Tribunal Ambiental alertó hace una década sobre daños en zona protegida de Puerto Jiménez
Construcciones bajo investigación de la Fiscalía Ambiental en Terrones de Agujas, Puerto Jiménez.
Dese el 2016, el Tribunal Ambiental Administrativo advirtió daños ambientales en un terreno de playa Terrones, en Puerto Jiménez, propiedad de un hombre de apellidos Villalobos Gardela y ordenó un proceso de reparación. Diez años después, la situación continúa bajo investigación.
La Fiscalía ambiental confirmó que existen causas abiertas contra miembros de esa familia, tanto por este caso como por desarrollos cuestionados en el refugio de vida silvestre Preciosa Platanares, también en Puerto Jiménez.
Este medio conversó vía telefónica con uno de los hermanos, quien aseguró que no existe ninguna invasión ni daño ambiental. Añadió que el investigado es su hermano. No obstante, pese a que se le enviaron mensajes desde el viernes de la semana anterior, hasta el momento no ha sido posible obtener una versión oficial directa del señalado.
El informe del Tribunal señaló que durante la visita a una finca, los especialistas detectaron un terreno de aproximadamente 2.000 metros cuadrados sin vegetación, ubicado entre la quebrada Terrones.
Durante la inspección estuvo presente Villalobos Gardela, quien dijo que acababa de adquirir la propiedad.
Los técnicos concluyeron que el área intervenida corresponde a manglar, pese a que presentaba un relleno de material compuesto por arenas y gravas compactadas. En sectores no alterados se identificaron restos de vegetación típica de humedal, como negraforra, viscoyol y raíces de mangle.
Uno de los principales hallazgos fue la existencia de un canal artificial donde se mantenía una embarcación, el cual habría sido dragado y ampliado con maquinaria pesada, provocando la eliminación de cobertura vegetal y la alteración del suelo.
Imágenes satelitales de años anteriores, incluídas en el informe, mostraron que el sitio estaba cubierto de vegetación, lo que reforzó la hipótesis de un cambio ilegal en el uso del suelo, dice el documento.
Además, se detectaron rastros de maquinaria pesada, indicios de quema de materiales, la perforación de un pozo con agua salinizada y la presencia de estructuras precarias dentro del terreno.
El informe determinó que gran parte de la propiedad presentaba características de humedal, lo que implica protección legal. También se constató la invasión de la zona pública y del área de protección de la quebrada Terrones.
Los especialistas concluyeron que en el sitio existía en ese momento un daño ambiental importante y una afectación directa a un ecosistema protegido, considerado patrimonio natural del Estado.
Entre las recomendaciones destacaron la aplicación de medidas cautelares urgentes, el retiro del relleno y la embarcación, el cierre del canal artificial y acciones para permitir la regeneración del manglar.
También se solicitó investigar la situación registral del terreno, posibles concesiones en la zona marítimo terrestre y trasladar el caso al Ministerio Público por la eventual comisión de delitos.
Fiscal Ambiental: "Hay desalojos pendientes"
El fiscal coordinador de la Fiscalía Ambiental, Luis Diego Hernández, confirmó que en la actualidad hay desalojos pendientes en el caso de los terrenos de esta familia. Señalo que, incluso, hay investigaciones en desarrollo no solo por daño ambiental, también por aparentes amenazas que recibieron al menos tres funcionarios del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) que realizaron inspecciones en esas zonas.
"En cuanto al delito ambiental sí vemos un patrón de esta incursión en zonas en ecosistemas frágiles, muchos de ellos son patrimonio natural del Estado porque son manglares en zona marítimo-terrestre, porque son bosques, porque son terrenos que están en áreas silvestres protegidas. Entonces sí, hay una incursión sistemática", explicó el representante del Ministerio Público.
El fiscal cuestionó el discurso que plantea que la protección del ambiente es un aspecto opuesto al desarrollo económico, al señalar que se trata de una visión reduccionista "como si fuera blanco o negro".
Según explicó, ese enfoque termina debilitando el control y la protección ambiental, así como la eficacia de la legislación vigente en esta materia.
Hernández advirtió que algunos grupos han comenzado a apropiarse de ese mismo argumento para justificar sus actuaciones, alegando que se les impide el desarrollo económico o que incluso se les están violentando derechos.
En el caso de la familia Gardela, la situación fue similar. A través de redes sociales se difundieron publicaciones en las que exponían los nombres de un fiscal ambiental —quien, tras recibir amenazas, tuvo que ser trasladado de la zona— y de funcionarios del Sinac, a quienes se señalaba de supuestamente querer afectar el empleo local.
Óscar Beita, uno de los guardaparques que realizó inspecciones en la propiedad, indicó a CR Hoy que "nos quisieron echar al pueblo encima".
Por su parte, el fiscal Hernández advirtió que resulta preocupante el traslado de funcionarios más proactivos del Sinac a otras zonas, ya que —según indicó— son quienes han estado al frente de las acciones para la protección del ambiente.