Tribunal cerró puerta a acuerdo para pena reducida a “Los Gary/Gery”
Inicio del debate oral y público se mantiene estancado hasta hoy
El Tribunal Penal de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada (JEDO) cerró definitivamente la posibilidad de que los miembros de la banda narco "Los Gary/Gery" reciban una pena reducida de cárcel a cambio de aceptar los hechos imputados y evitar un juicio.
Para el lunes anterior estaba previsto el juicio tras una serie de embrollos legales ocurridos en las últimas dos semanas. Sin embargo, el panorama no cambió mucho y volvieron a presentarse nuevos tropiezos.
Días atrás, la agrupación criminal, a través de sus defensores, planteó a los jueces su anuencia para llegar a un acuerdo y negociar una condena menor con el Ministerio Público.
Esto mediante un procedimiento especial abreviado, que consiste en que los imputados acepten su responsabilidad a cambio de una sentencia más baja, evitando así el debate oral y público del juicio.
La mayoría del grupo, dedicado al narcomenudeo en el este del Valle Central, ha insistido, mediante sus abogados, en someterse a este trámite más corto, pero los jueces no lo permitieron, pese a las múltiples objeciones de los defensores.
Finalmente, la noche del lunes, el Tribunal rechazó el procedimiento abreviado y ordenó a la Fiscalía iniciar la lectura de la acusación, acto que marca la apertura formal del juicio y cierra definitivamente la posibilidad de un acuerdo.
En total, la Fiscalía Adjunta Especializada en Delincuencia Organizada (FAEDO) acusa a 31 sospechosos. Un par de hermanos, llamados Gary Alexander y Gery Alexander Campos Barrantes, figuran como los cabecillas de la red criminal.
La investigación fue llevada a cabo por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y se remonta a 2018. Permitió vincular a los imputados con varios delitos, entre ellos homicidio calificado, así como venta, almacenamiento y transporte de droga.
Al parecer, los imputados formaban parte de una estructura criminal dedicada a adquirir, poseer, traficar, distribuir, preparar, dosificar y comercializar drogas de uso no autorizado.
Operaban principalmente en sectores de Cartago, en el cantón de La Unión, en San Pedro de Montes de Oca y hasta en Quepos. Solo nueve de los imputados están en prisión preventiva, mientras que los demás permanecen en libertad.
Dos recusaciones y otros obstáculos
El pasado 13 de marzo, el Tribunal Penal rechazó la petición de separar a los jueces a cargo del caso, luego de que los abogados defensores plantearan una recusación al considerar que los juzgadores no estaban siendo imparciales al rechazar un procedimiento especial abreviado en el primer intento.
La recusación provocó que otro grupo de juzgadores asumiera el trámite de analizar si los jueces originales estaban siendo imparciales o no.
Se les brindó una audiencia para que rindieran un informe y, en esa ocasión, indicaron que no habían negado esta vía rápida, sino el otorgar espacio para realizar la negociación con la Fiscalía.
Dos días después, el tribunal de alzada rechazó la recusación y permitió la permanencia de los jueces para retomar formalmente el juicio. El viernes pasado, el proceso no pudo avanzar debido a la incapacidad de dos imputados.
El lunes, cuando se reiniciaría el debate, los imputados y sus abogados llegaron nuevamente a los tribunales con la intención de someterse a un proceso abreviado. No obstante, se toparon de nuevo con la negativa.
Esto provocó que los defensores presentaran una segunda recusación y una serie de actividades procesales defectuosas, un instrumento legal utilizado para solicitar a los juzgadores la corrección de posibles vicios en el proceso.
Otra vez, un tribunal de alzada tuvo que tramitar la recusación y rechazó la petición de apartar a los miembros del Tribunal.
Para la noche del lunes, los jueces se reinstalaron y ordenaron al Ministerio Público iniciar la lectura de la acusación, cerrando por completo la posibilidad del proceso abreviado. Esto fue confirmado por los abogados Luis Cubillo y Rafael Guillén.
"Del 3 de marzo al 17 de marzo, ya se han planteado dos recusaciones contra los jueces de juicio, en donde la barra de abogados ha apoyado dichos procederes e incluso varios imputados han manifestado de viva voz, su preocupación por la parcialidad del tribunal.
A pesar de ello, las mismas han sido rechazadas por sus compañeros del tribunal sustituto que las ha venido a conocer", indicó Guillén, quien también expresó su sorpresa por una acción del juez que preside el Tribunal.
"La segunda recusación se dio porque el presidente del tribunal me apagó el micrófono para no planteara una actividad procesal defectuosa de carácter absoluto.
Ya que me pidió que le explicara de previo sobre que tema trataría y cuando le expliqué de lo novedoso de la misma, ordenó cerrarme el micrófono para que no se pudiera escuchar ni grabar mi dicho.
Eso detonó en todo la barra de abogados y en los imputados creo una preocupación porque si se calla a un abogado defensor en ejercicio de su profesión, qué les esperaba a ellos", manifestó el jurista.
El juicio fue suspendido ayer martes debido a medidas de seguridad tomadas por el Poder Judicial ante una manifestación en los alrededores del I Circuito Judicial de San José. Para hoy miércoles no pudo continuar debido a situaciones de agenda de un defensor, que tenía otro debate programado.
Al menos 25 sujetos pretendían negociar una pena reducida, entre ellos Gary Campos Barrantes, uno de los cabecillas de la agrupación acusada de narcotráfico, venta de estupefacientes y delitos contra la vida.
A él se suman unos 20 sospechosos de apellidos Jiménez Bastos, Córdoba Fallas, Mora Agüero, Fallas Ramírez, Mora Ramírez, Delgado Gamboa, Segura Mejías, Solano Miranda, Cubillo Cordero, Rojas Madrigal, Pérez Cordero, Vargas Cascante, Gómez Flores, Conejo Bonilla, Alvarado Flores, Morales Navarro, Morales Ramírez, Pérez Sandoval Rodríguez, Loría Solís y Rodríguez Quesada.
CRHoy conoció, mediante fuentes judiciales, que la condena negociada contra los miembros de la banda "Los Gary/Gery" rondaría entre los seis y ocho años de cárcel por hechos de narcotráfico, previa autorización de los altos mandos del Ministerio Público y un aval de los jueces. Este embrollo ha impedido el comienzo formal del juicio.