo de Transporte Público (CTP), inversión en criptomonedas, adquisición de vehículos de alto valor o inversiones en tiendas tipo "outlet".
Entre los imputados que deberán cumplir 1 año de prisión preventiva figura un juez penal de la República, destacado en el Tribunal Penal de Desamparados, de apellidos Venegas Marín.
El Tribunal Penal de San José mantuvo las medidas cautelares ordenadas en contra del imputado Rosales Apú, funcionario del CTP, quien presuntamente habría beneficiado a la organización con trámites a lo interno de la entidad estatal. Por esa razón, el sospechoso continuará suspendido del cargo y deberá mantener domicilio fijo, presentarse a firmar, y tendrá impedimento de salida del país.
En el caso de los oficiales de la Policía de Tránsito y los abogados, el tribunal decidió revocar las medidas cautelares de suspensión del cargo e inhabilitación del cargo. Así las cosas, continuarán sujetos al proceso penal, debiendo firmar de manera periódica, con impedimento de salida del país y sin la posibilidad de acercarse a testigos en la causa.
La investigación continúa en trámite bajo el expediente 22-005018-0042-PE.
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Imputados
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Medidas cautelares confirmadas
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León Muñoz (de nacionalidad española), Jiménez Arias, Arrieta Solano, Rodríguez Hidalgo, Fernández Gustavino, Gómez González (de nacionalidad española), García Núñez, Prendas Matarrita (abogado y notario), González Araya (abogado y notario), Chaves Arias (abogado y notario), Rojas Rojas, González Pinto (abogada y notaria), Venegas Marin (abogado, juez de juicio), Marín, Loaiza Bolandi (abogado y notario) Barrientos Campos, Barrientos Campos, Herrera Vega, Herrera González, Martínez Parada (abogado y notario) y Pérez Barboza.
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Un año de prisión preventiva, la cual vence el 25 de junio del 2025.
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Rosales Apú (funcionario del Consejo Transporte Público).
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Suspensión del cargo, firma periódica, impedimento salida del país y mantener domicilio fijo, las cuales están vigentes hasta el 25 de diciembre del 2024.
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Alvarado Amado, Ramírez Zumbado, Morera Quesada, Pérez Alcázar y Campos Bolaños.
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Firma periódica, impedimento salida del país y mantener domicilio fijo, las cuales vencen el 25 de diciembre del 2024.
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Aguilar Zúñiga y González Jiménez (abogados y notarios).
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Arresto domiciliario y no comunicarse con otros imputados, testigos y ofendidos, las cuales vencen el 25 de junio 2025.
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Fernández Bonilla (abogada y notaria).
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Firma periódica, impedimento salida del país y mantener domicilio fijo, las cuales vencen el 25 junio del 2025.
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